La economía mexicana opera bajo una paradoja peligrosa: captar cifras históricas de Inversión Extranjera Directa (IED) sin lograr estabilizar sus cuentas públicas ni traducir el auge industrial en prosperidad social distribuida. Al cierre de 2025, México rompió su techo histórico con flujos de capital superiores a los 40.900 millones de dólares, impulsados por la relocalización de cadenas de suministro, pero la deuda pública escaló simultáneamente hasta niveles cercanos al 52,3% del PIB. Esta desconexión entre el éxito comercial y la salud fiscal expone la fragilidad del modelo de nearshoring actual, que reproduce vicios maquiladores en vísperas de la revisión del T-MEC en julio de 2026, un evento diplomático que amenaza con redefinir las reglas de juego de la integración norteamericana.
El éxito volumétrico de la inversión es innegable, pero su calidad es cuestionable. El fenómeno del nearshoring no surgió de una política industrial soberana, sino como respuesta reactiva a las tensiones geopolíticas globales y los aranceles comerciales impuestos por Washington. El Banco de España y la CEPAL confirman que México ha sido el principal receptor de la desviación de comercio desde Asia, concentrando más del 72% de las inversiones regionales relacionadas con este fenómeno. No obstante, la estructura productiva nacional sigue atrapada en eslabones de bajo valor agregado, priorizando el ensamblaje final para exportación en lugar de la transferencia tecnológica profunda.
Esta dinámica ha generado un mercado laboral dual que perpetúa brechas estructurales. Mientras la manufactura del norte del país reporta pleno empleo, los salarios reales no acompañan el crecimiento de la productividad. Datos recientes indican que la productividad manufacturera aumentó un 1,2% en el primer semestre de 2025, pero el salario promedio del sector permanece anclado en torno a los 4,20 dólares por hora. Esta “competitividad espuria”, basada en la compresión salarial y no en la innovación, permite que las ganancias de eficiencia sean capturadas casi íntegramente por las matrices corporativas extranjeras, limitando el efecto multiplicador en el consumo interno.
El conflicto fiscal es la consecuencia más grave y menos visible de este modelo. A pesar del récord de inversión, la recaudación tributaria se mantiene estática en un 14,6% del PIB, según estimaciones del CIEP basadas en los criterios oficiales de Hacienda para 2025. Esta cifra resulta insuficiente para financiar las necesidades de infraestructura que la propia industria demanda. BBVA México alerta en su reporte de Situación Regional Sectorial que, aunque regiones como el norte muestran dinamismo industrial, existen fuertes brechas de infraestructura y acceso al crédito que limitan el potencial de crecimiento. El gobierno federal apostó por incentivos fiscales masivos —como el decreto de relocalización que permite deducciones inmediatas de activos fijos— bajo la premisa de que el volumen de actividad compensaría la menor carga impositiva.
Las empresas multinacionales optimizan sus estructuras tributarias globales, ubicando sus centros de ganancia en jurisdicciones de baja tributación, mientras que las operaciones mexicanas permanecen como centros de costo o ensamblaje. El resultado es un círculo vicioso: menor recaudación requiere mayor endeudamiento, lo que reduce el espacio fiscal para inversión pública complementaria.
El escenario macroeconómico para el cierre de 2025 confirma el agotamiento del rebote post-pandemia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó su proyección de crecimiento para México a un modesto 1%, una cifra que contrasta con el dinamismo de otros mercados emergentes como Vietnam o India. La economía mexicana crece a dos velocidades desconectadas: un norte dinámico integrado a la cadena de valor de Texas y un sur rezagado que depende de transferencias públicas, sin que el nearshoring logre actuar como puente integrador entre ambas realidades geográficas.
La falta de inversión pública complementaria está actuando como un cuello de botella crítico y amenaza con neutralizar los beneficios potenciales del nearshoring. Según México Evalúa, la inversión física pública programada para 2025 representa apenas el 2,3% del PIB, el nivel más bajo en una década. Esta austeridad en infraestructura energética y logística erosiona la competitividad sistémica del país. Los parques industriales reportan saturación en la capacidad de transmisión eléctrica y escasez de agua en zonas clave como el Bajío y el norte, obligando a las empresas privadas a asumir costos de infraestructura que en otros países competidores son provistos por el Estado.
La crisis energética y de agua en el norte de México no es coyuntural, sino estructural. Los centros manufactureros demandan electricidad barata y agua abundante, dos recursos que el Estado mexicano no puede garantizar en cantidad ni en precio competitivo. Esto empuja a las empresas privadas a invertir en plantas solares propias, sistemas de captura de agua y generadores, elevando sus costos operacionales. En comparación, Vietnam y otros competidores asiáticos ofrecen infraestructura estatal de calidad comparable a menor costo.
La fragilidad interna se agrava ante la inminencia de la revisión del T-MEC, cuya cláusula de revisión se activará en julio de 2026. Moody’s advierte que la sola expectativa de esta renegociación ya está paralizando decisiones de inversión a largo plazo. La presión de Washington para endurecer el cumplimiento de las reglas de origen —actualmente en un 75% de Valor de Contenido Regional— amenaza con desmantelar cadenas de suministro que hoy dependen de componentes asiáticos.
La industria automotriz anticipa un escrutinio inédito sobre el origen del acero, aluminio y software, lo que en la práctica podría elevar las barreras de entrada y expulsar del tratado a plantas que no logren sustituir su proveeduría china en tiempo récord. Si las reglas se endurecen sin un periodo de transición adecuado, muchas plantas instaladas en México podrían perder los beneficios arancelarios, haciendo inviable su operación frente a plantas ubicadas directamente en territorio estadounidense.
Un riesgo específico es la ofensiva contra la triangulación de capital chino. Estados Unidos busca endurecer las reglas de origen para evitar que México sirva como “puerta trasera” para productos asiáticos. Esto coloca a México en una posición diplomática delicada: debe elegir entre mantener su atractivo para la inversión china —que ha sido un motor clave en sectores como electromovilidad y autopartes— o blindar su acceso preferencial al mercado norteamericano. Un endurecimiento de las reglas podría provocar la salida de inversiones asiáticas que ya operan en el país, sin garantía de que sean reemplazadas por capital estadounidense o canadiense.
La competencia global no ofrece tregua mientras México resuelve sus dilemas diplomáticos. Países como Vietnam se han posicionado agresivamente para capturar la siguiente ola de relocalización. El reporte World Investment Report 2025 de la UNCTAD revela que Vietnam figura entre los principales destinos de inversión greenfield (nuevos proyectos) a nivel global, superando a México en la captación de proyectos de alta tecnología en relación con el tamaño de su economía. Además, un análisis reciente del Harvard Growth Lab destaca que Vietnam ha logrado aumentar su cuota de mercado en Estados Unidos mediante la introducción de nuevos productos, mientras que México ha crecido principalmente expandiendo el volumen de lo que ya exportaba tradicionalmente. Esta diferencia cualitativa subraya que la ventaja geográfica mexicana está siendo erosionada por la mayor sofisticación productiva y eficiencia logística de sus competidores asiáticos.
La proximidad a Estados Unidos, que una vez fue una ventaja insuperable para México, pierde relevancia conforme la logística global se optimiza y las cadenas de valor se despliegan en bloques continentales completos. Si una empresa puede producir en Vietnam y transportar a California con eficiencia comparable, ¿por qué pagaría primas salariales y normas laborales más altas en México? La respuesta tradicional —el T-MEC— está siendo cuestionada justamente en la revisión que se avecina.
Ante este panorama, la respuesta del gobierno mexicano ha sido inercial, confiando en que la gravedad de la integración económica disuadirá cualquier ruptura. Sin embargo, esta pasividad ignora el cambio en el clima político de Washington, donde el proteccionismo industrial es ahora una política de estado bipartidista. La falta de una estrategia proactiva de cabildeo y de diversificación de mercados deja a la economía mexicana expuesta a los caprichos del ciclo electoral estadounidense.
México enfrenta, por tanto, una encrucijada histórica de cara al próximo ciclo económico. La continuidad de la política actual, basada en incentivos fiscales sin contrapartidas de cumplimiento y salarios comprimidos, mantendrá al país en un equilibrio inestable. En este escenario, la especialización en manufactura de bajo valor agregado continuará acumulando pasivos públicos mientras las ganancias privadas se repatrían.
La alternativa requiere cambios estructurales en la política tributaria que vayan más allá de la recaudación inercial. México debe avanzar hacia la implementación del Pilar 2 de la OCDE, un estándar internacional que establece un impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales. Esta medida permitiría al Estado capturar una proporción justa de la renta generada por el nearshoring, evitando la erosión de la base imponible que hoy permite a grandes corporaciones trasladar beneficios a jurisdicciones de baja tributación. Como advierte el Colegio de Contadores Públicos de México en su análisis sobre los desafíos del nearshoring, la ausencia de una política de Estado que combine incentivos eficientes con certidumbre jurídica y fortaleza fiscal es el principal obstáculo para convertir estas inversiones en desarrollo duradero a largo plazo.
Simultáneamente, es imperativo reemplazar los incentivos fiscales incondicionales por una política industrial selectiva. Los estímulos a la inversión extranjera no deben ser transferencias automáticas; deben estar condicionados a metas verificables: transferencia de tecnología, integración de cadenas de valor nacionales y cumplimiento ambiental. Este enfoque no representa proteccionismo, sino una asignación más eficiente del capital público escaso, particularmente considerando que México enfrenta restricciones presupuestarias en infraestructura, educación y transición energética. Sin estos recursos adicionales y sin condicionamientos claros al comportamiento empresarial, el margen fiscal para financiar estos rubros estratégicos seguirá siendo insuficiente.
Sin estas reformas, el nearshoring permanecerá como un fenómeno cíclico, vulnerable a las fluctuaciones de la política comercial global. La revisión del T-MEC en julio de 2026 y la competencia acelerada de Vietnam por proyectos de inversión greenfield crearán presiones estructurales que una economía con deuda al 52% del PIB y baja inversión pública (2,3% del PIB) tendrá dificultades para absorber. El resultado proyectado por el FMI —crecimiento de apenas 1,0% para 2025— no ofrece margen de maniobra para enfrentar estos desafíos simultáneos.
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Excelente redactora. Un tema bien enfocado y explicado