Algunas tropas se unieron a los manifestantes en la capital el sábado [AFP via Getty Images].
Madagascar enfrenta una ruptura institucional tras la irrupción del Ejército en el poder. En la mañana del miércoles, el coronel Michael Randrianirina, comandante de la unidad militar de élite CAPSAT, anunció públicamente que las Fuerzas Armadas toman el control del país luego de que el Parlamento votara la destitución del presidente Andry Rajoelina.
La declaración militar se realizó frente al Palacio Presidencial en Antananarivo, la capital. Randrianirina informó la formación de un Consejo Militar que ejercerá el gobierno de transición y designará a un primer ministro para integrar una administración “provisional” con componentes civiles y de seguridad.
Mientras tanto, el paradero de Andry Rajoelina es incierto. Fuentes locales reportan que habría abandonado el país por razones de seguridad, mientras su oficina denuncia un “golpe de Estado” e insiste en que sigue siendo el presidente legítimo.
Rajoelina afrontó semanas de protestas masivas, encabezadas principalmente por jóvenes, por pobreza crónica, apagones energéticos y falta de empleo. El Parlamento avanzó con un proceso de destitución por “incapacidad moral y política”. El Ejército intervino inmediatamente después de la votación alegando “vacío de poder y riesgo para la estabilidad nacional”.
Este episodio tiene antecedentes directos:
El golpe en Madagascar se suma a una ola reciente de intervenciones militares en África. Desde 2020 hubo quiebres del orden constitucional en Níger, Gabón, Guinea, Mali y Burkina Faso. Aunque cada caso tiene particularidades, los analistas coinciden en factores comunes: crisis económicas profundas, erosión de legitimidad política y descontento social sostenido.
La importancia geopolítica de Madagascar no es menor: su ubicación en el Océano Índico lo convierte en punto estratégico para rutas marítimas y comercio global, además de contener recursos naturales clave para exportación.
La situación evoluciona hora a hora y mantiene en alerta a organismos regionales y observadores internacionales.
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