El 28 de octubre, un operativo conjunto de la Policía Civil y Militar en las favelas de Alemão y Penha dejó más de 120 muertos y 81 detenidos. La acción, dirigida contra el Comando Vermelho, reabrió el debate sobre la militarización de la seguridad pública en Río de Janeiro, Brasil.
El Comando Vermelho y la raíz del conflicto urbano
El Comando Vermelho (CV) es considerado la mayor organización criminal de Brasil. Nació en los años setenta como un grupo de autoprotección dentro de un centro penitenciario y se consolidó una estructura criminal que se extendió a 26 estados. Así, su presencia en zonas urbanas vulnerables convirtió el combate al CV en uno de los ejes permanentes de la política de seguridad pública del Estado de Río. Según las autoridades, el operativo del 28 de octubre buscaba frenar la expansión territorial del CV y capturar a sus líderes regionales. Para ello se movilizaron más de 2.500 agentes en zonas de difícil acceso de los complejos Alemão y Penha.
La operación dejó más de 120 personas fallecidas y 81 detenidas, además de la incautación de armas de grueso calibre. Sin embargo, organizaciones locales reportaron que varios de los fallecidos eran jóvenes residentes de las favelas y no combatientes del CV. Ante ello, Amnistía Internacional señaló que el operativo “podría constituir un uso desproporcionado de la fuerza y una violación sistemática de derechos humanos”. Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por la letalidad del despliegue y el trato hacia los habitantes de las comunidades afectadas.
Una intervención marcada por narrativas opuestas
El gobernador Cláudio Castro sostuvo que la operación fue exitosa, argumentando que el área de enfrentamiento era “boscosa” y sin presencia de civiles, por lo que las víctimas mortales —excepto cuatro policías— serían criminales. Sin embargo, residentes y activistas cuestionaron esta versión. Organizaciones de derechos humanos documentaron casos de jóvenes vinculados al CV únicamente por estereotipos o por publicaciones en redes sociales con símbolos de color rojo, lo que alimentó acusaciones de racismo estructural y uso arbitrario de perfiles criminales.
A nivel interno, activistas como Rute Sales mencionan que este acontecimiento debe ser condenado pues se encuentra un patrón de acción violento contra las favelas en el gobierno cuando se acercan elecciones. Por lo que, este estaría usando de manera instrumental la lucha por la seguridad nacional con fines políticos. A nivel externo, Brasil enfrenta presiones sobre su imagen internacional: informes recientes de organismos como el Departamento de Estado de Estados Unidos ubican al país entre los de mayor riesgo de violencia armada en la región. En el contexto internacional se añade otra capa a la discusión, pues Brasil será sede de la COP30, lo que incrementa el interés gubernamental por proyectar estabilidad y control territorial ante delegaciones y potenciales inversionistas.
Seguridad, inversión y gobernanza urbana
Grandes eventos internacionales, como conferencias ambientales o mundiales deportivos, suelen convertirse en motores de inversión y visibilidad global. En ese marco, el Estado brasileño prioriza políticas de seguridad que generen confianza entre socios estratégicos y actores corporativos. No obstante, este enfoque tiende a privilegiar intervenciones de alto impacto policial en lugar de estrategias sostenidas de prevención y desarrollo comunitario.
Un modelo que prioriza el impacto mediático sobre la prevención
La atención mediática sobre el operativo permitió al gobierno mostrar firmeza frente al crimen organizado. Pero para muchas comunidades de las favelas, la operación evidenció un Estado más preocupado por su reputación internacional que por abordar las causas estructurales de la violencia urbana. El caso del 28 de octubre refleja esta tensión: el debate público se centró más en la espectacularidad de la operación que en su efectividad para desarticular la compleja gobernanza financiera y territorial del Comando Vermelho.
En suma, la operación del 28 de octubre ilustra los límites de un modelo de seguridad que privilegia la fuerza sobre la prevención y la inclusión social. Mientras la violencia se mantiene como herramienta política y comunicacional, el tejido social en las favelas continúa fragmentándose. El Comando Vermelho conserva su capacidad financiera y territorial, lo que sugiere que las intervenciones de alto impacto, por sí solas, no alteran la estructura profunda del conflicto urbano en Río de Janeiro.
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