El Gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en la primera aplicación concreta de la ofensiva anunciada por Javier Milei durante la cadena nacional. Los expedientes alcanzan no solamente a compañías petroleras, sino también a accionistas, fondos de inversión, proveedores de infraestructura y firmas de servicios vinculadas con los proyectos desarrollados bajo autorización británica.
La medida fue confirmada por la Oficina del Presidente, que informó que Cancillería abrió los procedimientos para determinar eventuales violaciones del artículo 2° de la Ley 26.659. La precisión jurídica es importante: los 45 sujetos todavía no fueron sancionados en firme. Lo que comenzó es el procedimiento administrativo destinado a investigar cada caso y resolver posteriormente si corresponde aplicar las penalidades previstas por la legislación argentina.
El comunicado oficial tampoco difundió los nombres de los involucrados. Sin embargo, un listado al que accedió La Nación muestra que los expedientes alcanzan a actores de Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Sudáfrica, Kazajistán, Jersey e Islas Vírgenes Británicas.
Entre ellos figuran compañías directamente relacionadas con el desarrollo petrolero alrededor de las islas, como Navitas Petroleum Development and Production, Navitas Petroleum Atlantic, Rockhopper Exploration, Borders & Southern Falkland Islands, JHI Associates, JHI Falklands y Eco (Atlantic) Oil & Gas. Pero la principal novedad aparece fuera de las petroleras.
Argentina comienza a avanzar sobre accionistas y proveedores
La lista incorpora a distintos inversores vinculados con Navitas Petroleum, entre ellos Harel Insurance Investments & Financial Services, Migdal Insurance and Financial Holdings, Phoenix Holdings, Phoenix Financial, Phoenix Investments House y Meitav Investment House, además de personas relacionadas con la estructura accionaria de la compañía.
En el caso de Rockhopper aparecen fondos como Noked Capital, Aedos Advisers, Exodus Management Israel e ION Fund Management, junto con algunos de sus principales accionistas individuales. El esquema también alcanza a Borders & Southern. Entre los sujetos bajo investigación figuran Zila Corporation, Interactive Investor, Hargreaves Lansdown Asset Management y Halifax Share Dealing Clients, además de otros accionistas de la compañía.
La ampliación continúa hacia los proveedores. El listado incluye a Noble Corporation, identificada como proveedor estratégico de infraestructura, y posteriormente a algunos de sus principales accionistas, entre ellos AP Moller Holding, First Eagle Investment Management, Vanguard Portfolio Management y Dimensional Fund Advisors. También aparecen Netherland, Sewell & Associates, vinculada con tareas de análisis y asesoramiento, y la neerlandesa Fugro, especializada en servicios técnicos para proyectos offshore.
El movimiento permite observar con mayor claridad el alcance de la estrategia anunciada por Milei: la presión argentina empieza a desplazarse desde el operador petrolero hacia la estructura financiera, societaria y logística que permite desarrollar los proyectos.
Navitas y Rockhopper ya habían sido inhabilitadas en Argentina
El inicio de los nuevos expedientes no significa que las principales compañías de Sea Lion enfrenten por primera vez medidas argentinas. Rockhopper ya había sido declarada clandestina e inhabilitada para operar en Argentina durante 20 años, mientras Navitas recibió posteriormente una sanción equivalente. Reuters confirmó esta semana que ambas compañías mantienen esas prohibiciones como consecuencia de las licencias otorgadas por la administración británica de las islas, que Argentina considera inválidas.
La diferencia del nuevo esquema radica entonces en el perímetro. Hasta ahora, buena parte de las medidas se concentraba sobre las compañías que poseían directamente las licencias hidrocarburíferas. La estrategia presentada esta semana busca alcanzar también a accionistas, directores, inversores, prestadores de servicios y otros actores de la cadena de valor.
El Gobierno ya oficializó además un decreto que permite acelerar los procedimientos bajo la Ley 26.659 y vincula su cumplimiento con el acceso al RIGI y a nuevas concesiones petroleras en Argentina. Desde este sábado, cualquier empresa que pretenda ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones deberá declarar que ni ella ni sus participantes directos o indirectos desarrollan actividades alcanzadas por la Ley 26.659. Cancillería deberá verificar esa condición antes de aprobarse la adhesión. Una exigencia similar regirá para nuevos permisos y concesiones hidrocarburíferas dentro de Argentina.
Sea Lion concentra la ofensiva argentina
El principal objetivo político de las nuevas medidas es Sea Lion, ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Navitas posee el 65% del proyecto y Rockhopper el 35%. Las compañías adoptaron a fines de 2025 la decisión final de inversión y avanzan actualmente con infraestructura, fabricación de equipos y preparación de las operaciones. Según los últimos datos difundidos por las empresas, la primera fase cuenta con reservas probadas y probables por alrededor de 314 millones de barriles, mientras el desarrollo completo posee recursos considerablemente mayores.
Las perforaciones están previstas desde comienzos de 2027 y el primer petróleo continúa proyectado para 2028. Durante su cadena nacional, Milei presentó el avance de Sea Lion como el principal motivo para acelerar las sanciones y anunció además nuevas medidas de Defensa y seguridad nacional vinculadas con Malvinas y el Atlántico Sur. Navitas y Rockhopper sostienen que sus licencias son válidas bajo la administración británica y afirmaron que no esperan que las nuevas medidas argentinas produzcan un impacto material sobre el cronograma de Sea Lion.
Argentina rechaza esa posición y considera que cualquier exploración o explotación hidrocarburífera realizada sin autorización nacional en el área disputada viola su legislación.
El caso Bluewater muestra hasta dónde podría llegar el nuevo esquema
La ampliación del perímetro sancionatorio empieza además a generar interrogantes sobre compañías que trabajan simultáneamente con proyectos británicos alrededor de Malvinas y con inversiones estratégicas dentro de Argentina. Uno de los casos es Bluewater Energy Services. La compañía neerlandesa es propietaria del FPSO Aoka Mizu, contratado por Navitas para producir y almacenar petróleo en Sea Lion durante un período inicial de 12 años.
Al mismo tiempo, Bluewater fabricó las dos monoboyas destinadas al Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), el sistema que permitirá exportar crudo desde Punta Colorada, en Río Negro. Bluewater no figura entre los primeros 45 sujetos cuyos procedimientos fueron informados, según el listado publicado hasta ahora. VMOS señaló además que su contrato con la compañía fue firmado en junio de 2025, antes de que Bluewater formalizara su participación en Sea Lion.
El caso, sin embargo, permite observar el dilema que el Gobierno intenta instalar con el nuevo régimen: grandes proveedores internacionales pueden participar simultáneamente de proyectos energéticos en Argentina y de emprendimientos hidrocarburíferos que Buenos Aires considera ilegales alrededor de Malvinas.
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