Miles de manifestantes salieron a las calles el domingo 21 de septiembre en más de 30 ciudades de Brasil para protestar contra dos proyectos legislativos que, según afirman, amenazan la rendición de cuentas democrática. Estos proyectos son una propuesta de amnistía que podría beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro, condenado recientemente, y una enmienda constitucional (el llamado “Proyecto Blindaje”) que amplía la inmunidad de legisladores ante acusaciones penales.
En este sentido, Bolsonaro fue condenado el 11 de septiembre por la Corte Suprema de Brasil a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
El Proyecto Blindaje, aprobado recientemente en la Cámara de Diputados de mayoría conservadora, requiere que el Congreso autorice —mediante voto secreto— cualquier acusación penal contra diputados y senadores. Críticos advierten que esta medida podría convertirse en una barrera legal para investigaciones judiciales en curso, favorecer la impunidad y debilitar los controles democráticos.
En ciudades como Río de Janeiro, São Paulo, Brasilia y Salvador, la convocatoria congregó a decenas de miles de personas. En Río, la congregación se produjo en la playa de Copacabana, donde artistas se sumaron al reclamo ciudadano. Las consignas centrales fueron “Sin amnistía” y “No al blindaje”.
Por su parte, el presidente Lula da Silva y su gobierno también manifestaron oposición clara a estos proyectos. Lula afirmó que vetaría una ley de amnistía que incluyese indemnidad para Bolsonaro, y consideró que el Blindaje no es un asunto serio del que los legisladores deberían ocuparse.
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