El gobierno de Colombia anunció la puesta en marcha del proyecto “Escudo Nacional Antidrones” tras el ataque armado ocurrido el 18 de diciembre de 2025 contra un batallón del Ejército en el departamento del Cesar, donde siete soldados murieron y más de 30 resultaron heridos como consecuencia del uso de drones por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El episodio marcó un punto de inflexión en la estrategia de seguridad del país y precedió a la orden presidencial de adquirir sistemas antidrones a nivel nacional.
En este contexto, a menos de un mes después del ataque, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la ejecución del proyecto, con una inversión inicial de US$1.680 millones. Según el Ministerio de Defensa, se trata de “la más ambiciosa y audaz estrategia de defensa del espacio aéreo” con el objetivo de proteger tanto a la población civil como a la fuerza pública frente al uso creciente de drones por parte del Ejército de Liberación Nacional.
Ante recurrentes ataques de este tipo y el avance de esta amenaza que viene siendo sostenido, entre abril de 2024 y diciembre de 2025, el Ejército colombiano contabilizó 393 ataques con drones, una modalidad que se consolidó rápidamente en regiones como el Catatumbo y el Cauca. De acuerdo con la directora de la Fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla, estos dispositivos se convirtieron en “armas no convencionales” de bajo costo y fácil acceso, adquiridas en muchos casos por internet y adaptadas con fines militares.
El proyecto de Colombia genera dudas sobre su efectividad
En paralelo, las fuerzas armadas también aceleraron su propia modernización tecnológica. A comienzos de octubre, el Ejército presentó su primer batallón de drones equipados con inteligencia artificial, capaces de identificar objetivos y operar a larga distancia. El presidente Gustavo Petro llegó a definir el conflicto actual como “una guerra de drones y antidrones”, señalando que la superioridad aérea tradicional de las fuerzas estatales se vio erosionada por el accionar de grupos vinculados al narcotráfico.
Sin embargo, el proyecto genera interrogantes. Tanto Bonilla como Vladímir Rodríguez, exdirector de Tecnología del Ministerio de Defensa, expresaron dudas sobre su efectividad frente a un conflicto irregular y disperso, así como sobre el alto costo de una tecnología que podría quedar obsoleta. Mientras el escudo antidrones permanece en una fase inicial y aún no se definió el proveedor internacional, el debate sobre su alcance real y su impacto estratégico sigue abierto en Colombia.
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