La Asamblea Constituyente de Chile ha comenzado a debatir formalmente las propuestas de una nueva Constitución, que sustituirá a la que data de la dictadura de Augusto Pinochet.
La sesión comenzó el martes un largo proceso en el que se debatirá la nacionalización de la minería, la creación de un Congreso unicameral, el derecho al agua y la protección de los territorios indígenas, entre otros temas.
“En este periodo vamos a ver qué es lo que realmente va a quedar en el proyecto de Constitución”, dijo la presidenta de la Asamblea Constituyente, María Elisa Quinteros, señalando que el texto se enfrentará a un referéndum nacional previsto para septiembre.
Los debates se producen en un momento en que Gabriel Boric, se dispone a asumir el cargo de próximo presidente de Chile en marzo.
En la lista de debates figuran los derechos de agua y propiedad, la independencia del banco central y las prácticas laborales. Otros temas son los derechos de los animales, la educación feminista, la protección del mundo natural y la legalización del cannabis.
Las propuestas se debatirán en los próximos meses y necesitarán la aprobación de dos tercios de los delegados, unos 103 votos.
Si se aprueban se enfrentarían a un proceso de modificaciones antes de una segunda votación definitiva para ser incluidas en el texto final. Si se rechazan, volverían a la comisión para ser revisados o descartados.
La posibilidad de que se produzcan cambios bruscos en el país ha provocado cierta alarma entre los conservadores, al tiempo que ha despertado el nerviosismo entre los inversores y las empresas mineras.
Quinteros trató de disipar los temores, diciendo que había habido mucha “desinformación” en torno al proceso y que las mociones estaban en una fase inicial.
Pero esas preocupaciones han hecho que el proceso pierda algo de apoyo, con una encuesta de la encuestadora privada Cadem que mostró que el porcentaje de personas que actualmente dicen tener la intención de votar para aprobar la nueva Constitución había caído de 56 a 47 por ciento.
El órgano constitucional, elegido el año pasado, está dominado por representantes independientes y de izquierda, algunos con raíces en un movimiento de protesta de 2019 que estalló por la desigualdad en uno de los países más ricos de la región.
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