El pasado domingo 19 de julio, durante un acto por el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó lo siguiente: “Aquí no habrá más elecciones para que intenten tomar el gobierno y el poder”.
Daniel Ortega es presidente de Nicaragua hace casi dos décadas, desde que regresó a la presidencia en 2007. Desde aquel tiempo, Ortega modificó las reglas del juego político asegurando su reelección a partir de diversos mecanismos. En primer lugar, suprimió los límites a la reelección. Más tarde, subordinó al Poder Judicial y Legislativo, a las fuerzas de seguridad y al sistema electoral al Poder Ejecutivo. En adhesión, declaró constitucionalmente a Rosario Murillo, su esposa, como heredera natural del poder, además de crear la figura de la copresidencia, rol que ella actualmente ocupa. Por último, encarceló y expulsó a los principales líderes políticos disidentes a su gobierno antes de la celebración de los comicios de 2021.
Sin embargo, las recientes declaraciones del presidente nicaragüense provocaron una nueva escalada en la erosión democrática en el Estado centroamericano.
“Ortega reconoció públicamente cuál ha sido siempre su verdadera intención: impedir que su proyecto tiránico sea sometido a cualquier forma de competencia democrática”, declaró Félix Maradiaga, quien fue candidato a la presidencia por la oposición y estuvo encarcelado en Nicaragua entre 2021 y 2023 antes de ser expulsado a Estados Unidos.
La democracia en Nicaragua era aun falsamente sostenida a partir de elecciones periódicas fraudulentas, las cuales fueron cuestionadas tanto por la oposición como por organizaciones internacionales, como la ONU, la Unión Europea y diversos gobiernos que aseguraban que en el Estado centroamericano las elecciones no eran libres. Es por esto que, luego de que Ortega ganara las elecciones en 2021 con el 76% de los comicios, la comunidad internacional declaró al proceso como antidemocrático. A partir de los dichos del presidente nicaragüense, esta ficción termina por romperse, dando paso al reconocimiento explícito de un régimen de tipo dictatorial.
Una crisis política en crecimiento
La situación en Nicaragua se hizo más crítica a partir de abril de 2018, frente a la represión policial a diferentes protestas sociales, lo que ocasionó cientos de muertos, miles de heridos, detenciones a opositores, el fin de organizaciones civiles y una ola masiva de exiliados. Es desde aquel momento que el gobierno liderado por Ortega es fuertemente criticado por organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, las cuales lo acusan de intentar eliminar y perseguir a las disidencias, además de reformar los mecanismos políticos del país para perpetrarse en el poder.
Frente a este contexto, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha acusado al gobierno de Ortega y Murillo de construir un “Estado autoritario” y cometer violaciones sistemáticas de derechos humanos.
En adhesión, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitó al gobierno del Estado nicaragüense que garantice la celebración de elecciones libres, así como también recupere el Estado de derecho e instaure el funcionamiento de los diferentes espacios de participación ciudadana. “Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos”, sostuvo el representante de la ONU.
Más allá de todo esto, hasta el momento se desconoce si las elecciones se eliminarán completamente o si, en todo caso, se realizará algún proceso que finja respetar las garantías democráticas. Aun así, la situación de Nicaragua se mantiene bajo vigilancia internacional, generando incertidumbre sobre su rumbo político futuro.
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