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En Colombia, se ha desatado un escándalo político tras las acusaciones de que Gustavo Petro, presidente del país, habría utilizado dinero proveniente del narcotráfico para financiar su campaña presidencial. El viernes pasado, dos de sus asesores más cercanos, Laura Sarabia y Armando Benedetti, abandonaron el gobierno justo antes de la divulgación de unos audios que han generado gran controversia.
La revista colombiana Semana hizo públicos los audios el domingo, donde se escuchan graves afirmaciones por parte de Benedetti sobre el financiamiento de la campaña de Petro. Aunque Benedetti posteriormente afirmó que los audios fueron manipulados, sus declaraciones han puesto en duda la integridad del presidente y de Sarabia, exjefa de gabinete del gobierno.
La vicepresidenta Francia Márquez ha sugerido que “la derecha” está detrás de estas acusaciones con el objetivo de mantenerse en el poder, mientras que Petro ha negado cualquier involucramiento en interceptaciones ilegales y ha desmentido la existencia de una cifra de 15.000 millones de pesos relacionada con el financiamiento de su campaña, tal como mencionó el exembajador en Venezuela.
La situación ha generado repercusiones políticas. David Racero, presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, anunció que se congela la discusión de las reformas propuestas por el Gobierno en el Congreso. Además, Petro se enfrenta al desafío de no contar con la presidencia del Senado ni con una coalición sólida, lo que podría complicar las negociaciones de paz con el ELN y otros grupos armados.
Aunque hasta el momento no existen pruebas concretas de financiamiento ilícito, el escándalo ha impactado la coalición política y ha desviado la atención hacia Petro, alejándola de otros temas importantes en el país.
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