Por Nicolás Salvoni
Recientemente el gobierno argentino deslizó la posibilidad de acompañar militarmente a Estados Unidos en Medio Oriente. El canciller Pablo Quirno declaró el 18 de marzo de 2026 que la Argentina acompañará a Estados Unidos “en la medida” en que ese país “lo necesite”, y no descartó el envío de buques de la Armada. La eventual decisión de enviar unidades navales al conflicto que hoy involucra a Israel, Irán y Estados Unidos ha reabierto una discusión que remite inevitablemente a otro momento de la política exterior argentina: el envío de buques de guerra al Golfo Pérsico en 1990. La comparación resulta pertinente, aunque no para concluir que ambos casos son equivalentes. Por el contrario, una lectura atenta de las condiciones estratégicas, políticas y militares de cada coyuntura permite arribar a una conclusión diferente: si la decisión adoptada a comienzos de los años noventa podía ser considerada racional y, en términos generales acertada, una iniciativa similar en el presente constituiría un error con consecuencias inciertas para la seguridad nacional.
La participación argentina en la Guerra del Golfo a principios de la década de 1990 debe comprenderse en el marco de la profunda reorientación internacional impulsada por el gobierno de Carlos Menem. El envío de unidades navales no fue un hecho aislado ni una mera reacción coyuntural ante la invasión iraquí a Kuwait, sino una manifestación concreta de una estrategia de inserción internacional más amplia. En un sistema internacional signado por el colapso del bloque soviético y por la percepción de un claro predominio estadounidense, el gobierno argentino procuró redefinir sus vínculos con Washington, mejorar su posición relativa frente a los principales centros de poder y exhibir un alineamiento activo con el orden emergente. A ello se agregaban consideraciones de política interna: la necesidad de contribuir a la profesionalización de las Fuerzas Armadas, redefinir sus funciones en el marco democrático y asignarles misiones compatibles con la nueva etapa política del país. En ese contexto, y aun reconociendo los cuestionamientos institucionales y políticos que suscitó, sostuve en un trabajo anterior que la decisión había sido, en lo sustancial, acertada.
Sin embargo, trasladar mecánicamente aquella experiencia al presente implicaría desconocer que las condiciones que tornaban comprensible aquella opción ya no existen. La primera diferencia relevante radica en la naturaleza de la coalición y en el grado de legitimidad política e institucional de la intervención. La Guerra del Golfo de 1990-1991 se estructuró en torno a una coalición amplia, formalmente constituida, respaldada por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y acompañada, además, por el procesamiento institucional interno de la decisión en los Estados Unidos. Más allá de las asimetrías propias de toda coalición liderada por una superpotencia, existía allí una arquitectura política claramente definida, una legitimidad internacional considerable y un objetivo militar preciso.
El escenario actual es sustancialmente diferente. La guerra entre Israel e Irán, con participación directa de Estados Unidos, no se sostiene sobre una coalición equivalente ni sobre un esquema estratégico particularmente estable. Por el contrario, la iniciativa presenta contornos más difusos, objetivos menos nítidos y márgenes de incertidumbre sensiblemente mayores. A ello se suma un dato central: la continuidad del esfuerzo bélico estadounidense se encuentra atravesada por condicionamientos políticos internos cuya evolución todavía es incierta. En otras palabras, no se trata de una campaña sobre cuya duración, intensidad y horizonte político exista hoy un consenso amplio y consolidado. En ese marco, la eventual participación argentina correría el riesgo de quedar asociada a una dinámica estratégica que no controla y cuyos términos finales ni siquiera han sido definidos con claridad por los propios actores centrales.
La segunda diferencia remite al contexto internacional. A comienzos de la década de 1990, buena parte del mundo tendía a ordenarse detrás del liderazgo estadounidense. El declive de la Unión Soviética y la ausencia de un competidor con capacidad inmediata de disputa global favorecían la percepción de un sistema relativamente jerárquico, previsible y estable. Para un país periférico como la Argentina, el alineamiento con Washington podía ser interpretado, entonces, como una estrategia funcional a objetivos concretos de reinserción internacional y estabilización externa.
Hoy el contexto es exactamente el opuesto. Estados Unidos continúa siendo la principal potencia militar del sistema, pero ya no actúa en un entorno unipolar. La competencia estratégica con China, el deterioro de la previsibilidad internacional, la fragmentación de alianzas tradicionales y las oscilaciones de la política exterior estadounidense configuran un escenario mucho menos estable. En ese marco, acompañar militarmente a Washington en una guerra de alcances todavía inciertos no equivaldría a integrarse a un orden internacional consolidado, sino a involucrarse en una confrontación inserta en un sistema crecientemente disputado. La diferencia no es menor: en los noventa la participación argentina podía leerse como una apuesta por la integración al centro del poder mundial; hoy sería, más probablemente, una exposición innecesaria en un contexto de transición y de creciente volatilidad estratégica donde –sorprendentemente- Estados Unidos pareciera estar contribuyendo más a romper el statu quo que China, quien desafía su liderazgo global. Esta ruptura pareciera por momentos ser personalista, impulsiva y estratégicamente endeble, lo que le agrega una cuota de incertidumbre a una situación incierta per se.
La tercera razón para desaconsejar un envío de unidades navales es de orden estrictamente militar. La Armada Argentina no dispone, en términos generales, de medios plenamente adecuados para operar en un conflicto de alta intensidad en un teatro como el actual. Las transformaciones de la guerra naval contemporánea —marcadas por el empleo masivo de misiles de precisión, drones, guerra electrónica, sensores avanzados y amenazas asimétricas— exigen niveles de modernización, interoperabilidad, sostenimiento logístico y adiestramiento que la Argentina difícilmente pueda garantizar de manera suficiente. A ello se suma el deterioro acumulado que las restricciones presupuestarias han producido sobre el instrumento militar durante –al menos- las últimas dos décadas. El problema, por lo tanto, no reside en el valor, la disposición o en el profesionalismo del personal naval, sino en la brecha existente entre las exigencias del teatro de operaciones y las capacidades materiales realmente disponibles.
Este punto adquiere especial relevancia porque, aun cuando el aporte argentino fuese de carácter limitado o simbólico, la exposición al riesgo sería concreta. Una fuerza naval insuficientemente preparada para un entorno operacional de elevada complejidad no solo incrementa la vulnerabilidad de sus propios medios y tripulaciones, sino que además reduce drásticamente la utilidad estratégica de su participación. Dicho de otro modo: la Argentina asumiría costos y riesgos ciertos sin contar con capacidades suficientes y sin perspectiva de obtención de beneficios acordes al riesgo asumido.
La cuarta razón se vincula con el riesgo de escalada. A diferencia de la Guerra del Golfo de 1991, cuyo objetivo principal —la expulsión de Irak de Kuwait— era relativamente claro y delimitado, el conflicto actual presenta una capacidad de expansión mucho más difícil de anticipar. No se trata solamente de una confrontación entre Estados e intereses regionales inmediatos, sino de una crisis con potencial impacto sobre corredores energéticos, precios internacionales, equilibrios regionales y, eventualmente, sobre la competencia más amplia entre grandes potencias. En particular, el desarrollo del conflicto afecta intereses sensibles de China, cuya actitud hasta el momento ha sido cautelosa. Sin embargo, el hecho de que hoy mantenga una postura expectante no garantiza que esa conducta vaya a sostenerse indefinidamente si sus intereses estratégicos se vieran afectados de manera más directa. La prudencia, en este caso, no debe ser entendida como indecisión, sino como una forma elemental de cálculo estratégico frente a una crisis cuyo techo todavía no es visible.
A los argumentos anteriores conviene sumar otros tres que refuerzan la inconveniencia de una eventual participación argentina. El primero es de carácter jurídico-institucional. Una decisión de esta naturaleza no debería quedar librada únicamente a la voluntad del Poder Ejecutivo ni ampararse en formulaciones ambiguas sobre cooperación o acompañamiento político. El envío de fuerzas militares a un conflicto externo de esta magnitud exige claridad normativa, cobertura legal suficiente y un adecuado procesamiento político interno. La experiencia de 1990 ya mostró que este tipo de decisiones puede suscitar objeciones razonables respecto del equilibrio entre poderes, los mecanismos de control y la legitimidad del procedimiento adoptado. Reabrir hoy ese frente, pero en un contexto todavía más incierto, implicaría añadir un problema institucional interno a una decisión ya de por sí riesgosa.
El segundo argumento adicional es el riesgo de represalias indirectas o asimétricas. La participación militar argentina en una guerra contra Irán no debería evaluarse exclusivamente en términos de desempeño naval en el teatro de operaciones. También sería necesario considerar el aumento potencial de la exposición del país, de sus intereses y de sus representaciones en el exterior frente a acciones de respuesta no convencionales. La lógica de este tipo de conflictos desborda con frecuencia el espacio estrictamente militar y adopta modalidades de presión o castigo mucho más amplias.
El último punto es, quizás, el más sencillo de formular: la relación entre costos y beneficios previsibles es manifiestamente desfavorable. La contribución militar argentina difícilmente tendría capacidad para alterar el curso del conflicto, modificar balances estratégicos o aportar un valor decisivo al esfuerzo de guerra de los actores centrales. Sí podría, en cambio, generar costos diplomáticos, riesgos operacionales, tensiones jurídicas internas y una mayor exposición política internacional. Frente a una utilidad estratégica marginal y con riesgos significativos, la opción más razonable es abstenerse de intervenir.
En definitiva, la comparación con 1990 sólo resulta útil si se la emplea para marcar diferencias y no para trazar paralelismos apresurados. En aquel momento existían una coalición amplia, una legitimidad internacional definida, motivaciones internas claras y una racionalidad política más comprensible en su coyuntura. En el presente, por el contrario, el contexto es incierto, la legitimidad discutible y el consenso político considerablemente menor. En esas condiciones, un eventual envío de buques argentinos ya no respondería a un cálculo racional de política exterior, sino más bien a una sobre ideologización creciente de la misma. Cuando la política exterior deja de organizarse en torno al contexto, a las capacidades reales y a una evaluación prudente de costos y beneficios, el margen para el error se reduce drásticamente y se expone al país a riesgos innecesarios cuyas consecuencias son hoy impredecibles.
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