El Tratado de Alta Mar, el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante destinado a proteger la biodiversidad en aguas más allá de las jurisdicciones nacionales, entró en vigor el sábado 17 de enero de 2026, tras superar el umbral de ratificaciones requeridas. Su puesta en operación marca un avance en la gobernanza oceánica y genera impactos directos para países como Argentina, que enfrentan desafíos vinculados a la pesca ilegal y a la explotación de recursos en zonas de alta mar.
En este sentido, el nuevo marco —formalmente llamado Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en Áreas más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ)— establece regulaciones para actividades humanas en las vastas áreas oceánicas fuera de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), que tradicionalmente operaron bajo un régimen de libertades con escasa regulación.
Entre sus pilares se encuentra la creación de áreas marinas protegidas en alta mar, la obligación de llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental antes de cualquier actividad potencialmente dañina y la promoción de cooperación científica y transferencia de tecnología para fortalecer la gobernanza de estos espacios oceánicos.
Fuentes oficiales de la Prefectura Naval Argentina destacan que los esfuerzos de control redujeron ingresos ilegales a aguas jurisdiccionales, pero que la presión de flotas de aguas distantes en la alta mar persiste. Ese vacío era en gran medida resultado de la falta de un marco internacional vinculante aplicable a la alta mar, situación que cambia con la entrada en vigor del nuevo tratado.
Impacto para la pesca ilegal en Argentina
El impacto de este tratado es particularmente relevante para países con amplias zonas marítimas y problemas de pesca ilegal, como Argentina. En la denominada milla 201, frontera externa de la ZEE argentina, operan cada temporada cientos de buques de pesca de gran escala —mayoritariamente de bandera china, taiwanesa, coreana y española— que explotan recursos como el calamar Illex argentinus fuera de la jurisdicción nacional y con mínima regulación internacional efectiva.
Para expertos como César Lerena, especialista en pesca y Atlántico Sur, la libertad de pesca en alta mar, consagrada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), “no habilita prácticas depredatorias” y facilitó actividades sin control efectivo de los Estados de bandera ni estudios sostenibles de captura máxima. Según Lerena, la pesca fuera de la ZEE produce capturas estimadas en torno a 750.000 toneladas anuales, con pérdidas económicas significativas para Argentina calculadas en miles de millones de dólares.
Aunque la implementación del tratado dependerá de la adhesión y aplicación de cada país, su entrada en vigor abre la puerta a mecanismos más estrictos de regulación de la pesca en alta mar. Uno de los instrumentos previstos es la identificación y propuesta de áreas marinas protegidas, que podrían incluir zonas de alto valor ecológico como el conocido como “Agujero Azul” en la plataforma continental extendida argentina, un área de 148.000 km² que se ha planteado como candidata para frenar la pesca de arrastre de fondo.
Para que Argentina pueda aprovechar plenamente el nuevo marco, aún debe ratificar el tratado en el Congreso, luego de haberlo firmado en junio de 2024. La ratificación permitirá al país participar en la Conferencia de las Partes (COP) que se realizará dentro de un año desde la entrada en vigor, donde se definirán reglas de procedimiento y decisiones operativas esenciales para su aplicación efectiva.
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