La tensión política y social en Ecuador escaló luego de que el Ejército ejecutara un operativo con lanzacohetes BM-21 Grad contra presuntos campamentos de minería ilegal en la parroquia de Buenos Aires (provincia de Imbabura). La acción, justificada por el gobierno como parte de la “defensa de la soberanía territorial ante organizaciones criminales transnacionales”, marca un punto de inflexión: por primera vez en décadas se empleó artillería de saturación en un operativo interno.
Las Fuerzas Armadas informaron que el objetivo fue neutralizar estructuras logísticas de minería ilegal consideradas parte de redes vinculadas al contrabando de oro, trata de personas y tráfico de armas. Según el comando conjunto, se trató de un “ataque quirúrgico” llevado adelante en coordinación con inteligencia militar y sin afectación a poblaciones civiles. Sin embargo, organizaciones locales y actores de derechos humanos cuestionaron la proporcionalidad del uso de armamento de guerra en territorio nacional.
Buenos Aires: epicentro de una crisis de seguridad interna
La localidad de Buenos Aires, en Imbabura, se convirtió en los últimos años en un foco permanente de economía criminal, disputa territorial y explotación clandestina. Desde 2017, la zona registra un flujo sostenido de mineros ilegales, grupos armados locales y redes extranjeras, que operan en torno a yacimientos auríferos no regulados. Informes previos del Estado habían detectado presencia de bandas ligadas al crimen organizado regional.
El despliegue militar no es aislado: forma parte del estado de excepción y del nuevo enfoque de “guerra interna” contra las mafias extractivas anunciado por Quito. En ese marco, el Ministerio de Defensa autorizó el empleo de fuerza militar con apoyo artillero, algo que profundiza la militarización de regiones andinas que históricamente no habían sido escenario de operaciones de este nivel.
Alarma política y repercusiones internacionales
La decisión del gobierno encendió alertas en sectores políticos opositores y organismos internacionales, que cuestionan la legalidad del ataque y la ausencia de información pública verificable. Representantes sociales de Imbabura denunciaron posibles desplazamientos forzados y riesgo humanitario en zonas rurales, mientras que referentes del sistema interamericano de derechos humanos reclamaron garantías para la población civil.
Analistas de seguridad advierten que, aunque la operación busca cortar las rutas del oro ilegal y reafirmar autoridad estatal, el uso de fuego indirecto puede escalar el conflicto y consolidar lógicas de guerra asimétrica en Ecuador. También observan con preocupación el creciente rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, algo que ya es tendencia en otros países de la región como México o Brasil.
¿Un punto de inflexión en la doctrina militar ecuatoriana?
El empleo de los BM-21 Grad, un sistema de artillería de origen soviético diseñado para operaciones de combate convencional, revela un cambio en la doctrina militar local: de la contención policial al golpe militar preventivo. Este enfoque, asociado al combate de economías ilegales tipo “teatro de operaciones”, abre interrogantes estratégicos.
¿Se consolidará una doctrina de guerra interna contra actores no estatales? ¿La militarización podrá desmantelar las economías criminales o empujará su mutación y expansión? ¿Habrá costo político y diplomático por el empleo de armamento de alto impacto en zonas pobladas? Lo que está claro es que Buenos Aires se convirtió en un laboratorio táctico del nuevo modelo de seguridad ecuatoriano, y su evolución será determinante para la estabilidad nacional.
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Sin una política clara de estado, donde militares tenga seguridad jurídica, esto no llegará a buen puerto, y lo peor es que sucederá como en Argentina y Colombia: Los militares presos y condenados, y lis terroristas criminales libres y exonerados🤦
Más que todo es teatro. Hubiese sido mucho más efectivo y menos costoso dinamitar las bocaminas con un contingente militar en el territorio en vez de gastar cuanta plata en lanzar misiles, sin tener idea que acertaron a todas las minas abandonadas. Tomen nota que el estado demoró 8 años para tomar una acción decisiva para frenar la minería en no regulada en Buenos Aires. Ocho años de impunidad, crimen, violencia y corrupción. La pregunta del siglo es quienes encubrieron a los mineros ilegales y a cuantos gobernantes, policías y militares corrompieron para minar Buenos Aires todo ese tiempo. Pregunta incómoda pero clave para entender la plaga de la minería no regulada en éste y cualquier otro país.