En medio de una escalada de tensiones entre Caracas y Washington, Nicolás Maduro habría propuesto a la administración de Donald Trump colaborar en la captura de los líderes del cártel Tren de Aragua, una organización criminal nacida en Venezuela y hoy expandida a gran parte del continente americano. La oferta se enmarca en un contexto donde Estados Unidos incrementó operaciones militares en el Caribe contra el narcotráfico y mantiene una política de máxima presión sobre el régimen venezolano.
Una propuesta en busca de diálogo
De acuerdo con fuentes citadas por Bloomberg, Maduro presentó la iniciativa a través del enviado especial estadounidense Ric Grenell a principios de septiembre. Junto con la propuesta, habría enviado una carta personal a Trump instándolo a entablar un diálogo directo para aliviar las tensiones bilaterales. En la misiva, el mandatario venezolano negó que su país sea un proveedor significativo de drogas hacia Estados Unidos y llamó a “promover la paz mediante un entendimiento mutuo en el hemisferio”.

El Ministerio de Información de Venezuela y el propio Grenell evitaron comentarios públicos sobre el tema. Sin embargo, Grenell reconoció esta semana en declaraciones a CBS News que mantiene contactos con el equipo de Maduro.
Desde la Casa Blanca, la respuesta fue tajante: un funcionario estadounidense aseguró que “el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, sino un cártel narcoterrorista”, reiterando que la política oficial es de “máxima presión” y descartando cualquier negociación que beneficie al líder bolivariano.
El Tren de Aragua: expansión criminal transnacional
El Tren de Aragua ha pasado de ser una estructura delictiva de origen penitenciario en Venezuela a una red criminal transnacional con presencia en al menos diez países, desde Canadá hasta Chile. Su actividad abarca narcotráfico, trata de personas, armas, explotación sexual, minería ilegal, extorsiones y secuestros.
Algunos de sus líderes más buscados se encuentran fuera de Venezuela, lo que aumenta la complejidad de su persecución. En 2024, por ejemplo, fue detenido en España el hermano de Héctor “Niño” Guerrero, considerado uno de los jefes principales de la organización.

La posibilidad de cooperación planteada por Maduro enfrenta un obstáculo jurídico de peso: la constitución venezolana prohíbe la extradición de sus propios ciudadanos, lo que limitaría cualquier acción directa de entrega a Estados Unidos.
El factor Trump y la presión militar estadounidense
La ofensiva de Trump contra el Tren de Aragua se intensificó en los últimos meses. En marzo, su administración ordenó la detención y deportación de cientos de presuntos miembros del cártel residentes en Estados Unidos, que fueron enviados a centros penitenciarios en El Salvador.
Paralelamente, Washington desplegó tropas y unidades navales en el Caribe en el marco de una campaña antinarcóticos. Al menos 14 personas murieron en recientes operaciones contra embarcaciones señaladas por tráfico de drogas desde Venezuela. Estas acciones se inscriben en la estrategia de presentar a Maduro no como un presidente, sino como el jefe de un “cártel narcoterrorista”, según han expresado tanto Trump como el secretario de Estado Marco Rubio.

Tensiones y pragmatismo
Pese al endurecimiento del discurso y las operaciones militares, Maduro ha mostrado cierta flexibilidad en cuestiones prácticas. El gobierno venezolano mantiene la recepción de vuelos de deportación de ciudadanos desde Estados Unidos —más de 13.000 desde enero— y aún permite operaciones de Chevron en el sector petrolero bajo licencia especial.
La supuesta oferta de cooperación en la persecución del Tren de Aragua se interpreta como un intento de Maduro de ganar margen político y abrir canales de negociación con Washington, aunque la respuesta inicial de la Casa Blanca indica que, por ahora, el endurecimiento de la política hacia Caracas se mantiene como línea prioritaria.
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