Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Créditos: AP - Ariana Cubillos
En los últimos meses, fuerzas de seguridad de Venezuela arrestaron a varios ciudadanos estadounidenses, según un funcionario de Estados Unidos familiarizado con el tema, en un período que coincide con el endurecimiento de la presión militar y económica de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con el The New York Times, algunos de los detenidos enfrentarían cargos criminales “legítimos”, pero EE.UU. evalúa designar al menos a dos de ellos como “wrongfully detained” (detenidos injustamente). Entre los arrestados habría tres ciudadanos con doble nacionalidad venezolana-estadounidense y dos estadounidenses sin vínculos conocidos con el país, siempre según la reconstrucción publicada por el diario.
El dato encaja con un patrón que Caracas ha utilizado en distintos momentos de tensión con Washington: convertir arrestos de extranjeros —culpables o no— en fichas de negociación. En esa lógica, el incremento de detenciones aparece como una herramienta para recuperar margen político cuando se deterioran los canales de diálogo o se acelera la coerción económica.
El trasfondo inmediato incluye un ciclo previo de conversaciones que sí había derivado en liberaciones. Trump envió a su enviado Richard Grenell a negociar un acuerdo de prisioneros días después del inicio de su segundo mandato, y que ese período de contactos permitió la liberación de 17 ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes. Pero, cuando Washington suspendió esas conversaciones y pasó a una campaña de presión más dura, las liberaciones se frenaron y el número de detenidos comenzó a subir nuevamente hacia el otoño, según el funcionario citado.
En paralelo, EE.UU. amplió su presencia militar en la región y sumó acciones que, desde la óptica estadounidense, buscan cortar flujos de financiamiento ilícito y reducir ingresos del Estado venezolano. El reportaje describe el despliegue de una “armada” naval en el Caribe y el inicio de ataques contra embarcaciones que Washington acusa de transportar drogas bajo órdenes del gobierno de Maduro. En diciembre, además, la presión se habría extendido a los cargamentos de crudo, con foco en tanqueros vinculados a exportaciones venezolanas.
El problema, advierten mandos actuales y retirados citados por el medio, es que el aumento de estadounidenses detenidos puede complicar la planificación operativa de EE.UU. en torno a Venezuela, aun cuando la seguridad de ciudadanos suele contemplarse en el diseño de misiones. En ese marco, el exjefe del Comando Sur, James Stavridis, fue citado con una advertencia directa: Maduro estaría “jugando con fuego” y el efecto podría ser el contrario al buscado, alimentando más escalada en vez de forzar una marcha atrás.
Del lado oficial, el cuadro público es incompleto. La embajada estadounidense en Colombia —que maneja asuntos venezolanos— declinó comentar y derivó consultas al Departamento de Estado, que no respondió a pedidos de comentario, según el artículo. Venezuela, por su parte, tampoco respondió a solicitudes a través de su Ministerio de Comunicación, lo que mantiene en la sombra la identidad de la mayoría de los detenidos recientes.
El artículo también suma testimonios sobre condiciones carcelarias y la lógica de detenciones sin debido proceso, a partir de relatos de liberados en intercambios previos. Un detenido liberado, Renzo Huamanchumo Castillo, describió golpes, agua en mal estado y acusaciones graves como “terrorismo” y conspiración, que —según su versión— no tenían sustento y lo convirtieron en “un token”. En ese contexto, el medio menciona que al menos otras dos personas con vínculos con EE.UU. seguirían encarceladas, incluyendo a un residente permanente y a un ciudadano venezolano-estadounidense.
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