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El Gobierno del Reino Unido evitó precisar qué nivel de amenaza representan las instalaciones de China y Rusia en la Antártida para sus intereses en el Atlántico Sur y su presencia científica en el continente. En una respuesta parlamentaria publicada el 12 de octubre de 2026, el Ministerio de Defensa afirmó que supervisa continuamente el entorno de seguridad internacional y mantiene bajo revisión las posibles amenazas a los intereses, el personal y las instalaciones británicas. Sin embargo, no expuso una evaluación específica sobre los riesgos planteados por las estaciones de investigación de ambos países.
En este sentido, la respuesta llegó después de una pregunta presentada el 14 de septiembre por Ben Obese-Jecty, diputado conservador por Huntingdon, quien pidió al secretario de Estado de Defensa que detallara la evaluación realizada sobre las instalaciones rusas y chinas en la Antártida. La consulta distinguía dos posibles ámbitos de preocupación: las islas británicas del Atlántico Sur y la presencia de investigación del Reino Unido en el continente.
La subsecretaria parlamentaria de Defensa, Louise Sandher-Jones, respondió que el seguimiento gubernamental incluye la región antártica, donde Londres reconoce la existencia de estaciones científicas rusas y chinas. La contestación no aclaró si el Ministerio considera que esas instalaciones representan un riesgo concreto, qué capacidades podrían generar preocupación ni si existen diferencias entre las evaluaciones correspondientes a Rusia y China.
Una respuesta sin evaluación específica por parte de Reino Unido
La brevedad de la contestación contrasta con el alcance de la pregunta parlamentaria. Obese-Jecty solicitó una valoración del nivel de amenaza, pero el Ministerio se limitó a describir su mecanismo general de vigilancia de la seguridad internacional. No mencionó posibles actividades de inteligencia, capacidades de vigilancia, infraestructura de uso dual ni escenarios operativos que pudieran afectar a los intereses británicos.
El asunto tiene relevancia para la planificación británica porque el Reino Unido mantiene intereses territoriales, científicos y logísticos en la región polar. Su presencia antártica depende principalmente del British Antarctic Survey (BAS), que opera tres estaciones científicas en el Territorio Antártico Británico, además de instalaciones logísticas y actividades de investigación. La Royal Navy también despliega un buque de patrulla polar durante el verano austral.
La Antártida en la competencia estratégica de las principales potencias como Rusia y China
Esta cuestión se inscribe en un escenario de creciente interés internacional por la Antártida, donde las actividades científicas conviven con intereses estratégicos y disputas territoriales históricas. En su Estrategia Antártica hasta 2035, publicada en diciembre de 2025, el Gobierno británico señaló que algunos países buscan ampliar su influencia regional mediante una mayor presencia. El documento plantea la necesidad de mantener la vigilancia para garantizar que las nuevas infraestructuras y actividades sean compatibles con el Tratado Antártico.
La estrategia británica establece cuatro prioridades: gobernanza e intereses soberanos, ciencia, protección ambiental y uso pacífico y legal del continente. Londres también prevé mantener una presencia científica activa y continuar con las patrullas navales anuales para respaldar sus responsabilidades en la región y sus intereses territoriales.
El Tratado Antártico, vigente desde 1961, establece que el continente debe utilizarse con fines pacíficos y promueve la cooperación científica. Además, su artículo IV mantiene en suspenso las disputas relativas a las reclamaciones de soberanía territorial, incluidas las superpuestas que involucran al Reino Unido, Argentina y Chile en la región antártica.
La pregunta de Obese-Jecty buscaba conocer cómo evalúa Londres el riesgo para sus posiciones en el Atlántico Sur y para su presencia científica antártica. La respuesta confirmó que el Ministerio de Defensa vigila el entorno regional, pero dejó sin aclarar la valoración concreta solicitada. Por ahora, el registro público no permite determinar qué instalaciones preocupan a Londres, qué capacidades considera relevantes ni si ha identificado escenarios específicos de amenaza.
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