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El 60% del litio del mundo se encuentra en América Latina, concentrado primordialmente en Argentina, Chile y Bolivia, mejor conocidos en esta temática como el Triángulo del Litio. Sin embargo, con el nuevo plan del gobierno chileno para explotar tal mineral se ha reabierto el debate respecto a cuál es la mejor forma de gestionarlo.
Según expertos, las inversiones en litio en América Latina deben ser hechas lo antes posible porque existe una “ventana de oportunidad” de solo dos o tres décadas para entrar en un mercado que se ha vuelto esencial en el contexto de la transición global hacia energías menos contaminantes.
Después de Australia, Chile es el segundo mayor productor de litio del mundo. Aquello le da una posición estratégica y ventajosa respecto a otros países que continúan sumándose a la carrera por conseguir los mejores beneficios del actual boom del metal. Entre los países que recién están dando sus primeros pasos en esta carrera, se encuentra México. Por otro lado, Argentina está acelerando la producción a toda velocidad, mientras que Bolivia, después de varios acuerdos comerciales fallidos, intenta ponerse al día.
Uno de los dilemas que enfrentan los gobiernos de la región es cómo asegurar que parte de la riqueza generada por la explotación del recurso se quede en sus países. Si bien nadie quiere quedar atrapado en negociaciones cuyos resultados sean percibidos como desfavorables para el país frente a las grandes mineras, con los costos políticos y económicos que eso puede conllevar. A la vez, para desarrollar una industria del litio que le dé valor agregado al producto y genere otros negocios asociados a la explotación, se requieren inversiones millonarias.
También forma parte de la ecuación un factor clave: quién tiene la tecnología necesaria, los conocimientos y la experiencia para extraer y procesar el litio. Es ahí donde surge la perspectiva de hacer alianzas con el sector privado, ya que los gobiernos por sí solos no tienen las herramientas para asumir los costos.
Empresas privadas en Argentina
En Argentina hay una gran participación del sector privado en la producción de litio a través de compañías que han llegado a acuerdos directamente con los gobiernos locales. Las reservas del metal están concentradas en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta, en la región noroeste.
Existen dos grandes proyectos en operación y cerca de 50 de exploración en esa zona del país. Asimismo, en estos, operan las compañías mineras Livent (Estados Unidos) y Sales de Jujuy (integrada por las empresas Orocobre Limited, Toyota Tsusho Corporation y el gobierno de Jujuy).
En el caso del litio, no se aplican las restricciones que sí existen para las empresas que explotan otros recursos, con el objetivo de promover su desarrollo y el crecimiento económico de las regiones. En ese sentido, los gobiernos locales aspiran a lograr acuerdos para que un porcentaje de la producción de litio sea entregada al sector público, local o federal, con el fin de industrializarlo.
“El supuesto que está detrás de este marco es que, para hacer minería en el país, se necesitan muchas inversiones y la forma de atraer inversiones es dándoles estabilidad a las empresas extranjeras por mucho tiempo”, señala Martín Obaya, director del Centro de Estudios para la Transformación de la Universidad Nacional de San Martín.
El “control total” del Estado en Bolivia
En el otro extremo, está Bolivia. Los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce han insistido en que el mineral debe estar bajo un completo control de Estado.
A fines de enero, la empresa estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) firmó un convenio con el consorcio chino CATL BRUNP & CMOC (CBC), para la instalación de dos complejos industriales en los salares de Uyuni (Potosí) y Coipasa (Oruro).
Para el gobierno ha sido una prioridad que cualquier tipo de asociación con alguna empresa extranjera incluya en el proceso de extracción del litio el uso de la tecnología EDL (Extracción Directa de Litio), la cual está en etapa de experimentación a nivel internacional. Las autoridades le están dando preferencia al uso de esta tecnología para “acelerar la industrialización del litio”, porque permite disminuir el tiempo para la separación entre el litio y otros metales, así como reducir gastos y disminuir el impacto ambiental.
En teoría, el convenio establece un “control absoluto” del Estado, aunque se desconocen los términos específicos del acuerdo, los plazos, las inversiones y cuál sería el papel que jugará el consorcio chino, si no tendrá ninguna participación en el negocio.
El gobierno asegura que Bolivia comenzará a exportar baterías de litio, con materia prima boliviana, en el primer trimestre de 2025.
Un cambio de modelo en Chile
El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció a fines de abril el ‘Plan Estratégico de Explotación del Litio’. Este propone una alianza entre el sector público y el privado para la gestión del mineral en los nuevos proyectos que desarrolle el país. El plan pretende que el país venda el recurso con valor agregado, que el Estado participe en todo el ciclo productivo y que los proyectos tengan un bajo impacto ambiental.
Hasta ahora, la explotación del recurso ha estado en manos de las empresas privadas Soquimich (SQM) y Albemarle. Sin embargo, el nuevo plan apunta a cambiar el modelo de negocio vigente en el país.
“El control lo tendrá el Estado”, dijo el mandatario. “Cualquier privado, ya sea extranjero o local, que quiera explotar litio en Chile deberá asociarse con el Estado”.
Lo que no está definido es cuál será la fórmula específica que tendrán los contratos, ni qué tipo de incentivos existirán para que la inversión sea atractiva para las firmas privadas.
Las dos mineras que están operando en el norte de Chile seguirán bajo los términos de sus contratos hasta que lleguen a su fin, ha dicho el gobierno, aclarando que no se trata de una “nacionalización” del mineral, como algunos interpretaron a raíz del mensaje presidencial.
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