Recientemente, la Corte Penal Internacional (CPI) acusó al líder militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, de cometer crímenes de lesa humanidad por supervisar una represión contra manifestantes y activistas opositores al golpe que dejó cientos de fallecidos.
Según la CPI, Min Aung es “criminalmente responsable” por el accionar de las fuerzas de seguridad, ya que están bajo su mando y así cometen “crímenes atroces masivos”.
Otro organismo, el Myanmar Accountability Project (MAP), también puntualizó en esta cuestión e instó al tribunal de La Haya a abrir una investigación criminal sobre el “uso generalizado y sistemático de la tortura como parte de la violenta represión contra el movimiento de protesta” en el país.
El MAP declaró que son múltiples las pruebas de violencia que se han reunido, demostrando el uso de la tortura en Myanmar como algo “generalizado, sistemático” y como “resultado de políticas estatales”.
En su comunicado, MAP afirmaba que “esto claramente cumple con el umbral de los crímenes de lesa humanidad” y que su presentación a la CPI “establece un caso poderoso de responsabilidad penal por estos crímenes que llega hasta el propio Min Aung Hlaing”.
Además, sus acusaciones no son infundadas: han sido respaldadas por hallazgos preliminares del Mecanismo de Investigación Independiente de la ONU para Myanmar (IIMM), que recopiló más de 219.000 elementos de información.
Declaraciones a nivel mundial sobre la situación en Myanmar
Son múltiples los organismos que repudian y denuncian la respuesta militar hacia las manifestaciones, por ser demasiado violenta. Además, aluden que también ha llevado a que los manifestantes comiencen a armarse .
Según el director del MAP, Chris Gunness, “el líder del golpe ilegal es criminalmente responsable de que las fuerzas de seguridad bajo su mando cometan crímenes atroces masivos” y añadió que “las perspectivas de una condena son buenas”.
Desde que inició el golpe en febrero de este año, al menos 1305 personas han muerto producto de la represión militar. Según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP), aproximadamente 10.756 personas han sido detenidas.
El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, también emitió declaraciones al respecto. El pasado miércoles acusó a las fuerzas de seguridad de disparar a los aldeanos y niños en la región noroeste de Sagaing, y quemarlos vivos en represalia por los ataques contra el ejército.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, comentó sobre la situación el pasado jueves, afirmando que Estados Unidos está “indignado” por los informes “creíbles y repugnantes” de este reciente incidente, aunque remarcó que no es la primera vez que ve informes de este tipo.
“El uso generalizado de la violencia horrible y brutal por parte de las fuerzas armadas nos subraya la urgencia de poner fin a la cultura de impunidad de las fuerzas armadas birmanas responsabilizando a los agentes militares y restaurando el camino de Birmania hacia una democracia inclusiva”, afirmó Price.
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