La administración de Donald Trump anunció este viernes su intención de ampliar la lista de países cuyo acceso a Estados Unidos será restringido, elevando el número a “más de 30”, según declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. En una entrevista televisiva reconoció que el presidente continúa evaluando nuevas naciones para sumar al veto migratorio, aunque no precisó cuáles.
En este sentido, la medida profundiza una política ya lanzada en junio de este año, cuando Trump firmó una proclama que vetó la entrada a ciudadanos de 12 países y restringió el ingreso desde otros 7. Esa normativa apuntaba a proteger al país de amenazas como “terroristas extranjeros u otras amenazas a la seguridad nacional”.
Dicha restricción alcanza tanto a inmigrantes como a visitantes temporales -turistas, estudiantes, viajeros de negocios- y representa una escalada que, de concretarse, podría convertirse en una de las más amplias de la historia reciente de Estados Unidos.
La funcionaria estadounidense defendió la extensión del veto migratorio argumentando que muchos de los países bajo consideración no cumplen estándares mínimos de gobernabilidad o cooperación en procesos de verificación de identidad. En sus palabras, “si no tienen un gobierno estable, si no pueden decirnos quiénes son esas personas y ayudar a investigarlas, ¿por qué deberíamos permitir que gente de ese país venga a Estados Unidos?”
El anuncio surge en un momento de movilización interna en Washington. La reciente muerte de dos miembros de la Guardia Nacional, presuntamente a manos de un ciudadano afgano que ingresó al país mediante un programa de reasentamiento en 2021, fue citada por la Casa Blanca como una de las causas para endurecer las políticas migratorias. Tras ese hecho, la administración suspendió la tramitación de asilos, emisiones de visas, y revisa Green Cards y naturalizaciones otorgadas bajo la gestión anterior.
El amplio alcance de la posible expansión desata interrogantes sobre su impacto y también plantea posibles implicaciones diplomáticas, dado que muchas naciones podrían reaccionar ante un veto generalizado que las privaría abruptamente del acceso a territorio estadounidense, dificultando el tránsito internacional, la cooperación académica, comercial o humanitaria. Esta nueva ofensiva migratoria confirma que la segunda administración Trump apuesta por un endurecimiento drástico de las fronteras.
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