¿Por qué añadirnos? Recibe lo último de Escenario Mundial en tu feed de Google.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP
Únete a nuestro canal oficial de WhatsApp y recibe las noticias al instante.
Estados Unidos busca ampliar hacia tierra su campaña militar contra los carteles y organizaciones criminales de América Latina después de más de un año de ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. La administración de Donald Trump está negociando con gobiernos de la región mecanismos que permitirían a fuerzas estadounidenses participar en operaciones militares conjuntas dentro de sus territorios, con Colombia y Ecuador como los casos más avanzados, Honduras dentro de las conversaciones y Guatemala rechazando públicamente haber autorizado una operación de esas características.
El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anticipó durante su visita a Panamá que Washington pretende trasladar a tierra la lógica aplicada durante los ataques contra supuestas embarcaciones narcotraficantes. Frente a tropas que participaban de ejercicios en la selva panameña, el funcionario señaló que Estados Unidos trabaja con Ecuador, Colombia y otros socios para llevar el combate contra las organizaciones designadas como terroristas directamente al territorio donde operan.
El movimiento supone una expansión significativa respecto de la campaña iniciada en 2025. Según el balance recopilado por AP, las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron más de 60 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental y mataron a más de 200 personas que Washington vinculó con organizaciones narcotraficantes. La administración estadounidense sostiene que se trata de operaciones contra grupos que amenazan directamente la seguridad nacional, aunque la evidencia pública sobre algunos de los blancos y la base jurídica utilizada para los ataques generaron cuestionamientos.
Colombia aparece como uno de los principales socios para llevar las operaciones a tierra
La transformación resulta especialmente visible en Colombia. Hegseth afirmó que el nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella solicitó una participación militar estadounidense más amplia y abrió la posibilidad de realizar operaciones conjuntas contra organizaciones armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El secretario llegó a equiparar a los grupos dedicados al narcotráfico con organizaciones como ISIS o Al Qaeda a la hora de definir potenciales objetivos estadounidenses.
Escenario Mundial informó este domingo que Colombia había autorizado a Estados Unidos a avanzar con operativos militares conjuntos contra organizaciones consideradas terroristas. El movimiento se produce apenas días después de la asunción de De La Espriella y constituye una de las primeras manifestaciones concretas de su rápido acercamiento político y de seguridad con Washington.
El vínculo también quedó institucionalizado dentro de la Americas Counter Cartel Coalition (A3C). El Comando Sur confirmó que Colombia se convirtió en el miembro número 19 de la coalición y señaló que Bogotá incluso ofreció convertirse en una sede o centro regional de la iniciativa. Hegseth destacó además las décadas de entrenamiento conjunto entre las Fuerzas Armadas colombianas y estadounidenses como una de las bases para profundizar esa cooperación.
Ecuador ya permite operaciones militares conjuntas con Estados Unidos
Ecuador constituye hasta ahora el ejemplo más concreto de la nueva estrategia. Según AP, fuerzas estadounidenses y ecuatorianas comenzaron en marzo operaciones conjuntas sobre el terreno contra organizaciones criminales. Washington busca utilizar esa experiencia como referencia para acuerdos semejantes con otros países de la región.
La experiencia ecuatoriana muestra también algunos de los riesgos de trasladar a tierra una campaña basada hasta ahora principalmente en ataques marítimos. AP recordó que una investigación de The New York Times determinó que uno de los objetivos atacados en marzo, presentado inicialmente como un laboratorio de drogas, era en realidad una explotación ganadera. El episodio alimentó las advertencias sobre identificación de blancos, víctimas civiles y responsabilidades jurídicas cuando las operaciones militares estadounidenses se desarrollan dentro del territorio de otro Estado.
Honduras también fue mencionado por Hegseth entre los países que habrían aceptado operaciones conjuntas, aunque el gobierno hondureño no respondió a las consultas de AP para precisar qué tipo de presencia estadounidense estaría dispuesto a permitir, bajo qué mando y con qué reglas de enfrentamiento. Esas definiciones serán centrales para distinguir entre entrenamiento, acompañamiento operacional, inteligencia y una participación estadounidense directa en ataques.
Guatemala contradice a Washington y niega haber autorizado operaciones militares
La afirmación estadounidense ya encontró, sin embargo, un límite político. Hegseth incluyó a Guatemala entre los países que habrían acordado permitir operaciones conjuntas, pero el presidente Bernardo Arévalo negó posteriormente que exista tal acuerdo.
Según el mandatario guatemalteco, una operación militar extranjera de ese tipo requeriría autorización del Congreso y no podría ser habilitada unilateralmente por el Poder Ejecutivo. Guatemala mantiene una estrecha cooperación con Estados Unidos en seguridad, pero el rechazo expone las dificultades que Washington puede encontrar incluso entre gobiernos dispuestos a colaborar contra el narcotráfico.
México representa otro límite todavía más marcado. El gobierno mexicano mantiene cooperación con Washington en inteligencia, extradiciones y operaciones de seguridad, pero ha rechazado reiteradamente una participación directa de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra los carteles en territorio nacional.
Washington prepara un plan regional para atacar las redes de los carteles
La ampliación terrestre forma parte de una arquitectura mayor. Durante el encuentro de la A3C en Panamá, representantes de 19 países comenzaron a definir un plan regional de campaña contra redes criminales. El Comando Sur informó que el documento deberá quedar elaborado y aprobado antes de noviembre, con países responsables de distintas subregiones, grupos de trabajo, objetivos y mecanismos para evaluar las operaciones.
Hegseth fue explícito al pedir a los integrantes de la coalición capacidad para “find, fix and finish” objetivos narcoterroristas, la misma terminología utilizada históricamente por las Fuerzas Armadas estadounidenses para describir el proceso de localizar, identificar y neutralizar blancos militares. El general Francis Donovan, comandante del SOUTHCOM, sostuvo que algunos países ya se ofrecieron para asumir responsabilidades regionales específicas.
Escenario Mundial ya había analizado la consolidación de esta nueva coalición durante la visita de Hegseth a Panamá, realizada simultáneamente con PANAMAX 2026 y con un creciente énfasis estadounidense en interoperabilidad, fuerzas especiales y entrenamiento regional.
El cambio adquiere una dimensión estratégica porque la administración Trump está dejando de tratar al narcotráfico regional exclusivamente como un problema policial y de inteligencia para incorporarlo cada vez más al ámbito militar. El propio SOUTHCOM afirma ahora que una de sus cuatro prioridades es imponer una “fricción sistémica total” sobre carteles y organizaciones terroristas, mientras Hegseth aseguró que el comando está siendo reorganizado alrededor de capacidades militares destinadas a enfrentar amenazas concretas dentro del hemisferio.
La pregunta que abre esta nueva fase ya no es solamente si Estados Unidos continuará atacando embarcaciones vinculadas al narcotráfico, sino hasta qué punto los gobiernos latinoamericanos permitirán que fuerzas estadounidenses localicen y ataquen objetivos directamente dentro de sus territorios. Ecuador ya avanzó por ese camino y Colombia se perfila como el siguiente caso de mayor escala; Guatemala acaba de mostrar, al mismo tiempo, que la expansión encontrará límites políticos, legales y vinculados con la soberanía incluso entre países que cooperan estrechamente con Washington.
Te puede interesar: Pete Hegseth viaja a Panamá para impulsar la coalición regional contra los carteles y observar PANAMAX 2026
