Recientemente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública de España aprobó una orden en la cual incorpora a las Islas Malvinas, junto a otros 23 territorios y Estados, dentro de una lista negra de lavado de dinero, evasión y fraude fiscal internacional donde trece de estos territorios son colonias británicas. Este accionar se contempla en el marco de la Ley de lucha contra el fraude con consideración de paraísos fiscales, en función del nuevo concepto internacional de jurisdicción no cooperativa.
Así, el gobierno español actualizó el listado de paraísos fiscales en donde ahora aparecen 24 territorios, frente a los 48 que aparecían hace más de 30 años, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entre estos nuevos actores a tener en cuenta y observar de cerca ahora se añaden las Islas Malvinas, determinadas como territorio que tiene la consideración de jurisdicción no cooperativa, en línea con los trabajos desarrollados en el ámbito internacional, tanto en el marco de la Unión Europea como en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La lista de hace 30 años se fue reduciendo a medida que se han firmado acuerdos específicos o convenios para “evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información”. El objetivo principal es poder combatir eficientemente el fraude fiscal y atender en mayor medida a los criterios de transparencia y equidad fiscal, “identificando aquellos países y territorios caracterizados por facilitar la existencia de sociedades extraterritoriales dirigidas a la atracción de beneficios sin actividad económica real o por la existencia de baja o nula tributación, o bien por su opacidad y falta de transparencia, por la inexistencia con dicho país de normativa en materia de intercambio de información tributaria, por la ausencia de un efectivo intercambio de información con España o por los resultados de las evaluaciones realizadas por el Foro Global sobre la efectividad de los intercambios de información con dichos países y territorios”.
Según los criterios de la nueva orden, en línea con la Ley de lucha contra el fraude, habilitan que se actualice la normativa vigente y lista de países y territorios contemplados como paraísos fiscales, también avalados en el Real Decreto 1080/1991 (donde anteriormente aparecían 48 países). Ahora, la lista está compuesta por: Anguila, Bahréin, Barbados, Bermudas, Dominica, Fiji, Gibraltar, Guam, Guernsey, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Marianas, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos de América, Jersey, Palaos, Samoa, por lo que respecta al régimen fiscal perjudicial (‘offshore business’), Samoa Americana, Seychelles, Trinidad y Tobago y Vanuatu.
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