Argentina y el Reino Unido se enfrentarán el próximo martes 10 de noviembre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, en una audiencia que podría derivar en medidas provisionales contra la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas. Durante dos jornadas, ambos países expondrán sus argumentos sobre el pedido presentado por Buenos Aires para impedir el inicio o la continuación de las actividades del proyecto Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. La instancia llega cuatro días después de que el presidente Javier Milei ratificara públicamente la ofensiva diplomática y judicial argentina durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid.
El calendario oficial establece que Argentina abrirá las exposiciones el martes entre las 10:00 y las 13:00, seguida por Reino Unido de 15:00 a 18:00, siempre en horario de Hamburgo. El miércoles 11 habrá una segunda ronda: la delegación argentina intervendrá entre las 10:30 y las 12:00, mientras que los representantes británicos lo harán entre las 17:30 y las 19:00. Las audiencias serán públicas y podrán seguirse mediante una transmisión en directo del propio Tribunal.
El procedimiento corresponde al Caso N.º 37, iniciado después de que Argentina presentara el 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales bajo el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Buenos Aires había notificado previamente a Londres, el 28 de septiembre, el comienzo de un arbitraje internacional por la explotación de recursos hidrocarburíferos en áreas marítimas cuya soberanía reclama.
Como informó Escenario Mundial el 20 de octubre, el Tribunal fijó las audiencias mediante una orden firmada por su presidente, Maurice Kamga. Sin embargo, la apertura del procedimiento no implica que el organismo haya concedido las medidas solicitadas ni reconocido anticipadamente la competencia del tribunal arbitral para resolver la controversia.
La nueva instancia judicial estará precedida por una sesión convocada para el lunes 9 de noviembre, cuando el jurista británico Vaughan Lowe prestará su declaración solemne como juez ad hoc, elegido por Reino Unido para participar del caso.
Las cuatro medidas que Argentina busca imponerle al Reino Unido por Sea Lion
El expediente presentado por Argentina ante el Tribunal contiene cuatro solicitudes destinadas a limitar las actividades británicas en las áreas marítimas en disputa mientras avanza el procedimiento arbitral.
La primera y más importante consiste en ordenar al Reino Unido que impida el comienzo o la continuación de la explotación de hidrocarburos vinculada con Sea Lion en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte. Buenos Aires sostiene que permitir el inicio de las perforaciones provocaría modificaciones irreversibles sobre el lecho y el subsuelo marino, además de afectar los derechos que reclama sobre los recursos naturales de la zona.
La segunda medida busca impedir que Londres utilice información obtenida durante las actividades de exploración de recursos naturales en perjuicio de los derechos argentinos. La tercera apunta a garantizar que Argentina pueda cumplir con sus obligaciones de protección y preservación del medio marino, contempladas en los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR.
Finalmente, la presentación solicita que Reino Unido se abstenga de adoptar otras decisiones que puedan agravar la controversia, especialmente el otorgamiento de nuevos permisos para explotar recursos de la plataforma continental en disputa.
La urgencia invocada por Buenos Aires está relacionada con el cronograma de desarrollo del proyecto petrolero. En su presentación, Argentina cita información de Navitas y Rockhopper según la cual los preparativos logísticos avanzan para permitir la llegada de una plataforma de perforación y el comienzo de las actividades durante los primeros meses de 2027.
Las empresas desarrolladoras también comunicaron que continúan con sus planes pese a las medidas argentinas. En octubre, Escenario Mundial informó que Navitas reconoció dificultades con dos contratistas y anunció que trabajaba para reemplazarlos, aunque la compañía sostuvo que, por entonces, no esperaba un impacto material sobre el cronograma general del proyecto.
Para Argentina, esperar la constitución definitiva del tribunal arbitral sin disponer medidas provisionales podría permitir que las actividades petroleras produzcan consecuencias que una resolución posterior no pudiera revertir. Esa interpretación deberá ser examinada por los magistrados.
Reino Unido cuestionará la jurisdicción mientras Milei ratifica el reclamo argentino
El enfrentamiento también tendrá una discusión jurídica sobre los límites de las facultades del Tribunal del Mar.
Según consta en la presentación argentina, Reino Unido comunicó el 11 de octubre que rechazaría las medidas solicitadas y que cuestionaría enérgicamente la jurisdicción del tribunal arbitral. Londres sostiene que las actividades petroleras están reguladas por la legislación vigente bajo la administración británica de Malvinas y defiende el derecho de sus habitantes a desarrollar su economía.
Argentina, por el contrario, sostiene que la explotación unilateral de recursos naturales contradice las obligaciones internacionales aplicables a una controversia territorial todavía pendiente de solución.
El expediente también aborda una cuestión técnica: ambos países formularon declaraciones bajo el artículo 298 de la CONVEMAR que excluyen determinados tipos de controversias de los mecanismos obligatorios de solución de disputas, incluidas ciertas cuestiones relacionadas con la delimitación marítima.
Buenos Aires argumenta que esas excepciones no impiden examinar su reclamo porque no solicita al Tribunal que delimite fronteras marítimas ni resuelva la soberanía territorial, sino que dicte medidas para preservar los derechos alegados mientras se desarrolla el arbitraje. Corresponderá a los magistrados determinar si se cumplen las condiciones jurídicas para intervenir en esta etapa.
La disputa fue abordada nuevamente por Javier Milei el jueves 5 de noviembre, durante la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid.
Durante su intervención, Milei afirmó que “el avance del proyecto Sea Lion agrava esta controversia” y recordó las sanciones administrativas y denuncias penales impulsadas contra las empresas involucradas.
El presidente también confirmó ante los representantes iberoamericanos que Argentina solicitó al Tribunal del Mar impedir el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Además, agradeció el respaldo regional al reclamo argentino y reiteró la disposición de Buenos Aires a reanudar las negociaciones bilaterales con Londres.
En paralelo, Escenario Mundial informó que Reino Unido designó a Vaughan Lowe como juez ad hoc para participar del procedimiento. La incorporación del jurista forma parte de las reglas de integración del Tribunal y no anticipa una decisión favorable a ninguna de las partes.
Las audiencias del 10 y 11 de noviembre no resolverán la soberanía de las Islas Malvinas ni constituirán una sentencia definitiva sobre la explotación petrolera. Su objetivo será determinar si corresponde dictar medidas provisionales que protejan los derechos invocados mientras avanza el arbitraje internacional.
La decisión tendrá consecuencias sobre el margen jurídico de actuación de ambos países y podría afectar el calendario de Sea Lion si los magistrados ordenan restricciones a las actividades previstas. No existe todavía una fecha anunciada para la resolución.
Con el proyecto petrolero avanzando hacia su etapa de perforaciones y las diferencias diplomáticas aún abiertas, Argentina y Reino Unido llegarán el martes a Hamburgo para discutir si la explotación de hidrocarburos puede continuar mientras se sustancia el litigio internacional. La controversia se desarrolla en torno a los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, sobre los que Argentina mantiene su reclamo de soberanía y Reino Unido ejerce el control efectivo.
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