- La campaña 2026 del calamar Loligo ya comenzó en Malvinas tras una prospección que estimó una biomasa de 41.725 toneladas.
- Un total de 16 buques gallegos operan en el área bajo licencias otorgadas por la administración británica en las islas.
- Para la Argentina, esas licencias son ilegales porque suponen la explotación unilateral de recursos naturales en un territorio y espacio marítimo en disputa.
La temporada de pesca del calamar Loligo en las Islas Malvinas ya está en marcha y volvió a hacerlo bajo el esquema de licencias que el Reino Unido entrega a la flota española para explotar recursos en un área cuya soberanía continúa en disputa. El inicio formal de la campaña quedó habilitado tras una prospección previa que estimó una biomasa de 41.725 toneladas, dato que permitió abrir la primera temporada comercial de 2026.
El punto central no pasa solo por el volumen del recurso disponible, sino por el régimen de explotación que se reactiva con cada campaña. Cada licencia pesquera otorgada por la administración británica en las islas constituye, para la Argentina, un acto ilegal e ilegítimo sobre recursos naturales del Atlántico Sur. En los hechos, el arranque de la zafra vuelve a poner en funcionamiento un esquema sostenido por permisos unilaterales, operatoria empresarial extranjera y exportación hacia mercados internacionales.
Del lado operativo, la campaña comenzó con señales positivas para el sector. En los primeros quince días de faena, los 16 buques habrían registrado capturas de entre 40 y 45 toneladas diarias, en un contexto de mayor optimismo tras varios años de inestabilidad en el caladero. El dato fue acompañado por una mejora en la biomasa estimada, con un aumento cercano al 35% respecto de la temporada anterior, lo que reforzó las expectativas de una campaña más estable.
Las licencias pesqueras sostienen una parte clave del enclave británico
La cuestión adquiere otra dimensión cuando se observa el peso económico de la pesca en las islas. La actividad representa una parte sustancial de la economía local y constituye una de las principales fuentes de financiamiento de la administración británica asentada en Malvinas. Por eso, cada temporada no solo moviliza barcos y capturas: también reafirma un sistema de explotación que le da sustento material al enclave.
La participación de la flota gallega es uno de los componentes más visibles de ese esquema. Los buques españoles operan a partir de licencias otorgadas por las autoridades isleñas británicas y, en muchos casos, articulan su actividad mediante estructuras empresariales radicadas en las propias islas. De ese modo, la campaña pesquera no puede leerse solo como una noticia sectorial: también forma parte de una trama política, económica y estratégica más amplia, vinculada al control efectivo de recursos y a la consolidación de intereses británicos en el Atlántico Sur.
El inicio de la temporada 2026 vuelve así a exponer un punto sensible para la Argentina. Mientras la actividad pesquera se desarrolla con normalidad para la flota autorizada por el Reino Unido, sigue vigente un esquema de licencias que Buenos Aires rechaza desde hace años por considerar que avanza sobre recursos naturales cuya explotación no puede resolverse de forma unilateral. Lo que ocurra en las próximas semanas, tanto en materia de capturas como de continuidad de la temporada, volverá a poner el foco sobre una de las dimensiones más concretas de la disputa por Malvinas.
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