La formación de una flota estadounidense cerca de las costas de Venezuela, así como los recientes bombardeos de embarcaciones en el Caribe sur, hacen preguntarse a muchos si Estados Unidos busca un cambio de régimen en Caracas.
Desde septiembre de 2025, Estados Unidos realizó al menos seis ataques a embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, con un saldo de al menos 27 muertos. Paralelamente, se desplegó alrededor de 10.000 tropas estadounidenses, destructores con misiles Tomahawk, aviones F-35 y bombarderos B-52 en el Caribe, a tan solo 12 millas de Venezuela. Además, el presidente Donald Trump aprobó públicamente la realización de misiones encubiertas de la CIA en el país latinoamericano. Este tipo de despliegue plantea la posibilidad de que la región se convierta en un teatro de operaciones más amplio, de consecuencias imprevisibles.
Oficialmente, Estados Unidos argumenta que su despliegue responde a la búsqueda de frenar el envío de drogas a sus costas, un argumento que tiene algunos bemoles. El Informe Europeo sobre Drogas 2024, elaborado por la Agencia de Drogas de la Unión Europea, señala a Colombia, Ecuador y Brasil como los principales exportadores de cocaína de la región, mientras que, en el mismo año, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito colocó a Venezuela como el séptimo país de América Latina en términos de incautación de cocaína, con 35 toneladas incautadas que lo dejan lejos de Colombia (279,7 toneladas), Ecuador (252 toneladas) y Panamá (99 toneladas).
Es decir que, aunque Venezuela es señalada como parte del ecosistema del tráfico ilegal de estupefacientes, sobre todo en su tránsito, los datos oficiales de agencias internacionales no lo colocan como un actor principal en este mercado ilícito. En paralelo, la situación de otros países como Ecuador, aliado estadounidense donde el aumento de la violencia asociada al narco y la producción de cocaína es palpable, no han motivado vinculaciones entre estas organizaciones criminales y la política.
Además, el departamento de Defensa de Estados Unidos no informó en ningún momento las identidades de las al menos 27 personas que murieron en los ataques a embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico. En uno de los casos, una familia de Trinidad y Tobago sostuvo que uno de sus integrantes, al que desligaron de vinculaciones al narcotráfico, había sido asesinado en uno de los operativos, y pidió respuestas que todavía no llegaron a Washington D.C.
¿Un cambio de régimen, detrás de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe?
Distintos especialistas en Derecho Internacional aseguran que los bombardeos se asocian al “narcoterrorismo” como una manera de justificar la intervención de un ente militar en un área que por lo general compete a autoridades policiales.
Sin embargo, este enfoque es peligroso y forzado, como señaló por ejemplo John Yoo, que fue miembro del Departamento de Justicia cuando la administración de George W. Bush declaró la guerra a una organización no estatal como Al Qaeda tras los ataques del 11 de septiembre: “El daño causado por los narcóticos ilícitos es innegable (…) pero Estados Unidos no puede confundir crimen con guerra. Hacerlo ampliaría peligrosamente el rango del uso de la fuerza militar hacia áreas de problemas sociales ordinarios, y erosionaría el estado de derecho”. En este sentido, Yoo diferencia el 2001 del 2025: “La fuerza armada solo está justificada cuando un enemigo nos ataca por razones políticas —como con al Qaeda, Hezbollah, o Hamas— con la violencia que usualmente poseen las naciones (…) pero el uso del ejército no es apropiado contra criminales, incluso carteles poderosos”.
Estados Unidos ha acusado a Nicolás Maduro de liderar durante más de una década el Cartel de los Soles, denominación que engloba de manera general a las vinculaciones del estado venezolano con el narcotráfico. En paralelo a la construcción de su fuerza en el Caribe sur, el Departamento de Estado ofreció hasta U$D 50 millones a quienes puedan facilitar “información que conduzca al arresto y/o condena de Nicolás Maduro“.
De esta manera, se observa que, aunque Estados Unidos no haya intervenido de manera directa aún en Venezuela, sí ejerce una presión sobre el régimen de Maduro que bien podría derivar en un cambio de régimen, algo que sin dudas sería bienvenido pro Washington D.C., pero que no está claro que pueda ocurrir en el corto plazo sin su intervención.
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