La Unión Europea recibió por primera vez en Bruselas a una delegación oficial del gobierno talibán de Afganistán desde que el movimiento retomó el poder en agosto de 2021. El encuentro pretende fortalecer la cooperación para facilitar el retorno de ciudadanos afganos en situación migratoria irregular y significa el primer contacto de instituciones europeas con representantes del régimen. Aunque la Comisión Europea insistió en que la reunión no implica el reconocimiento político del gobierno talibán, la decisión abrió un nuevo capítulo en la relación entre ambas partes y provocó cuestionamientos de organismos internacionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En concreto, el encuentro es la continuidad de una serie de contactos mantenidos en los últimos meses. Antes de la reunión en Bruselas, funcionarios europeos y representantes talibanes ya habían celebrado conversaciones en Kabul a comienzos de 2026. La cita en Bélgica buscó profundizar esos intercambios con un objetivo concreto: mejorar los mecanismos administrativos que permitan ejecutar las órdenes de retorno emitidas por distintos Estados miembros contra ciudadanos afganos que permanecen de manera irregular dentro del bloque.
El diálogo que abrió un nuevo canal entre Bruselas y Kabul
Puntualmente, las conversaciones se concentraron en tres cuestiones principales. En primer lugar, ambas partes analizaron mecanismos para verificar la identidad y la nacionalidad de ciudadanos afganos sujetos a procesos de expulsión. En segundo término, abordaron procedimientos destinados a agilizar la emisión de pasaportes, salvoconductos y otra documentación necesaria para concretar vuelos de repatriación. Finalmente, discutieron criterios operativos para la devolución forzada de migrantes irregulares, con especial atención a personas condenadas por delitos graves o consideradas una amenaza para la seguridad pública dentro de la Unión Europea.
La iniciativa comenzó a gestarse en octubre de 2025, cuando alrededor de veinte países europeos solicitaron a la Comisión Europea acelerar las gestiones para reanudar las deportaciones de ciudadanos afganos sin autorización de residencia. En una carta dirigida al comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, los gobiernos firmantes sostuvieron que enfrentaban un problema común: la imposibilidad práctica de ejecutar las órdenes de expulsión debido a la falta de mecanismos de cooperación con las autoridades que actualmente ejercen el control efectivo sobre Afganistán.
Para posibilitar la reunión, Bélgica concedió visados de un solo día válidos exclusivamente dentro de su territorio. Los integrantes de la delegación talibán no recibieron autorización para desplazarse por el espacio europeo y la fecha exacta de la visita no fue comunicada públicamente por razones de seguridad. Además, las autoridades belgas informaron que los organismos de inteligencia evaluaron previamente a los visitantes y concluyeron que ninguno representaba un riesgo para la seguridad nacional.
La cuestión migratoria como eje de la reunión
En este contexto, la cuestión migratoria constituye el principal fundamento de este acercamiento. Entre 2013 y 2024, los países de la Unión Europea recibieron aproximadamente un millón de solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos afganos, de las cuales cerca de la mitad fueron aprobadas. Sin embargo, durante 2024 apenas el 2% de las órdenes de retorno emitidas contra ciudadanos afganos llegaron a ejecutarse. Esa brecha entre las decisiones administrativas y su aplicación efectiva es el principal argumento utilizado por varios gobiernos europeos para justificar la necesidad de establecer mecanismos de cooperación con las actuales autoridades afganas.
La decisión europea generó una inmediata reacción de organismos internacionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, junto con Amnistía Internacional y Human Rights Watch, solicitaron a Bruselas abandonar cualquier iniciativa destinada a facilitar deportaciones hacia Afganistán. Las organizaciones sostienen que el país no ofrece condiciones suficientes para garantizar retornos seguros y consideran que este tipo de contactos puede contribuir a otorgar legitimidad internacional al régimen talibán, pese a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos.
Derechos fundamentales y una situación cada vez mas alarmante
En la misma línea, el relator especial de Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, calificó los planes europeos como “sumamente preocupantes” y recordó que las devoluciones forzosas vulneran el principio internacional de no devolución, que prohíbe expulsar personas hacia países donde puedan enfrentar persecución o graves violaciones de derechos fundamentales. Bennett advirtió especialmente sobre la situación de mujeres afganas, exfuncionarios del anterior gobierno y otros grupos considerados particularmente vulnerables bajo la actual administración talibán.
Más allá de su carácter técnico, la reunión marca un precedente en la relación entre la Unión Europea y las autoridades que gobiernan Afganistán desde 2021. Bruselas mantiene intacta su política de no reconocimiento del régimen talibán, pero al mismo tiempo optó por abrir un canal de diálogo para abordar un problema que preocupa a muchos Estados miembros: la baja ejecución de las órdenes de retorno de ciudadanos afganos. El encuentro pone en evidencia cómo la presión migratoria está llevando al bloque europeo a buscar mecanismos de cooperación con un gobierno al que sigue sin otorgar reconocimiento diplomático, en una estrategia que sigue generando un intenso debate político y jurídico dentro y fuera de Europa.
