El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que apoyaría un proyecto de ley que permitiría imponer sanciones drásticas a los países que comercian con Rusia, especialmente aquellos que compran energía rusa. Según declaraciones recientes, estas medidas podrían incluir aranceles de hasta 500 % sobre las importaciones procedentes de naciones que mantienen relaciones comerciales con Moscú.
En este sentido, Trump justificó esta postura al afirmar que los países que continúan comprando petróleo o gas rusos están “alimentando la guerra” contra Ucrania. “Los republicanos están presentando una legislación muy dura a cualquier país que haga negocios con Rusia”, afirmó el mandatario, mencionando también explícitamente a India y China como objetivo principales.
El proyecto al que Trump hace referencia es el denominado Sanctioning Russia Act de 2025, promovido por el senador republicano Lindsey Graham. La propuesta contempla que el presidente de Estados Unidos pueda aplicar esos aranceles extremos a países compradores de energía rusa, aunque incluye una cláusula que permitiría otorgar una exención (“waiver”) por 180 días en caso de intereses de seguridad nacional. Trump incluso dijo que podría considerar añadir a Irán a la lista de sancionados.
Según un informe de Bloomberg, el proyecto de ley, de ser aprobado, permitirá a Trump imponer aranceles de hasta el 500 por ciento a las importaciones procedentes de países que compran productos energéticos rusos y no apoyan a Ucrania. Esta escalada se produce en paralelo a medidas ya tomadas por la administración Trump. En agosto de 2025, el presidente decretó un arancel adicional del 25 % sobre productos indios, que se sumó al 25 % existente, llevando los gravámenes para India al 50 %, como consecuencia de sus compras de energía rusa.
Para el mandatario estadounidense, esta medida podría servir como palanca de negociación, ya que al estrechar aún más el cerco económico sobre Rusia, espera forzar a Moscú a retroceder o a negociar un alto al fuego en Ucrania. En ese contexto, el respaldo al proyecto de ley no solo es una sanción, sino también una herramienta de presión geopolítica estratégica.
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