El 11 de febrero de 2026, el hegemón global reescribió en silencio las reglas de la geopolítica moderna. Con la firma del memorándum de entendimiento entre el Departamento de Agricultura y el Departamento de Guerra de los Estados Unidos (1), Washington formalizó lo que los estrategas advertían desde hace años: la agricultura ha dejado de ser un sector económico para convertirse en un dominio explícito de la defensa nacional. Esta securitización de la cadena de suministro —la elevación de un asunto civil a la categoría de amenaza a la supervivencia del Estado— (2) no es un gesto retórico. Es doctrina operativa de la primera potencia mundial.
El mercado global de alimentos que Argentina enfrenta ya no opera en un vacío neutral. Doctrinas como el friend-shoring reconfiguran las cadenas de suministro en función de alianzas geopolíticas, no de eficiencias económicas (3). Estados Unidos, China y otras potencias construyen fortalezas alimentarias mientras Argentina continúa gestionando su aparato agroexportador como si el tablero geopolítico no hubiera cambiado. Un Estado que no protege su capacidad productiva desde una óptica de seguridad no practica el libre mercado: exhibe negligencia estratégica.
El dilema australiano: atrapado entre Washington y Beijing
El caso australiano ilustra la complejidad del nuevo orden alimentario securitizado. Como señala el Australian Strategic Policy Institute (4), Australia enfrenta una trampa geopolítica: su principal aliado de seguridad es Estados Unidos, pero su sector agrícola está profundamente integrado con China, su mayor socio comercial.
El National Farm Security Action Plan estadounidense ordena identificar socios “no-adversariales” para cadenas de suministro resilientes. Washington está construyendo una fortaleza y dibujando un círculo alrededor de los partners permitidos dentro. Para Australia, la pregunta existencial es: ¿está dentro o fuera del círculo?
La pregunta es particularmente incómoda para un país que pasó décadas exportando hierro a China para construir su marina de guerra, y ahora descubre que esa misma marina patrulla las aguas por donde transitan sus buques de granos.
Argentina en el círculo: la asimetría doctrinaria
Seis días antes del memorándum USDA-DoW, Donald Trump firmó la Decisión Presidencial que amplía de 20.000 a 100.000 toneladas el cupo de carne bovina argentina con acceso preferencial al mercado estadounidense (5).
El documento no habla de comercio: habla de “desastre natural” y “disrupción del mercado nacional”. Declara la carne como recurso “vital” para la dieta estadounidense y justifica la ampliación del cupo argentino en términos de seguridad alimentaria nacional.
Argentina acaba de ser seleccionada para el círculo de socios confiables del friend-shoring alimentario estadounidense.
La paradoja es instructiva: Estados Unidos securitiza su abastecimiento, identifica partners estratégicos, y usa lenguaje de emergencia nacional para justificar sus decisiones de importación. Argentina, por su parte, celebra el acuerdo por los USD 800 millones adicionales de exportación, sin comprender —o sin querer comprender— que acaba de ingresar a un sistema geopolítico donde la carne ya no es un commodity sino munición estratégica.
De los minerales al campo: la lógica que ya fue reconocida
Argentina no es ajena a esta lógica. El Decreto 703/2018 —hoy derogado pero doctrinariamente vigente como precedente— securitizó explícitamente los recursos naturales estratégicos (6), identificando a los hidrocarburos, minerales, alimentos y agua dulce como activos cuya preservación constituye un interés de defensa nacional.
Si el Estado reconoció que el litio o las tierras raras requieren blindaje frente a la voracidad externa, resulta incoherente no aplicar la misma lógica a la matriz agroindustrial pampeana.
El arsenal legal que ya existe: reinterpretación doctrinaria
Aquí reside el argumento más relevante para la política doméstica: Argentina no necesita construir un andamiaje normativo nuevo. Lo que requiere es una reinterpretación doctrinaria del instrumento legal vigente.
La Ley de Defensa Nacional N.º 23.554 contempla la preparación del potencial nacional como obligación del Estado y habilita el planeamiento de la defensa sobre el conjunto de los recursos del país (7).
Los precedentes normativos iluminan el camino conceptual. La Ley de Tierras Rurales N.º 26.737 (8) y la Ley de Abastecimiento N.º 20.680 (9) reconocían implícitamente la dimensión estratégica del territorio y la producción.
El problema nunca fue la ausencia de normas
Resulta curioso que Argentina haya elegido 2023 —precisamente cuando el tablero geopolítico global se reordenaba hacia la securitización alimentaria— para derogar los instrumentos legales que reconocían la dimensión estratégica de la tierra y el abastecimiento.
El problema nunca fue la ausencia de normas. Fue la ausencia de doctrina.
La securitización del aparato agroindustrial no es intervencionismo: es el blindaje que el capital productivo privado requiere para operar en un entorno donde el abastecimiento es munición.
Sincronizar nuestra doctrina de defensa con la realidad geopolítica del siglo XXI no exige nueva burocracia ni nueva legislación. Exige comprender que acorazar el campo es, hoy, tan urgente como acorazar la frontera.
Referencias
- (1) Memorandum of Understanding entre el U.S. Department of Agriculture (USDA) y el U.S. Department of War (DoW), firmado el 11 de febrero de 2026.
- (2) Buzan, Barry; Wæver, Ole; de Wilde, Jaap. Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers, 1998.
- (3) U.S. Department of the Treasury. “Remarks by Secretary Janet Yellen on Way Forward for the Global Economy”, Atlantic Council, 2022; U.S. Department of Commerce, 2024 Supply Chain Resilience Report.
- (4) Henderson, Andrew. “A turning point: US recognises agriculture as a domain of defence”, ASPI, 12 febrero 2026.
- (5) Presidential Proclamation firmada por Donald Trump el 6 de febrero de 2026 ampliando el cupo de importación de carne bovina argentina.
- (6) Decreto 703/2018 (Directiva de Política de Defensa Nacional).
- (7) Ley N.º 23.554 de Defensa Nacional (1988).
- (8) Ley N.º 26.737 de Tierras Rurales (2011).
- (9) Ley N.º 20.680 de Abastecimiento (1974).
