Honduras elige este domingo 30 de noviembre a su próximo presidente en una contienda partida en tres. Rixi Moncada, delfín del oficialismo de Libre y bendecida por la presidenta Xiomara Castro, el empresario conservador Nasry Asfura, y el veterano Salvador Nasralla, serán los candidatos que disputarán por el liderazgo de su país.
Más de 6,3 millones de hondureños están habilitados para votar en una sola vuelta: presidente, Congreso, alcaldías y Parlamento Centroamericano. Quien gane, recibirá un país con problemas en la microeconomía, con una inflación acelerada y una deuda pública que supera los 18.000 millones de dólares. La economía de Honduras está atada a las remesas que llegan desde Estados Unidos y España, y de la inversión extranjera directa. A esto se le suma un mercado laboral donde el empleo formal es un privilegio, y la palabra “futuro” suena más a promesa que a un plan. Desafío para el próximo presidente.
Honduras forma parte de una región prejuzgada por el tamaño de sus países, combina ciudades pequeñas, empleo informal, turismo para las clases altas, y playas turísticas, con un Estado que llega tarde, o directamente no llega.
“Es una elección crucial: se juega la continuidad del gobierno de Xiomara Castro y de Libre, el partido que Manuel Zelaya armó tras el golpe de 2009”, define Pablo Macia, polítologo de la UBA, miembro del Observatorio del Sur Global y parte de una misión de observación electoral en Honduras. “Hoy el país está en un escenario de tercios: tres fuerzas fuertes y un sistema en el que, si ganás por un voto, te quedás con todo”.
Quiénes son los candidatos
Entre los candidatos aparece el nombre de Rixi Moncada, quien encarna la continuidad de la gestión actual de Xiomara Castro, pero con un giro ideológico. Moncada habló de “democratizar la economía”, terminar con el modelo “controlado por 25 grupos económicos y 10 familias” e imponer un impuesto a los ricos. Propone empresas, públicas estratégicas y créditos baratos para jóvenes y pequeños productores, además de una reforma judicial “frontal contra la corrupción”.
Por otro lado, aparece Nasry Asfura, que llega como la carta fuerte de la derecha. Es un empresario de la construcción, con experiencia política como exalcalde de Tegucigalpa, y con un apodo particular, “Papi a la orden”. Mejor ni preguntamos, simplemente Centroamérica. Asfura ofrece mayor infraestructura, un plan para levantar 550.000 viviendas sociales y una economía de libre mercado apoyada en un modelo híbrido público-privado. En los últimos días, Asfura recibió él apoyó de Donald Trump, que en la víspera de los comicios indultó al expresidente Juan Orlando Hernández, mismo que había sido condenado por narcotráfico en Estados Unidos. El gesto del republicano reabrió el debate sobre la sombra del “narcoestado” y la influencia de Washington en estas elecciones, en un contexto en el que Trump avanza en la región.
El expresidente, Juan Orlando Hernández, “armó un narcoestado desde el propio aparato estatal y hoy está preso en Estados Unidos”, resume Macia. “Nasry Asfura es el candidato del partido que gobernó esos años y ahora Trump interviene abiertamente, llamando a votar por un dirigente que fue parte de ese esquema y prometiendo incluso indultarlo”.
Para Macia, no es un exabrupto aislado, sino la forma en que Washington intenta reordenar su patio trasero: “Estados Unidos está diciendo que va a apoyar económica y políticamente a los sectores que hoy están en la oposición, y eso muchos lo leen como una afrenta directa a la soberanía hondureña”.
“La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional“, publicó Trump en redes sociales.
Fiel al alineamiento automático de Argentina con Estados Unidos, el presidente Javier Milei replicó el apoyó a Asfura: “La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022. Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras. Tal como planteamos esta semana en la OEA, seguimos muy de cerca el proceso electoral en Honduras para que se respete la voluntad popular y la libertad en la región”.
Mientras que, Salvador Nasralla se vende como el outsider que ya no es outsider. El ingeniero y figura de la televisión local, compite por tercera vez en la carrera presidencial, ahora con el Partido Liberal. Su promesa central es una comisión internacional contra la corrupción, que reúna a expertos extranjeros que investiguen sin padrinazgos políticos. En lo económico apuesta a atraer inversión, reducir burocracia y reactivar la agricultura. También ofrece un viraje en la política exterior y ofrece romper relaciones con Venezuela si no hay transición política en Caracas.
Los tres candidatos tocan puntos en común al observar su agenda si mañana asumen a la presidencia, pero desde lugares distintos y con manuales diferentes. Moncada promete profundizar el giro del partido popular Libre y más Estado; Asfura quiere estabilizar el país con orden e inversiones; Nasralla intenta capitalizar el hartazgo con todo el sistema. En un país sin segunda vuelta, el presidente saldrá de una minoría intensa. Un voto cambia todo, y te manda a gobernar cuatro años sobre un mosaico social fragmentado.
Todo muy lindo, pero el contexto no ayuda. Honduras llega a las urnas bajo un estado de excepción contra el crimen organizado que se renovó una y otra vez desde 2022. Los hondureños consideran que sus derechos se perdieron en los últimos años de Xiomara Castro, y el Ejército y la Policía de Honduras tomaron protagonismo en la vida pública.
En los últimos años, organismos de derechos humanos denunciaron abusos, detenciones arbitrarias y una “normalización” de medidas extraordinarias que, en teoría, debían ser temporales. Bajó el paraguas de combatir al crimen organizado, uno debe ceder sus derechos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) instó al gobierno hondureño a “poner fin” al estado de excepción, citando abusos sistemáticos a manos de las fuerzas de seguridad. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó ya a Honduras sobre el estado de excepción: “La seguridad no puede estar en manos del Ejército”.
Joaquín Mejía, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, un grupo hondureño de defensa de los derechos humanos, cree que tales abusos son una tendencia bajo el estado de excepción. “El mayor efecto negativo es lo que registró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: que, de diciembre de 2022 a diciembre de 2024, 798 denuncias a nivel nacional por abusos a los derechos humanos son atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado”, dijo Mejía.
Un fenómeno regional, del que Honduras no se baja
Los estados de excepción no son rareza en América Latina y el Caribe: entre 2020 y 2023 se declararon cerca de 30, desde Ecuador y Belice hasta Perú. Pero la oficina del Alto Comisionado de la ONU advirtió que, en Honduras, una emergencia prolongada corre el riesgo de volverse “nueva normalidad” y abrir la puerta a violaciones sistemáticas de derechos humanos, en un país con instituciones frágiles y control civil débil sobre las fuerzas de seguridad.
En Honduras, la izquierdista Xiomara Castro llegó al poder prometiendo desmilitarizar el país, pero decretó el estado de excepción antes de cumplir un año en el cargo, en respuesta a un salto de asesinatos ligados a la extorsión: bandas que ofrecen protección o muerte según el pago. El diseño de la medida copia, en parte, la cruzada de mano dura de Nayib Bukele en la vecina El Salvador, con la misma pregunta de fondo: ¿seguridad más rápida a costa de más autoritarismo?
Si nos ponemos técnicos y literales, autoritarismo no hay porque hay elecciones competitivas, alternancia y oposición con chances reales de ganar. Pero las democracias ya no se rompen solo con golpes, se vacían desde adentro. Honduras figura hoy como país “parcialmente libre” en los rankings de libertades políticas y civiles, con instituciones débiles, justicia politizada y corrupción estructural que erosiona cualquier equilibrio de poderes.
En los papeles, la administración actual de Xiomara Castro mejoró algo los indicadores duros. Bajaron los homicidos y el desempleo, sumado a un elogio del FMI por su disciplina fiscal. No todo es color de rosas, porque no logró desmontar el entramado de corrupción -que no puedo explicar en este artículo por la extensión que ello llevaría- ni reconstruir la confianza en las instituciones.
Lo que más se habla en las calles de Honduras, cuando no está el Gran Hermano de Orwell espiando, es sobre la prolongación del estado de excepción, lo que publican los medios extranjeros sobre el autoritarismo del gobierno de Castro, y las detenciones a periodistas y activistas. Hay una gigante percepción alimentada por una serie de eventos que pusieron al gobierno en un lugar incómodo. El uso del aparato estatal como arma política, y no como árbitro.
“La opinión pública acá está partida en dos grandes campos”, describe Macia. “Los sectores populares, campesinos y trabajadores apoyan en general a Xiomara Castro y a Rixi Moncada porque el gobierno tocó los intereses de los grupos económicos más concentrados: revisó contratos energéticos, empezó a cobrar impuestos que antes no se pagaban y destinó recursos a salud, rutas y educación”. Del otro lado están las élites, los grupos económicos más fuertes y parte de las clases medias, que leen esas reformas fiscales como un ataque directo a sus privilegios”, agrega. “Ahí aparece el miedo al ‘populismo’ y la idea de que un gobierno de Libre espanta inversiones o pone en riesgo la propiedad privada”.
“La intervención de Trump también polariza”, dice Macia. “Para un sector es una afrenta a la soberanía hondureña; para otros, más colonizados, suena a garantía de ayuda económica. Esa grieta atraviesa las charlas en la calle: entre los que quieren un Estado que cobre impuestos a los de arriba y los que prefieren alinearse con Washington aunque eso suponga volver a la lógica del viejo narcoestado”.
La fe democrática está en el piso. Honduras es el país de América Latina donde menos gente dice preferir la democracia por sobre cualquier otro régimen, apenas tres de cada diez según Latinobarómetro. En un territorio donde miles migran cada año hacia Estados Unidos escapando de la violencia, la extorsión y la falta de trabajo, la urna de este domingo se convierte más en herramienta de castigo que en voto de esperanza.
En paralelo, aparece el fantasma del fraude sobrevuela la elección antes de que se cuente el primer voto. El oficialismo denuncia un supuesto complot de dirigentes del Partido Nacional y militares para manipular el TREP, apoyado en 26 audios que el Ministerio Público investiga. La oposición responde que esas grabaciones están editadas, habla de “teatro” del Gobierno y acusa a Libre de preparar el terreno para desconocer un resultado adverso. El recuerdo de 2017 —apagón de datos, giro del conteo, más de veinte muertos en la represión— convierte cualquier duda en amenaza concreta de estallido.
Las elecciones en Honduras son algo más que Moncada, Asfura y Nasralla. Son un examen para una democracia de baja intensidad. Un sistema que cumple con el calendario electoral, pero tambalea cuando se trata de garantizar reglas claras, árbitros independientes y perdedores dispuestos a aceptar el resultado.
