El Perú atraviesa una etapa de inestabilidad sistémica sin precedentes que condiciona su desempeño en el sistema internacional. La asunción de José María Balcázar el 19 de febrero del presente año, tras la censura de José Jerí, confirma una tendencia de fragmentación del poder ejecutivo que proyecta un total de nueve mandatarios para el cierre del ciclo de diez años en julio próximo. Este escenario de transición permanente impide que el Estado peruano mantenga una postura sólida ante sus pares globales, transformando su representación diplomática en un ejercicio de gestión de crisis de corto plazo. La falta de continuidad administrativa debilita la posición del país como un actor previsible, situándolo en una situación de desventaja estratégica frente a sus competidores regionales.
Erosión de la predictibilidad y la confianza internacional
La rotación crónica en la presidencia de la República genera una ruptura en la comunicación exterior que socava la confianza de la comunidad internacional. Según informes de The Economist Intelligence Unit publicados en febrero de 2026, el Perú ha perdido su categoría de socio estable debido a la imposibilidad de sostener compromisos que trasciendan la duración de sus gabinetes. Los Estados extranjeros y los organismos multilaterales observan con cautela la firma de acuerdos con administraciones que carecen de respaldo legislativo y permanencia temporal garantizada. Esta incertidumbre reduce drásticamente la capacidad de negociación del país, limitando su acceso a convenios de cooperación técnica y de seguridad de largo alcance.
Asimismo, la inestabilidad gubernamental afecta la operatividad de la representación técnica en las misiones diplomáticas. Informes de Oxford Analytica señalan que la sucesión constante de mandatarios produce una parálisis administrativa en la implementación de políticas de Estado, ya que cada transición implica una reestructuración de los cuadros directivos. Cuando la política exterior se subordina a los cambios de la política doméstica, el país pierde la memoria institucional necesaria para defender intereses comerciales y legales complejos ante tribunales internacionales. El resultado es un Estado que acude a los foros mundiales para explicar su situación interna en lugar de promover una agenda de desarrollo nacional coherente.
Desgaste en la diplomacia presidencial y foros globales
La posición del Perú en los bloques regionales y foros multilaterales ha pasado de un liderazgo constructivo a una participación marginal. La falta de estabilidad política ha provocado que el país pierda influencia en la Alianza del Pacífico, donde la continuidad de los socios es una condición básica para la integración económica. Reportes de Reuters indican que la comunidad diplomática observa con escepticismo la capacidad del Perú para liderar iniciativas de seguridad fronteriza o lucha contra el narcotráfico en este contexto de crisis. Esta percepción de fragilidad institucional impide que el país actúe como un eje de estabilidad en Sudamérica, afectando su competitividad frente a economías con mayor solidez gubernamental.
En el ámbito bilateral, la relación con potencias como Estados Unidos se ve condicionada por la brevedad de los mandatos actuales. Ante la cumbre de presidentes convocada por Donald Trump para el 7 de marzo de 2026, el Perú presenta un liderazgo de transición que genera dudas sobre la validez de los acuerdos a futuro. Según analistas de Chatham House, la administración de la Casa Blanca prioriza interlocutores que demuestren un control institucional efectivo y una duración mínima que asegure el cumplimiento de los tratados. La recurrencia de las crisis presidenciales en Lima proyecta la imagen de un Ejecutivo sin capacidad de maniobra, lo que podría derivar en la exclusión del Perú de los principales acuerdos estratégicos previstos para este año.
Riesgo político ante el horizonte electoral de 2026
El actual calendario electoral introduce un factor adicional de riesgo en la percepción externa de la soberanía peruana. Con las elecciones generales fijadas para el 12 de abril de 2026, el gobierno de Balcázar es visto como una gestión meramente administrativa encargada de entregar el poder al noveno presidente de la década. Informes de Freedom House sugieren que los observadores internacionales mantienen una postura de expectativa pasiva, evitando compromisos de inversión de gran escala hasta que se defina la nueva composición del poder en julio. Esta parálisis diplomática detiene proyectos estratégicos que requieren garantías estatales que el actual diseño político no puede ofrecer con solvencia.
La superposición de una crisis de sucesión con una campaña electoral polarizada debilita la autoridad del Estado frente a actores financieros globales. La ausencia de un mandato popular claro para el actual Ejecutivo impide que se tomen medidas de fondo para revertir el aumento del riesgo país. La volatilidad política es penalizada por la comunidad internacional; así lo explican reportes de Moody’s Investors Service de febrero de 2026, y el Perú se encuentra bajo una vigilancia reforzada por parte de las agencias de calificación crediticia. La prioridad para los actores externos es encontrar un interlocutor que garantice la previsibilidad jurídica, condición que se ve amenazada por la inestabilidad recurrente del sistema de gobierno.
Hacia la recuperación del estatus internacional
La persistencia de este modelo de gobernanza por emergencia pone en peligro la capacidad del Estado peruano para decidir de forma autónoma en el sistema global. Al carecer de una representación política estable, el país queda fuera de los círculos de negociación donde se definen los estándares de comercio y seguridad para la región. Los organismos internacionales tienden a condicionar su apoyo a la resolución de conflictos internos, lo que limita el margen de maniobra de la cancillería en temas de soberanía económica. El Perú corre el riesgo de ser clasificado permanentemente como un Estado de gestión frágil, afectando su capacidad para atraer capital extranjero y retener talento técnico en la administración pública.
La recuperación del peso diplomático del país depende de la creación de mecanismos que aseguren la predictibilidad institucional. El sistema internacional demanda que los Estados sean socios confiables capaces de honrar sus compromisos a través de diferentes periodos de gobierno. La seguridad nacional y el crecimiento económico están directamente vinculados a la imagen que el país proyecta hacia el exterior como una entidad política sólida. El mayor reto para el mandatario que asuma en julio de 2026 será restaurar la credibilidad de un Estado que ha visto afectada su representatividad ante la sucesión de nueve mandatarios en una década.
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