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Varios países del continente admitieron falencias y vulnerabilidades en sus sistemas de defensa cibernéticas en los Ministerios de Defensa y Seguridad, lo que pone en alerta todas las agencias de la región con respecto a la actividad de grupos de hackers que filtran información confidencial de los Estados.
El presidente de México confirmó el viernes que un grupo de piratas informáticos se apoderó de las comunicaciones electrónicas de organismos militares y policiales de varios países latinoamericanos.
El reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador se produce después de que el gobierno de Chile dijera la semana pasada que se habían sustraído correos electrónicos de su Estado Mayor Conjunto.
El presidente mexicano habló en su conferencia de prensa diaria después de que los medios de comunicación locales informaran de que el hackeo reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre un problema de salud que tuvo en enero.
López Obrador restó importancia al hackeo, diciendo que “no hay nada que no se sepa”. Dijo que la intrusión aparentemente ocurrió durante un cambio de sistemas del Departamento de Defensa.
Los 10 terabytes de datos tomados por el grupo también incluyen correos electrónicos de los ejércitos de El Salvador, Perú y Colombia, así como de la Policía Nacional de El Salvador. La parte de los datos de México parece ser la más grande.
Guacamaya
Un grupo de anónimos, autodenominados guerreros de la justicia social, que se llaman a sí mismos Guacamaya, dicen que utilizan la piratería informática para exponer la injusticia y la corrupción en defensa de los pueblos indígenas. Los piratas informáticos que utilizan el mismo nombre ya hackearon y publicaron los correos electrónicos de una empresa minera acusada durante mucho tiempo de abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente en Guatemala.
En un comunicado que acompañaba a la acción más reciente, el grupo se quejaba del saqueo de América Latina, a la que se refiere como Abya Yala, por parte de los colonizadores y de los continuos objetivos extractivistas del “Norte Global.”
El grupo emitió un comunicado de 1.400 palabras en el que afirma que los militares y la policía de los países latinoamericanos, a menudo con un amplio entrenamiento por parte de Estados Unidos, son utilizados por los gobiernos “para mantener prisioneros a sus habitantes”.
“La policía minimiza el riesgo de que el pueblo ejerza su honorable derecho a la protesta, para destruir el sistema que lo oprime”, escribió el grupo.
El grupo dijo que pondría los documentos a disposición de los periodistas, pero hasta ahora sólo se ha informado de una mínima parte, en parte, quizás, por la gran cantidad de datos.
El grupo expuso que había pruebas de que los militares seguían de cerca los movimientos políticos y sociales.
Dijeron que estos incluyen a los familiares de los 43 estudiantes que fueron secuestrados por la policía local y supuestamente entregados para ser asesinados por una banda de narcotraficantes en 2014 -un caso en el que algunos oficiales militares han sido acusados de estar involucrados-, así como el movimiento rebelde zapatista que protagonizó un levantamiento en 1994 en el sur de México y los grupos que se oponen al actual esfuerzo de López Obrador para construir un tren turístico alrededor de la Península de Yucatán.
En lugar de buscar un beneficio monetario o un rescate por comprometer los sistemas de información del gobierno a través de un ciberataque, Guacamaya parece ser más una operación de “hacking y filtración” con objetivos de justicia social.
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