El gobierno de Taiwán acusó el miércoles a China de intentar construir un “marco legal” que respalde una eventual acción militar contra la isla, luego de que Pekín publicara un documento reafirmando su principio de una sola China y citando la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU como sustento jurídico.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taipéi sostuvo que la interpretación china de la resolución es un intento deliberado de “engañar a la comunidad internacional” y de modificar el statu quo en el Estrecho de Taiwán. “Sólo el gobierno democráticamente electo de Taiwán puede representar a sus 23 millones de habitantes en el sistema de Naciones Unidas”, señaló la cartera, enfatizando que la resolución no menciona en ningún momento a Taiwán.
La disputa por la interpretación de la Resolución 2758
Adoptada en 1971, la resolución reconoció a la República Popular China como el único representante legítimo de China en la ONU, desplazando al gobierno de Taipéi. Pekín sostiene ahora que dicho texto “encarna plenamente” el principio de una sola China, excluyendo la posibilidad de reconocer a Taiwán como un actor separado en la arena internacional.
En su documento, China afirmó que “no existen dos Chinas ni una fórmula de ‘una China, un Taiwán’” y que, por lo tanto, el gobierno de Pekín ejerce soberanía plena sobre la isla en las relaciones internacionales. Para Taiwán, esta interpretación amplía de manera unilateral el alcance de una resolución que nunca abordó expresamente el estatus de la isla, buscando sentar precedentes jurídicos para una futura agresión.
Escalada discursiva y riesgos estratégicos
El cruce diplomático se da en un contexto de alta tensión militar en el Estrecho de Taiwán, con maniobras navales y aéreas chinas cada vez más frecuentes en las inmediaciones de la isla. Desde Taipéi, se interpreta la estrategia china como un esfuerzo por legitimar internacionalmente posibles operaciones militares futuras, amparándose en una narrativa histórica que sitúa la cuestión de Taiwán como “resuelta” en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial.

China, por su parte, insiste en que el tema es un asunto interno y acusa a políticos occidentales de difundir “falsos relatos” que socavan su soberanía. Pekín considera a Taiwán una provincia separatista que debe volver al control del continente, mientras que la isla sostiene su autonomía y sistema democrático desde 1949.
Repercusiones en la comunidad internacional
La controversia sobre la Resolución 2758 no es nueva, pero su uso como argumento para legitimar una eventual acción militar representa un giro relevante en la estrategia diplomática china. Para expertos en derecho internacional, la insistencia en reinterpretar un texto de hace más de medio siglo busca crear las condiciones políticas para desalentar el apoyo internacional a Taiwán y reforzar el aislamiento de la isla en foros multilaterales.

Este episodio se suma a la creciente polarización entre China y Occidente en torno a la seguridad del Indo-Pacífico. Washington y sus aliados han advertido que cualquier intento de modificar por la fuerza el estatus de Taiwán tendrá consecuencias severas. Sin embargo, la batalla legal y narrativa sobre el significado de la Resolución 2758 muestra que la disputa no se libra sólo en el mar o en el aire, sino también en el terreno del derecho internacional y la diplomacia.
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