Estados Unidos bajo polémica por un ataque aéreo con un avión militar “disfrazado” de civil en el Caribe

Un ataque realizado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra una embarcación en el Caribe en septiembre pasado podría haber violado las leyes de los conflictos armados, luego de que se conociera que la operación fue ejecutada con una aeronave militar pintada para aparentar ser civil, según reveló The New York Times.

El operativo, ocurrido el 2 de septiembre y ordenado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, dejó un saldo de 11 personas muertas a bordo de una embarcación que la administración de Donald Trump identificó como vinculada al narcotráfico. De acuerdo con funcionarios citados por el diario estadounidense, el ataque fue llevado a cabo por un avión militar sin marcas visibles y con armamento alojado dentro del fuselaje, lo que habría dificultado que los ocupantes del barco pudieran identificarlo como una aeronave de combate.

El uso de una aeronave con apariencia civil

La apariencia no militar del avión es el eje central de la controversia. Según especialistas en derecho internacional humanitario, simular una condición civil para engañar al adversario y atacarlo posteriormente está prohibido por las leyes de la guerra.

Esta práctica se conoce jurídicamente como perfidia, una figura que constituye un crimen de guerra cuando combatientes fingen estatus civil con el objetivo de obtener una ventaja táctica letal.

El general de división retirado Steven J. Lepper, ex subinspector general jurídico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sostuvo que si la aeronave fue pintada de manera tal que ocultara su carácter militar y logró acercarse lo suficiente como para inducir a error a las personas a bordo, el ataque podría encuadrarse dentro de esta prohibición.

“Ocultar la identidad es un elemento de la perfidia. Si la aeronave que sobrevuela no es identificable como una aeronave combatiente, no debería participar en actividades de combate”, afirmó Lepper.

De acuerdo con funcionarios que accedieron a material de vigilancia del ataque, el avión descendió lo suficiente como para ser visto desde la embarcación, que habría intentado regresar hacia Venezuela tras detectar su presencia.

Supervivientes y segundo ataque

Otro punto especialmente sensible desde el punto de vista legal es que dos sobrevivientes del primer impacto habrían sido alcanzados por un segundo ataque, luego de subirse a restos del casco volcado. Según las normas del derecho internacional humanitario, las personas náufragas gozan de protección especial y no deben ser atacadas.

No está claro si los sobrevivientes eran conscientes de que la explosión inicial había sido causada por un misil, lo que refuerza los cuestionamientos sobre la proporcionalidad y legalidad del uso de la fuerza.

La defensa del Pentágono

Desde el Departamento de Defensa, la administración Trump defendió la legalidad del operativo. El portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses utilizan una amplia variedad de aeronaves estándar y no estándar según los requerimientos de cada misión.

“Antes del despliegue y empleo de cada aeronave, estas atraviesan un riguroso proceso de adquisición y revisión para asegurar el cumplimiento de la legislación nacional, las regulaciones del departamento y las normas internacionales aplicables, incluida la ley de los conflictos armados”, señaló el funcionario.

Sin embargo, tras el ataque del 2 de septiembre, el Ejército estadounidense modificó el tipo de plataformas utilizadas en este tipo de operaciones, recurriendo a aeronaves claramente identificables como militares, entre ellas drones MQ-9 Reaper.

Para varios analistas citados por The New York Times, este cambio operativo sugiere que existía conciencia interna sobre los riesgos legales del método empleado inicialmente.

Un debate más amplio sobre la legalidad de los ataques

La polémica se inscribe en un debate mayor: la decisión de la administración Trump de calificar la lucha contra ciertos carteles del narcotráfico como un conflicto armado no internacional, lo que permitiría tratar a los tripulantes de estas embarcaciones como “combatientes”.

Esta interpretación es ampliamente cuestionada por especialistas en derecho internacional, que advierten que las fuerzas armadas no pueden atacar civiles que no representen una amenaza inminente, aun cuando estén involucrados en actividades criminales.

Si bien la legalidad general de la campaña es objeto de disputa, el uso de una aeronave militar “disfrazada” de civil puso el foco en una posible violación concreta de las leyes de la guerra, reavivando el debate sobre los límites del uso de la fuerza estadounidense en operaciones antidrogas fuera de su territorio.

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