La Cancillería argentina respondió este jueves al rechazo británico al arbitraje iniciado por Buenos Aires por el proyecto petrolero Sea Lion y defendió la decisión de llevar la controversia al mecanismo previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). “Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal”, sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores después de que Londres afirmara que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas alrededor de las Islas Malvinas se realizan de acuerdo con el derecho internacional.

El comunicado argentino constituye la respuesta directa a la declaración difundida el miércoles por la subsecretaria parlamentaria británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien calificó el arbitraje como el “último intento” argentino de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las islas y afirmó que la iniciativa plantea interrogantes sobre la “fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”.
Buenos Aires rechazó ambas acusaciones y sostuvo que recurrir a un tribunal internacional constituye precisamente un mecanismo de solución pacífica entre Estados. También recordó que Argentina y Reino Unido son partes de la CONVEMAR y afirmó que ambos aceptaron los procedimientos de solución de controversias contemplados en su Parte XV.
Argentina desafía a Londres a defender su posición ante el arbitraje
El nuevo cruce comenzó el 28 de septiembre, cuando Javier Milei ordenó iniciar contra Reino Unido el procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR para intentar impedir el avance de Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Escenario Mundial informó entonces que Argentina intimó a Londres a adoptar medidas dentro de dos semanas. Si ese requerimiento no es atendido, el Gobierno anticipó que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar mientras avanza la conformación del tribunal arbitral.
Reino Unido respondió el miércoles defendiendo las licencias otorgadas para la explotación hidrocarburífera. Kumaran sostuvo que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales y afirmó que esas actividades se realizan “en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la CONVEMAR”.
Cancillería utilizó ahora esa misma afirmación para contestar a Londres. Según el comunicado argentino, si Reino Unido considera que su actuación se ajusta a la Convención, tendrá oportunidad de defender esa posición ante árbitros independientes. Buenos Aires señaló que confía tanto en el tribunal arbitral como en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y sostuvo que serán las instancias jurídicas correspondientes las que deberán pronunciarse sobre las posiciones presentadas por las partes.

El Gobierno argentino también rechazó que la utilización de ese procedimiento pueda caracterizarse como un intento de “socavar” derechos y afirmó que acudir a mecanismos internacionales constituye una forma de resolver diferencias entre Estados mediante el derecho y no mediante decisiones unilaterales.
Cancillería responde al cuestionamiento sobre la “confiabilidad” argentina
La respuesta también apunta directamente a uno de los pasajes más duros del comunicado británico. Kumaran había afirmado que las acciones argentinas para obstaculizar lo que Londres considera una actividad económica legítima no representan una conducta internacional responsable y sostuvo que ese comportamiento genera interrogantes sobre la “fiabilidad” de Argentina como socio británico.
Cancillería rechazó esa interpretación y sostuvo que “la confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos”, antes de recordar que Argentina está recurriendo a un mecanismo contemplado por una convención internacional de la que ambos países forman parte.
“Cabe preguntarse qué conducta refleja mejor un compromiso internacional responsable: recurrir a un tribunal internacional o desacreditar un mecanismo al que ambos Estados están obligados”, planteó el comunicado argentino. La controversia jurídica se suma así a una serie de intercambios cada vez más centrados en Sea Lion. El 30 de septiembre, Escenario Mundial informó la respuesta de Kumaran al arbitraje argentino, mientras un día antes había detallado qué implica el procedimiento iniciado bajo el Anexo VII de la CONVEMAR.
Sea Lion es desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Argentina considera que el proyecto avanza sobre espacios marítimos comprendidos dentro de la disputa de soberanía y sin autorización nacional, mientras Reino Unido sostiene que las licencias fueron otorgadas legítimamente por la administración de las islas.
Malvinas y la autodeterminación vuelven al centro del cruce
La Cancillería también rechazó el argumento británico basado en el principio de libre determinación. Londres sostiene que los habitantes de las islas eligieron democráticamente permanecer bajo soberanía británica y vincula ese principio con su derecho a desarrollar y administrar los recursos naturales del archipiélago. Esa posición volvió a ser expuesta por Kumaran en su respuesta del miércoles.
Argentina mantiene una interpretación diferente. En el nuevo comunicado, Cancillería sostuvo que Naciones Unidas no ha aplicado el principio de libre determinación a los actuales habitantes de las islas y volvió a remitirse a las Resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General. La primera reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a avanzar mediante negociaciones, mientras que la Resolución 31/49 instó a evitar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe pendiente una solución.
Para Buenos Aires, el desarrollo unilateral de hidrocarburos constituye una de esas modificaciones. Reino Unido rechaza esa lectura y sostiene que la explotación de los recursos forma parte de los derechos económicos de la población de las islas. El intercambio deja ahora planteadas dos posiciones directamente enfrentadas dentro de un procedimiento que Argentina decidió trasladar al plano jurídico internacional.
Londres sostiene que Sea Lion cumple con la CONVEMAR y que el arbitraje argentino busca interferir con los derechos de los habitantes de las islas. Buenos Aires responde que precisamente por tratarse de dos Estados parte de la Convención, esas diferencias deben ser discutidas ante los mecanismos internacionales previstos por ella.Y cerró manteniendo abierta una vía paralela: además de continuar con el procedimiento jurídico, Argentina reiteró su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
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