China Daily
Japón ha puesto en marcha la planta nuclear Kashiwazaki-Kariwa, la mayor del mundo, en la prefectura de Niigata. El reinicio ocurre 15 años después del desastre de Fukushima, y se convierte en un hito dentro de la política energética japonesa. El gobierno busca reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y avanzar hacia la neutralidad de carbono en 2050, pero enfrenta una fuerte oposición social y cuestionamientos sobre la seguridad.
Tal como informó Escenario Mundial en diciembre de 2025 , la asamblea de Niigata aprobó la reanudación de operaciones con un esquema gradual que implicaba primero una unidad de 1,36 GW y luego nuevas etapas. La votación expuso una comunidad dividida, con protestas en las calles y críticas sobre la falta de consulta popular.
El reinicio previsto para enero de 2026 se retrasó tras detectarse un problema en una alarma de reactor. TEPCO confirmó que el fallo fue resuelto, pero decidió realizar nuevas verificaciones antes de proceder. El incidente generó manifestaciones en Tokio y reforzó la percepción de que la seguridad nuclear sigue bajo escrutinio, incluso con normas más estrictas tras 2011.
Encuestas recientes muestran que más del 60% de los habitantes cercanos rechazan la reapertura. Testimonios como el de Ryusuke Yoshida, residente de Kariwa, plantean el reinicio como un “problema de derechos humanos”, al señalar la dificultad de evacuar a poblaciones vulnerables en caso de emergencia.
El regreso a la operación de Kashiwazaki-Kariwa representa un desafío tanto técnico como político. Con sus siete reactores y una capacidad total de 8,2 GW, el complejo es capaz de abastecer a millones de hogares, lo que lo convierte en un activo estratégico para la matriz energética japonesa. Tras quince años de inactividad, TEPCO ha implementado nuevas medidas de seguridad tales como defensas reforzadas contra tsunamis, generadores móviles y sistemas de filtrado diseñados para contener materiales radiactivos en caso de emergencia.
Sin embargo, la confianza pública sigue siendo frágil. Los planes de evacuación son cuestionados por su falta de eficacia, especialmente en una región con población envejecida y carreteras que suelen quedar bloqueadas durante el invierno. A esto se suma el recuerdo de un terremoto en 2007 que dañó instalaciones y obligó a detener los reactores, lo que mantiene vigente la preocupación por los riesgos sísmicos.
El reinicio previsto para enero de 2026 sufrió un contratiempo cuando se detectó un fallo en una alarma de uno de los reactores durante las pruebas de seguridad. Aunque TEPCO resolvió el problema y anunció verificaciones adicionales, el episodio reavivó la desconfianza social. Manifestaciones en Tokio y en Niigata reflejaron el temor de que la compañía no haya superado del todo las deficiencias que marcaron la tragedia de Fukushima. Para muchos residentes, el reinicio no es solo una cuestión técnica, sino un dilema ético y humano que refleja la dificultad de evacuar a poblaciones vulnerables, lo que convierte cualquier error en un riesgo para los derechos humanos.
El gobierno japonés considera que la energía nuclear es indispensable para alcanzar sus objetivos de seguridad energética y descarbonización. Tokio busca duplicar la participación nuclear en la matriz eléctrica hasta un 20% hacia 2040 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. La apuesta responde a dos presiones simultáneas, una es reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y la otra es enfrentar la creciente demanda de electricidad asociada al desarrollo de centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial.
En este contexto, Kashiwazaki-Kariwa se convierte en un símbolo de la transición energética japonesa, pero también en un recordatorio de las tensiones sociales que acompañan cada paso hacia el regreso de la energía nuclear.
La estrategia japonesa se inscribe en una tendencia internacional. Países como Francia y Corea del Sur también refuerzan su matriz nuclear como parte de la transición energética, mientras que otros, como Alemania, han optado por abandonar esta fuente. Japón se ubica en una posición intermedia. Necesita el átomo civil para sostener su competitividad y cumplir con sus compromisos climáticos, pero enfrenta un déficit de confianza que no se resuelve con inversiones ni promesas. El apoyo político de la primera ministra Sanae Takaichi refuerza la narrativa oficial, aunque las encuestas y las protestas muestran que la legitimidad social sigue siendo el verdadero desafío.
El accidente nuclear de Fukushima ocurrió el 11 de marzo de 2011, cuando un terremoto de magnitud 9 y el posterior tsunami de 15 metros golpearon la costa noreste de Japón, afectando directamente a la planta Fukushima Daiichi. El impacto destruyó los sistemas eléctricos y de enfriamiento de tres reactores, lo que provocó la fusión de sus núcleos en los primeros días posteriores al desastre. La situación se agravó con explosiones de hidrógeno en varios edificios de contención, liberando material radiactivo al ambiente y obligando a la evacuación de unas 160.000 personas.
El accidente fue clasificado como nivel 7 en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares, el mismo nivel que Chernóbil, debido a la magnitud de las emisiones radiactivas. Aunque Japón logró estabilizar los reactores tras semanas de esfuerzos y declaró el “apagado en frío” en diciembre de 2011, las consecuencias fueron profundas: contaminación de tierras y aguas, desplazamiento masivo de comunidades y un fuerte golpe a la confianza pública en la energía nuclear. Desde entonces, Fukushima se convirtió en un símbolo mundial de los riesgos asociados a esta fuente de energía y marcó un cambio en la política energética japonesa.
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