El Reino Unido avanza con un ambicioso plan de obras de infraestructura en las Islas Malvinas, centrado en el reemplazo del histórico FIPASS y la construcción de un nuevo puerto en Puerto Argentino (Stanley). Bajo el argumento de “modernización logística”, el proyecto consolida una infraestructura de uso dual (civil y militar) que amplía la capacidad de sostenimiento británica en el Atlántico Sur y fortalece su proyección hacia la Antártida.
El proyecto, aprobado por el Executive Council (ExCo) en 2025, forma parte de una estrategia integral que combina obras portuarias, energéticas y de defensa. Según los documentos oficiales del gobierno isleño, el reemplazo del FIPASS —una estructura flotante instalada hace más de cuatro décadas— demandará una inversión estimada de entre 100 y 120 millones de libras esterlinas, con la empresa Harland & Wolff como contratista principal.

Un nuevo puerto para sostener la presencia británica
La decisión del ExCo habilitó dos fases paralelas: por un lado, las negociaciones con la empresa constructora para el desarrollo del frente marítimo del puerto; por otro, la licitación de la nueva vía de acceso y el dique de conexión (causeway), que se construirá al oeste del actual acceso. El nuevo complejo —también flotante— deberá estar operativo antes de 2027, cuando el FIPASS llegue al final de su vida útil.
El legislador Mark Pollard, responsable de los servicios comerciales, declaró que el puerto y la central eléctrica son “las prioridades más altas” de la Asamblea local, afirmando que “son vitales para el futuro económico” de las islas. Pero detrás de esa narrativa económica, el proyecto también responde a objetivos de seguridad estratégica: el puerto ofrecerá mejores condiciones para el abastecimiento de buques de patrulla, unidades logísticas y aeronaves del Reino Unido, además de optimizar el flujo de materiales, víveres y personal hacia las instalaciones militares de Monte Agradable (Mount Pleasant).
Este esquema refuerza la integración entre las áreas civiles y militares, permitiendo a Londres utilizar infraestructura ostensiblemente “comercial” para sostener operaciones de carácter defensivo o de proyección regional.

Modernización integral: del puerto a los radares
El nuevo puerto forma parte de un programa de modernización a 10 años impulsado por el Defence Infrastructure Organisation (DIO), dependiente del Ministerio de Defensa británico. En su informe de diciembre de 2024, la entidad describió que las obras en curso incluyen una nueva central eléctrica, un sistema de radar terrestre, mejoras en el hangar principal para los aviones A400M de patrulla marítima, y la refacción de pistas de aterrizaje y redes de abastecimiento.

El propio DIO reconoce que las mejoras apuntan a “mantener la capacidad operativa de los activos aéreos, marítimos y terrestres desplegados” en el territorio. Aunque parte del plan contempla infraestructura civil —como escuelas, plantas de tratamiento de agua y espacios deportivos—, todas las obras son diseñadas bajo una lógica dual-use, es decir, con potencial para servir tanto a la población isleña como a las fuerzas militares del Reino Unido.
En los hechos, esta estrategia extiende la frontera logística británica hacia el Atlántico Sur y la Antártida, garantizando un punto de apoyo permanente para operaciones científicas, patrullas navales y misiones de vigilancia sobre las rutas bioceánicas.
Proyección antártica y control del Atlántico Sur
El nuevo puerto no solo reemplazará una estructura obsoleta: se convertirá en el centro logístico de mayor capacidad al sur del paralelo 50°. Su cercanía con las rutas antárticas lo posiciona como nodo clave para el reabastecimiento de buques científicos y, eventualmente, para operaciones del British Antarctic Survey o de la Royal Navy.

El Reino Unido busca con ello asegurar autonomía operativa frente al crecimiento de la actividad antártica de otros países —como Chile, Argentina o China—, que en los últimos años expandieron su presencia científica y logística en el continente blanco. Desde el punto de vista estratégico, las obras británicas consolidan una arquitectura de infraestructura destinada a mantener el control de la puerta de entrada al Atlántico Sur y reforzar la proyección de poder sobre un espacio de alto valor geopolítico y energético.
Si bien Londres sostiene que las obras responden a necesidades locales y climáticas, el contexto estratégico sugiere lo contrario: una inversión coordinada para asegurar capacidad de respuesta inmediata ante eventuales contingencias en el Atlántico Sur, además de garantizar el control logístico de las rutas hacia la Antártida.
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