De manera poco habitual para la diplomacia, el presidente chileno Gabriel Boric anunció en Nueva York la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, que también pelea su puesto con el argentino Rafael Grossi. Boric, sin haber socializado previamente la decisión con el Congreso, buscó instalar a la exmandataria en el centro de la escena internacional, aunque su estrategia generó críticas internas (especialmente porque el anuncio coincidió con declaraciones del presidente chileno contra Trump y Estados Unidos).
Este diseño del gobierno chileno difiere del que había preparado la propia Bachelet, quien ya en julio había anticipado a su círculo cercano que competiría por el cargo. Ahora, la embajadora de Chile en la ONU, Paula Narváez, y el senador José Miguel Insulza trabajan para consolidar apoyos transversales en el arco político chileno, en un intento de blindar la candidatura frente a las tensiones internas y las resistencias externas.
En paralelo, Argentina impulsa la figura de Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), de la misma manera que Bachelet en Chile. Diplomático de carrera y con una trayectoria consolidada dentro del sistema de Naciones Unidas, Grossi ha ganado visibilidad internacional por su rol en la supervisión de la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, ocupada por fuerzas rusas desde el año 2022. Bajo su liderazgo, el OIEA mantuvo presencia constante en la planta, evitando una catástrofe nuclear en medio del conflicto.
Grossi anunció en marzo de 2025 su intención de postularse a la Secretaría General de la ONU, cuya vacante se abrirá en 2026. Su candidatura se apoya en un perfil técnico, con experiencia en gestión de crisis globales y un discurso que combina la agenda de seguridad nuclear con la lucha contra el cambio climático. Para Argentina, su postulación representa una oportunidad de proyectar liderazgo en un escenario donde América Latina busca mayor protagonismo.
El proceso de selección es meticuloso y requiere un alto grado de eficiencia, competencia e integridad por parte de los candidatos, además de un firme compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Por ahora, la contienda entre Bachelet y Grossi es clara, y no solo refleja la ambición de Chile y Argentina por ocupar el máximo cargo de la ONU, sino también la compleja trama de lobbies diplomáticos, vetos cruzados y equilibrios geopolíticos.
La candidatura de Bachelet se apoya en su trayectoria como presidenta de Chile, directora de ONU Mujeres y Alta Comisionada de Derechos Humanos, además de la narrativa de que “ya es hora de que una mujer lidere la ONU”. Sin embargo, enfrenta el desafío de superar resistencias internas en Chile y de garantizar que Washington no bloquee su nominación.
Grossi, por su parte, aparece como el único candidato masculino en una lista dominada por mujeres, pero su perfil técnico y su experiencia en organismos multilaterales lo convierten en un contendiente de peso. Su desafío será construir apoyos más allá de la región y evitar que su candidatura quede atrapada en la lógica de rivalidad con Chile.
Si bien la sucesión de António Guterres recién se definirá en 2027, la carrera ya comenzó. Y en este escenario, todo indica que Chile y Argentina podrían protagonizar un inédito mano a mano sudamericano por la Secretaría General de Naciones Unidas. La pregunta es si la región logrará capitalizar esta oportunidad como un bloque o si, por el contrario, la competencia entre Bachelet y Grossi terminará fragmentando los apoyos latinoamericanos.
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