El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó formalmente al Congreso que su gobierno considera que el país se encuentra en un conflicto armado contra los carteles del narcotráfico, a los que ya había designado como organizaciones terroristas. Según informó The New York Times, el mandatario sostuvo que los presuntos contrabandistas abatidos recientemente en el Caribe deben ser clasificados como “combatientes ilegales” bajo el derecho internacional.
El aviso confidencial fue enviado esta semana a varios comités del Congreso, donde la Casa Blanca buscó dar sustento jurídico a los tres ataques militares ordenados en septiembre contra embarcaciones en el mar Caribe, en los que murieron 17 personas. El texto asegura que estas operaciones no deben considerarse homicidios, sino acciones lícitas de un país en guerra contra actores armados no estatales.
Legalidad en cuestión
Para especialistas en derecho internacional, la decisión de Trump cruza un límite legal significativo. Geoffrey S. Corn, exasesor principal del Ejército en materia de derecho de guerra, advirtió que los carteles no están involucrados en “hostilidades” contra Estados Unidos, requisito básico para la definición de conflicto armado. “Esto no es estirar los márgenes de la ley, es destrozarlos”, afirmó.
Corn recordó que el derecho internacional prohíbe al Ejército atacar deliberadamente a civiles que no participen directamente en hostilidades, incluso si son sospechosos de delitos. Desde su perspectiva, calificar a narcotraficantes como combatientes ilegales constituye un abuso del marco jurídico de la guerra.
Argumentos de la Casa Blanca e implicancias
El gobierno estadounidense sostiene que la campaña responde a una amenaza nacional: las 100.000 muertes anuales por sobredosis en territorio estadounidense. Según la administración, los ataques contra barcos dedicados al contrabando forman parte de una estrategia de defensa preventiva, ya que las embarcaciones estarían vinculadas a carteles considerados terroristas.
Sin embargo, expertos en narcotráfico señalan que la crisis del fentanilo que golpea a Estados Unidos proviene mayormente de México, no de Sudamérica. Aun así, los blancos principales de las operaciones militares recientes fueron embarcaciones venezolanas, lo que abre interrogantes sobre el criterio geopolítico detrás de la campaña militar.
Además, al caracterizar oficialmente la lucha contra el narcotráfico como un “conflicto armado no internacional”, la administración Trump busca habilitar un marco legal que le permita desplegar poderes de tiempo de guerra. Entre ellos, la posibilidad de ejecutar ataques letales preventivos, detener sospechosos de manera indefinida sin juicio y someterlos a tribunales militares.
El aviso al Congreso, aunque de carácter no clasificado, marca un paso más hacia la militarización de la política antidrogas, con posibles consecuencias en el ámbito regional. La aplicación de este criterio podría justificar operaciones en aguas internacionales y hasta en territorios de países asociados, bajo el argumento de combatir a grupos criminales transnacionales.
Reacciones y críticas
La decisión ha generado fuertes críticas en ámbitos jurídicos y políticos. Para muchos analistas, se trata de un precedente peligroso, que diluye la frontera entre operaciones policiales y conflictos armados, y que podría abrir la puerta a acciones unilaterales en América Latina. El hecho de que las operaciones se concentren en barcos venezolanos también alimenta sospechas sobre la utilización de la política antidrogas como herramienta de presión geopolítica.
Mientras la Casa Blanca no ha respondido a las consultas de la prensa, legisladores opositores y especialistas en derecho internacional alertan sobre el riesgo de que Estados Unidos exporte la lógica de la “guerra contra el terror” al ámbito del narcotráfico, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad regional.
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