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El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur repudió la operación del petrolero VS Promise en el Puerto de Ushuaia y exigió al Gobierno nacional que explique bajo qué criterios autorizó el ingreso de una embarcación registrada bajo pabellón británico. La controversia se produce mientras la terminal continúa intervenida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), situación que la Provincia vinculó directamente con la cuestión Malvinas y con el carácter estratégico del principal puerto argentino de acceso hacia la Antártida.
En un comunicado difundido el 24 de agosto, el Ejecutivo provincial calificó como “inadmisible” que un buque vinculado con el Reino Unido opere desde la capital fueguina mientras Londres mantiene el control de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, territorios cuya soberanía reclama Argentina. Fuentes oficiales consultadas por EFE confirmaron que la embarcación involucrada es el VS Promise, dedicado al transporte de petróleo.
La Provincia dirigió especialmente sus cuestionamientos hacia la administración nacional del puerto. La ANPyN intervino la terminal el 20 de enero de 2026 y desplazó temporalmente a las autoridades provinciales de su administración. Tierra del Fuego judicializó posteriormente la medida y continúa reclamando la restitución del control portuario.
El VS Promise es un petrolero de 228 metros que ya había operado en Río Cullen
El buque que originó el reclamo es el VS Promise, IMO 9351438, construido en 2007 y destinado al transporte de crudo y productos petroleros.
Los registros marítimos consultados identifican al buque con 228,6 metros de eslora, 32 metros de manga, unas 42.000 toneladas de arqueo bruto y cerca de 70.000 toneladas de porte bruto. El sistema AIS lo identifica bajo bandera del Reino Unido, mientras que los datos maestros del buque registran su pabellón en la Isla de Man, dependencia de la Corona británica.
Su llegada a Ushuaia tampoco fue la primera operación reciente del petrolero en Tierra del Fuego.
Registros de navegación reconstruidos por medios fueguinos indican que el VS Promise había salido de Los Ángeles el 6 de julio y posteriormente operó en Río Cullen, en el norte de la Isla Grande, antes de continuar hacia el Puerto de Ushuaia. El buque habría permanecido allí entre el 12 y el 13 de agosto.
Río Cullen forma parte de la infraestructura utilizada para operaciones vinculadas con la producción de hidrocarburos de la Cuenca Austral, por lo que el movimiento del petrolero hacia Ushuaia se produjo después de una actividad comercial previa dentro de la propia provincia.
Tierra del Fuego cuestionó la contradicción con los argumentos utilizados para intervenir el puerto
El principal punto político del comunicado fue dirigido hacia las razones que Nación había utilizado para intervenir la terminal.
Según el Gobierno fueguino, el Ejecutivo nacional había justificado su intervención mencionando, entre otros elementos, la importancia estratégica del Puerto de Ushuaia y la necesidad de proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
La Provincia sostuvo ahora que permitir la operación de un buque de pabellón británico genera una contradicción con ese argumento.
“Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular”, señaló el comunicado provincial.
La resolución nacional que dispuso la intervención estableció originalmente un plazo de 12 meses y facultó a la ANPyN a asumir la administración ante las irregularidades que el organismo afirmó haber detectado en la gestión, infraestructura y funcionamiento de la terminal. La Provincia rechaza esos fundamentos y cuestiona judicialmente la legalidad del procedimiento.
Qué establece la Ley provincial 852 sobre los buques británicos
La controversia también volvió a poner sobre la mesa la Ley provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero y sancionada por Tierra del Fuego en 2011.
La norma reafirma el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y establece restricciones para la permanencia, amarre, abastecimiento u operaciones logísticas de determinados buques de bandera británica o de conveniencia.
Sin embargo, el alcance de la ley requiere una precisión.
Su artículo segundo no establece una prohibición genérica contra cualquier embarcación británica. La restricción alcanza específicamente a aquellas vinculadas con tareas de exploración o explotación de recursos naturales o actividades militares relacionadas con la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina.
Por el momento, la información pública disponible vincula al VS Promise con operaciones petroleras en Río Cullen y la Cuenca Austral, pero no acredita que el buque haya participado de actividades hidrocarburíferas alrededor de las Islas Malvinas.
El Gobierno provincial, en el comunicado difundido el lunes, centró su reclamo principalmente en la decisión política y estratégica de permitir su operación en Ushuaia, antes que en anunciar formalmente una infracción específica a la Ley 852.
La Provincia exigió explicaciones a Nación y reclamó recuperar la administración del puerto
A partir del episodio, Tierra del Fuego reclamó al Gobierno nacional que informe públicamente “bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos” se autorizó la operación del petrolero.
Al mismo tiempo, volvió a exigir el cese de la intervención de la ANPyN y la restitución de la administración de la terminal a la Provincia.
El planteo fue vinculado directamente con la ubicación estratégica de Ushuaia. El Gobierno fueguino recordó que el puerto funciona simultáneamente como infraestructura para el tráfico marítimo del extremo austral, centro logístico hacia la Antártida y punto de apoyo sobre un espacio conectado con el Atlántico Sur.
Esa condición viene adquiriendo mayor importancia por el crecimiento de la actividad antártica internacional, el tráfico de cruceros, las operaciones logísticas y los distintos proyectos nacionales destinados a fortalecer la presencia argentina en el extremo sur.
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