Durante la semana pasada, el Gobierno de Chile anunció que las Fuerzas Armadas (FFAA) iniciaron el despliegue en tres regiones de la macrozona norte del país, precisamente en los límites fronterizos con Bolivia y Perú, con el objetivo de entregar apoyo de control. Esta decisión se toma para lograr hacer frente a la crisis de migración irregular y de seguridad que atraviesa esa área de Chile ya que el número de extranjeros se ha visto duplicado en los últimos cinco años.
Según informaron diversas fuentes, son cientos de personas, en su mayoría familias de origen venezolano, las que a casi 3.700 metros sobre el nivel del mar buscan eludir los escasos controles en la localidad de Colchane a diario, con el objetivo de llegar a Iquique para luego dar el salto hacia la capital chilena de Santiago.
En tanto, la portavoz del gobierno chileno, Camila Vallejo, destacó el pasado lunes la decisión del Ejecutivo de enviar a las Fuerzas Armadas a la frontera, aunque desestimó por ahora la creación de una policía militarizada como han planteado algunos sectores. “Todas estas propuestas que surgen son permanentemente estudiadas y por ahora lo que ha sido más eficiente para poder cumplir con el mandato que la ciudadanía en el norte ha establecido como prioridad en el resguardo de las fronteras, es disponer a las FF.AA.” sostuvo la funcionaria.
Asimismo, la medida del Gobierno chileno está prevista que sea aplicada en aquellas zonas críticas de la frontera norte en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá. Donde en los últimos años, decenas de personas han fallecido intentando ingresar a Chile por rutas clandestinas en el altiplano, una zona inclemente que alcanza altas temperaturas en el día y por las noches desciende bastante.
Medida respaldada por una ley
El pasado 26 de enero pasado, el Congreso chileno aprobó la protección de infraestructura crítica, que incorpora la atribución del presidente de la República para que disponga que las Fuerzas Armadas puedan llevar adelante labores de protección “en caso de peligro grave o inminente”, lo que también incluye el resguardo de zonas fronterizas. Además, a través de que se dicte este decreto con fuerza de ley, se pueden regular las atribuciones y deberes de las Fuerzas Armadas chilenas, el que puede ser renovado por 90 días cuando se evalúe la efectividad.
En este sentido, estiman que el operativo se prolongará por 90 días y los uniformados, de acuerdo con la ley aprobada por el Congreso, podrán realizar tres funciones: controles de identidad, revisión de equipaje en caso de que exista un elemento que indique la comisión de un delito y detención de personas, que serán derivadas a las policías si logran identificar que ingresaron sin papeles de identificación o bien si están cometiendo un ilícito.
En tanto el despliegue militar que se realizará en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, también buscará abordar otras cuestiones de seguridad, ya que se trata de zonas que, además, han presentado un aumento de los delitos asociados al tráfico de personas, de armas y de drogas. Como el caso puntual de Tarapacá, que es considerada como el área de Chile que registró la mayor cantidad de homicidios del país asociados al crimen organizado.
Fuente: El País.
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