Donald Trump amenazó con intervenir militarmente en Irán si continúa la represión a las protestas / Créditos: REUTERS/Jonathan Ernst
En una conferencia de prensa realizada este sábado 3 de enero, Donald Trump sostuvo que Nicolás Maduro y su esposa ya están bajo custodia estadounidense tras la operación militar “Absolute Resolve” lanzada durante la madrugada en Venezuela, y aseguró que Estados Unidos “va a administrar el país” hasta que se concrete una “transición segura, adecuada y juiciosa”. La declaración elevó la tensión regional y abrió una nueva fase de incertidumbre sobre quién ejerce el poder en Caracas tras los ataques.
Desde Mar-a-Lago, Trump presentó el operativo como una acción conjunta con apoyo de fuerzas militares y agencias federales, y afirmó que no hubo muertos estadounidenses, aunque reconoció lesionados. También advirtió que Washington estaría listo para un “segundo ataque, mucho mayor” si considera que la situación lo requiere.
El mandatario vinculó la operación con su campaña de “mano dura” contra el narcotráfico y acusó a Maduro de encabezar una estructura criminal. En la misma línea, aseguró que compañías petroleras estadounidenses entrarían en Venezuela para “reparar infraestructura” y reactivar el sector energético, como parte del esquema de control transitorio que describió durante sus declaraciones públicas.
Durante la cobertura en vivo, distintos medios reportaron que Trump difundió una primera imagen atribuida a Maduro bajo custodia, a bordo de un buque estadounidense, en lo que sería el traslado hacia territorio norteamericano. Paralelamente, se difundió el nombre de la operación (“Absolute Resolve”) y versiones sobre el nivel de planificación y recursos empleados en el raid nocturno.
Mientras Washington consolidaba el mensaje de “misión cumplida”, el escenario político venezolano quedó en zona gris: no está claro quién ejerce el control efectivo del Estado ni cómo se ordenarán las cadenas de mando en el corto plazo. La situación, además, reactivó el debate sobre la legalidad y autoridad de la operación, y sobre si existió consulta previa al Congreso de EE.UU., un punto que ya empezó a generar cuestionamientos políticos.
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