Un grupo de legisladores de la oposición presentará en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que prohíbe la permanencia de tropas extranjeras, la instalación de infraestructura militar y el uso de instalaciones estratégicas argentinas por parte de países que integren alianzas militares con el Reino Unido de Gran Bretaña. La iniciativa también alcanza a aquellos Estados que no reconozcan la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Pero este proyecto de ley, que busca prohíbir el ingreso de tropas extranjeras aliadas del Reino Unido y declarar a las centrales nucleares como infraestructura crítica, da pie a una discusión más amplia: ¿debería Argentina revisar y limitar toda presencia militar extranjera en su territorio? Esta pregunta debe ser realizada, más aún en un contexto de creciente tensión geopolítica. El país tiene la posibilidad de blindar su soberanía territorial, energética y tecnológica, contrario a lo que ya sucede frente a actores globales que operan en Neuquén, Ushuaia y el Atlántico Sur.
Infraestructura crítica y vigilancia satelital: el mapa de enclaves que Argentina debe revisar
Si bien el mencionado proyecto de ley se alínea con el reclamo histórico por la soberanía de las Islas Malvinas, la discusión excede el caso británico. Y es que la discusión sobre el ingreso de tropas y la instalación de bases militares no es abstracta: hoy existen en Argentina al menos dos “enclaves” operativos vinculados a potencias extranjeras que poseen implicancias estratégicas sensibles.
En la actualidad, Argentina alberga instalaciones operativas o de monitoreo vinculadas a potencias globales que no reconocen, o directamente contradicen, los intereses estratégicos nacionales. Por un lado, Neuquén alberga la estación de espacio profundo operada por China bajo administración militar, que ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por su opacidad contractual y su potencial uso dual. Por otro lado, en el Atlántico Sur, la empresa británica especializada en vigilancia satelital, LeoLabs, mantiene vínculos con la defensa del Reino Unido, operando desde territorio argentino en un área de alta sensibilidad geopolítica. Si a ello se suma el proyecto de Base Naval Integrada con apoyo logístico de Estados Unidos en Ushuaia, crece aún más la incertidumbre por esta clase de infraestructuras que no son nacionales y que requieren un alto grado de transparencia, control y accountability para con el Estado argentino.
En torno al radar británico-estadounidense de Leo Labs en Tierra del Fuego, es posible confirmar que el mismo fue instalado en Tolhuin, a solo 700 kilómetros de las Islas Malvinas. Tal tecnología fue presentada como una estación para rastrear basura espacial, pero la empresa firmó en 2024 un contrato con el Ministerio de Defensa británico para desarrollar una constelación de satélites de inteligencia y vigilancia. La cartera de Defensa argentina alertó que el radar puede interceptar datos, comunicaciones y detectar aeronaves, afectando la soberanía nacional; y, aunque se ordenó su desmantelamiento, el equipamiento permanece en suelo fueguino y podría volver a operar.
Por otro lado, sobre la base espacial china en Neuquén, por el momento se conoce que la misma está ubicada en Bajada del Agrio y que fue instalada en 2018 tras acuerdos bilaterales firmados entre 2012 y 2015. Es la única base de China fuera de su territorio y cuenta con una antena de 35 metros para misiones de espacio profundo; el predio fue cedido por 50 años y la CONAE solo accede al 10% del tiempo de uso. Aunque el protocolo adicional firmado en 2016 prohíbe el uso militar, persisten las sospechas sobre su carácter dual, principalmente desde Estados Unidos.
El triángulo amoroso (y geopolítico) de la Argentina
Los múltiples cuestionamientos a la presencia de instalaciones militares extranjeras en territorio argentino no son aislados, y tampoco infundados. En un país que se mantiene una hipótesis de conflicto con el Reino Unido, tecnologías como el radar de Leo Labs en Tierra del Fuego -con capacidad de vigilancia satelital y proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida- reactivan alertas sobre cuestiones de soberanía y de defensa nacional.
Y si bien muchas de estas infraestructuras se presentan bajo acuerdos de cooperación científica o tecnológica, configuran en cierto punto un entramado de intereses externos que puede condicionar la autonomía estratégica nacional. Incluso, podría decirse que Argentina se enfrenta a un “triángulo geopolítico amoroso”, donde se mantiene un alineamiento expreso con Estados Unidos, pero China opera una base espacial en Neuquén y el Reino Unido consolida su ocupación en Malvinas.
La actualidad exige revisar los términos de toda colaboración científica o tecnológica, porque es necesario “blindar” jurídicamente la soberanía territorial y energética. Contrario a lo que se cree, esto no implica cerrar el diálogo internacional, sino redefinirlo bajo parámetros que respondan a los intereses estratégicos del Estado.
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*Imagen de portada de la Base Orcadas en la Antártida utilizada a modo de ilustración.
