Las sanciones se han convertido en una de las principales herramientas con las que estados y organizaciones internacionales intentan ejercer presión sin recurrir directamente al uso de la fuerza. En el caso de Rusia, la Unión Europea ha construido desde 2014 un régimen que se amplió de manera sustancial después de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 y que hoy abarca restricciones financieras, comerciales, energéticas, tecnológicas y medidas individuales.
Por: Carolina Gaviria S
Pero mantener un régimen de sanciones durante años plantea un desafío distinto al de imponerlo: revisar si las medidas siguen estando justificadas, si alcanzan a las personas o sectores que se pretende presionar y si los criterios utilizados para aplicarlas son consistentes.
Ese debate volvió a Europa en septiembre.
El 22 de septiembre, los gobiernos de la Unión Europea acordaron renovar durante tres años las sanciones individuales contra aproximadamente 3.000 personas y entidades vinculadas a Rusia, en lugar de hacerlo por los seis meses habituales. Al mismo tiempo, decidieron retirar de la lista a dos empresarios de alto perfil: Alisher Usmanov y Mikhail Fridman. La decisión fue resultado de una negociación entre los Estados miembros y requirió unanimidad.
La salida de ambos empresarios no tuvo exactamente el mismo recorrido. Francia había promovido la exclusión de Usmanov, mientras Luxemburgo impulsó la de Fridman, quien mantiene una disputa legal de gran magnitud con ese país. Letonia, que se había opuesto a la decisión, finalmente se abstuvo, permitiendo que el acuerdo avanzara. Ucrania criticó públicamente la decisión y pidió a los Estados miembros mantener restricciones nacionales contra ambos empresarios.
El caso de Fridman, además, tiene un antecedente judicial relevante.
En abril de 2024, el Tribunal General de la Unión Europea anuló su inclusión en las listas de sancionados para el periodo comprendido entre febrero de 2022 y marzo de 2023. El tribunal consideró que las razones utilizadas por el Consejo para justificar su inclusión no estaban suficientemente sustentadas.
Esto no significó que las sanciones europeas contra Rusia fueran anuladas ni que Fridman quedara automáticamente fuera de cualquier régimen posterior. De hecho, otros procedimientos posteriores confirmaron que el Consejo conserva facultades para establecer obligaciones destinadas a impedir la evasión de las medidas restrictivas.
El episodio muestra, sin embargo, que las sanciones no son instrumentos estáticos. Tienen procedimientos de adopción, revisión, impugnación y, eventualmente, levantamiento.
La propia Unión Europea establece que las medidas restrictivas deben revisarse periódicamente y que pueden modificarse, prorrogarse, suspenderse o terminarse dependiendo de la evolución de la situación. Las personas y entidades sancionadas también pueden solicitar al Consejo que reconsidere su inclusión y pueden recurrir las decisiones ante el Tribunal General de la UE.
La pregunta no es solamente si funcionan
La experiencia rusa permite abrir una discusión más amplia sobre qué se espera que consiga una sanción y cómo se mide su efectividad.
La Unión Europea sostiene que sus medidas contra Rusia buscan reducir la capacidad económica del país para sostener la guerra, limitar el acceso a tecnologías y mercados y aumentar los costos para quienes apoyan sus acciones.
Pero una sanción también puede producir efectos más allá del individuo, empresa o sector al que está dirigida.
Las restricciones financieras pueden afectar transacciones internacionales. Las medidas sobre energía pueden alterar mercados y cadenas de suministro. Las restricciones tecnológicas pueden tener consecuencias sobre empresas de terceros países. Pero cuando estas restricciones llegan al ámbito de la investigación y la academia, es donde se empiezan a involucrar actores que son ajenos a la guerra.
En 2026, la Unión Europea amplió algunas de sus medidas relacionadas con Rusia al ámbito de la investigación y la educación: las nuevas disposiciones restringen que universidades, instituciones de investigación y organizaciones dedicadas a la innovación reciban determinados fondos o beneficios económicos procedentes de Rusia. La UE justificó la medida por el riesgo de transferencia de conocimiento, acceso a infraestructura y actividades de influencia.
Históricamente, el deporte y la cultura también han sufrido estas consecuencias. Pero el análisis que vemos de la revisión y posible levantamiento de estas sanciones, permite que los daños colaterales sean reivindicados: en este 2026 estamos viendo tantas restricciones como su levantamiento .
Porque, por ejemplo, World Aquatics decidió en abril dejar de aplicar a los atletas rusos y bielorrusos mayores las restricciones que les impedían competir con sus uniformes, banderas e himnos nacionales, aunque mantuvo controles antidopaje y verificaciones de antecedentes. Y en septiembre, la Federación Ecuestre Internacional anunció que desde el 5 de octubre de 2026 levantaría las restricciones que impedían a atletas y funcionarios rusos competir bajo la bandera nacional y permitiría nuevamente organizar competiciones internacionales en Rusia.
Ahí aparece una de las tensiones más difíciles de resolver: cuanto más amplio es el alcance de una sanción, mayor puede ser su capacidad de presión, pero también mayor la posibilidad de que sus efectos alcancen a actores distintos de aquellos a los que originalmente se buscaba afectar.
La discusión tampoco se limita a Rusia. Irán, Corea del Norte, Venezuela y otros países han estado sometidos a diferentes regímenes de sanciones internacionales o nacionales, con objetivos y alcances distintos. Esto ha convertido a las sanciones en una herramienta habitual de la política exterior contemporánea, pero también en objeto de debate sobre su legalidad, proporcionalidad, eficacia y efectos humanitarios.
En la Unión Europea, además, las sanciones requieren decisiones políticas complejas porque son adoptadas por unanimidad de los Estados miembros. Esto significa que mantener o modificar un régimen sancionatorio también implica negociar intereses nacionales diferentes dentro del mismo bloque.
El debate también llega al Sur Global
Es en este punto donde los resultados del estudio “Expert Strategies for Assessing Global Conflict”, realizado por el Social Research Center, aportan una perspectiva adicional. El estudio consultó a expertos de India, Colombia, Panamá, Argentina y Venezuela sobre la manera en que analizan los conflictos internacionales y sus efectos.
Ante la pregunta específica sobre las sanciones, 37% de los expertos describió los regímenes sancionatorios como aplicados de manera selectiva o bajo criterios que pueden percibirse como un “doble estándar”. Otro 32% hizo una distinción entre las sanciones económicas y sectoriales —que algunos consideran una herramienta legítima aunque costosa— y las restricciones que se extienden a ámbitos como deporte, ciencia y cultura.
La economista argentina Cecilia Naveda planteó el problema desde la perspectiva de la proporcionalidad: “Las sanciones pueden ser una herramienta legítima de presión, pero es necesario analizar si afectan efectivamente a quienes toman las decisiones políticas o si terminan trasladando una parte importante de sus consecuencias a la población civil, las empresas o terceros países.” Naveda también señaló que las restricciones culturales, deportivas o humanitarias requieren especial cuidado cuando su relación con el objetivo político perseguido es limitada.
La perspectiva no es uniforme dentro del panel. El análisis muestra que en América Latina las sanciones son consideradas por algunos expertos una herramienta legítima de presión, mientras otros expresan preocupación por sus efectos sobre la población, el comercio y la asistencia humanitaria.
Y ahí está, en realidad, la tensión que deja abierta el caso europeo: una sanción puede ser políticamente contundente y jurídicamente válida, pero eso no elimina la necesidad de revisar a quién afecta, cuánto tiempo debe mantenerse y si sigue cumpliendo el objetivo para el que fue creada.
La decisión de Bruselas no pone fin al régimen de sanciones contra Rusia. Al contrario: la Unión Europea acaba de extenderlo hasta 2029 para las sanciones individuales y mantiene medidas económicas hasta julio de 2027.
Después de más de cuatro años de sanciones ampliadas contra Rusia, la discusión internacional ya no gira únicamente alrededor de cuánto castiga una medida, sino también de cómo se justifica, cómo se revisa y cuándo deja de ser necesaria.
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