Crédito: Fuerza Aérea de EE.UU.
En su primer año de regreso a la Casa Blanca, Donald Trump presidió un salto marcado en el uso de la fuerza militar estadounidense fuera del país, con campañas que abarcaron desde ataques contra ISIS en África y Siria hasta una ofensiva prolongada en rutas marítimas del Caribe y el Pacífico bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Según datos del Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) la administración Trump autorizó al menos 626 ataques aéreos en 2025, superando el total de 555 lanzados durante los cuatro años completos de Joe Biden.
Trump, que se presenta como un “presidente de paz”, encuadró la expansión del poder militar en la lógica de “paz mediante la fuerza”. En su discurso inaugural del 20 de enero de 2025, afirmó que su éxito se mediría no solo por batallas ganadas, sino por “las guerras que terminamos” y “las guerras en las que nunca entramos”.
El primer gran golpe del segundo mandato se registró el 1 de febrero en Somalia, en una operación atribuida a AFRICOM y presentada por el Pentágono como un ataque contra ISIS para degradar su capacidad de planear atentados. La campaña, de acuerdo con el recuento de Military Times, continuó de manera sostenida en el país del Cuerno de África.
En Irak, el 13 de marzo, una acción de la coalición liderada por Estados Unidos en Anbar apuntó a un mando de alto rango de ISIS. El episodio fue descrito como parte de un patrón de “golpes quirúrgicos” contra nodos de liderazgo y logística del grupo.
Entre el 15 de marzo y el 6 de mayo, Washington desplegó una campaña aérea contra los hutíes en Yemen, a quienes define como fuerza respaldada por Irán. El Pentágono informó que los ataques buscaron degradar capacidades de mando y control, defensas aéreas e infraestructura asociada a armas avanzadas. La ofensiva se convirtió en uno de los capítulos más costosos y visibles del año, con el uso de municiones de largo alcance —incluyendo Tomahawk— y un cierre asociado a un cese del fuego facilitado por Omán
El 22 de junio, Estados Unidos lanzó la Operación Midnight Hammer contra instalaciones nucleares iraníes profundamente protegidas. El gobierno estadounidense informó que participaron bombarderos furtivos B-2 que emplearon municiones GBU-57 “Massive Ordnance Penetrator” sobre complejos como Fordo y Natanz, mientras un submarino de la Marina disparó misiles Tomahawk contra Isfahan.
Trump calificó públicamente el resultado como una “obliteración” de capacidades de enriquecimiento, mientras que evaluaciones oficiales posteriores hablaron de un retraso de hasta dos años en el programa nuclear iraní, de acuerdo con la misma reconstrucción.
A partir del 2 de septiembre, la administración Trump impulsó una campaña sostenida de interdicción y ataques letales en el Caribe y el Pacífico oriental, bajo el argumento de desmantelar redes de tráfico y frenar el flujo de narcóticos. Navy Times, citando al gobierno estadounidense, ubicó el saldo en al menos 106 muertos en ataques contra embarcaciones acusadas de transportar drogas.
En paralelo, el reporte de fin de año añadió un componente particularmente sensible: un ataque con drones atribuido a la CIA contra una instalación en Venezuela, descrito como la primera operación conocida dentro del país desde el endurecimiento de la campaña de presión sobre Nicolás Maduro.
El 19 de diciembre, el Comando Central (CENTCOM) informó la ejecución de la Operación Hawkeye Strike en Siria, con más de 70 objetivos asociados a ISIS en el centro del país, presentada como represalia por un ataque que causó la muerte de dos soldados estadounidenses y un intérprete civil.
El 25 de diciembre, Trump anunció ataques en Nigeria contra ISIS, coordinados con fuerzas locales y ejecutados —según la reconstrucción— con misiles Tomahawk lanzados desde una unidad naval en el Golfo de Guinea, en una decisión cargada de simbolismo por la fecha.
Aunque los ataques directos de Estados Unidos sobre territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro ocurrieron ya en enero de 2026, el episodio se inscribe como una extensión inmediata del patrón de operaciones militares iniciado durante 2025 bajo la segunda presidencia de Donald Trump.
Durante los últimos meses de 2025, Washington había intensificado su presencia militar en el Caribe y el Pacífico oriental con el argumento de combatir el narcotráfico y desarticular redes vinculadas a Venezuela. En ese marco, se registraron ataques letales contra embarcaciones, operaciones de interdicción marítima y, según múltiples reportes, un primer ataque con drones atribuido a la CIA contra una instalación costera venezolana, lo que marcó el ingreso formal de la presión militar estadounidense dentro del territorio del país sudamericano.
La operación lanzada en enero de 2026 —que incluyó ataques aéreos, acciones especiales y la posterior detención del mandatario venezolano— no representó un quiebre doctrinario, sino una escalada lógica de una campaña que ya había dejado de limitarse al plano marítimo y periférico. De hecho, el propio Trump había advertido en reiteradas ocasiones que estaba dispuesto a avanzar “más allá del mar” si consideraba que los objetivos estratégicos de Estados Unidos no estaban siendo cumplidos.
En ese sentido, Venezuela se convirtió en el primer caso en el que el ciclo de operaciones de 2025 derivó abiertamente en un cambio forzado de poder en 2026, reforzando la lectura de que la administración Trump concibe sus campañas militares como procesos continuos, más que como intervenciones aisladas o de corta duración.
El mapa de 2025 muestra una administración dispuesta a combinar campañas antiterroristas, operaciones de “golpe de precisión” y presión militar sostenida en el mar, con un discurso que promete disuasión y control del entorno. Pero también deja preguntas abiertas sobre el encuadre legal de algunas acciones, el riesgo de escaladas regionales y el costo político de mantener un ritmo de empleo de fuerza superior al de años recientes, incluso mientras Washington sostiene que busca evitar “guerras grandes” y reducir amenazas antes de que se conviertan en conflictos mayores.
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