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El pasado 11 de julio, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró (hora local) el cierre indefinido del estrecho de Ormuz. En respuesta, el presidente de los Estados Unidos, anunció el restablecimiento del bloqueo sobre los barcos iraníes y exigió un reembolso del 20% de todo el cargamento transportado. Frente a ello, las autoridades iraníes rechazaron las declaraciones de Trump y las calificaron de provocación. En este contexto, las tensiones entre Irán y EEUU han aumentado significativamente y avizoran un pronóstico poco prometedor respecto al fin del conflicto entre ambos.
El bloqueo apunta exclusivamente a buques y clientes iraníes, impidiendo su tránsito, mientras el resto de los países podrá seguir navegando. Trump argumentó estas medidas alrededor de los costes de “seguridad” generados en la zona. En efecto, estas acciones responden a una escalada bélica previa. En esta misma declaración, el líder republicano se declaró “guardián del estrecho de Ormuz”. En Fox News había dicho: “Nos vamos a quedar en el estrecho y probablemente lo gestionaremos”. A partir de ese discurso, se atribuye la condición de guardián y justifica la necesidad de imponer una retribución por parte de quienes transitan el estrecho. No obstante, el gobierno estadounidense no precisó el mecanismo de implementación que se seguirá para hacer efectiva la medida impuesta.
Estas medidas resuenan dentro del análisis internacional por su gran contradicción con las posturas que el presidente de Estados Unidos ha sostenido. Precisamente, parte del discurso de Trump y su administración se ha regido por tachar de ilegal el cobro de peaje por parte de Irán. Esta postura se ha sostenido en el Derecho Internacional, el cual prohíbe cobrar tasas por el tránsito en estrechos internacionales. Esto sin duda no es un hecho aislado, sino que consolida un patrón en la política exterior de EEUU relacionada con cómo las normas que se invocan como principios universales solo hasta que dejan de convenir a los intereses de Washington.
Sin duda, estas decisiones se pueden asociar a la escalada bélica que ambas partes iniciaron los días previos a estas declaraciones. Durante la segunda semana de julio, la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) atacó el M/V GFS Galaxy, un portacontenedores de bandera chipriota. En respuesta, la CENTCOM bombardeó 140 objetivos en Irán, incluyendo instalaciones de misiles y drones, capacidades navales, centros de almacenamiento de municiones, redes de comunicación y puestos de vigilancia costera. En efecto, se cerró ya una tercera ronda de ataque. De esta forma, se rompió la pequeña tregua construida entre ambos gobiernos, lo cual frena los avances del memorando de entendimiento.
En este contexto, los actores regionales quedarían expuestos al cobro de tarifas por el tránsito por el estrecho. Uno de los países más afectados sería Omán, que se ha posicionado como mediador del lado de Irán y emite decisiones que cuestionan la línea de acción de Washington. No obstante, los aliados de Estados Unidos también tendrían que seguir esta medida. En ese sentido, muchos países del Golfo —como Arabia Saudita (uno de los principales aliados de la potencia occidental)— no quedarían exentos de este ida y vuelta en las decisiones. De esta manera, el escenario de las tensiones en el golfo resulta fragmentando las relaciones construidas en la línea de acción occidental.
Por otro lado, estas decisiones tienen una dimensión geoeconómica que sigue siendo uno de los ejes más preocupantes del conflicto en Irán. Por el estrecho de Ormuz pasa cerca de un tercio del petróleo transportado por mar a nivel mundial. Precisamente, este nuevo cierre ha hecho que el Brent se dispare cerca de un 6%, alcanzando el valor de 80 dólares. Así, existe un riesgo real de inflación global respecto a costos energéticos que llega a afectar costos de mercancías y otro tipo de mercados comerciales. En consecuencia, la disputa no es solo político-militar, sino que se configura como un intento de rediseñar quién controla una arteria energética global.
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