Durante el día de ayer, entró en vigor el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC), marcando un punto de inflexión en la gobernanza de los océanos y planteando un desafío clave para países como Argentina, donde la pesca ilegal constituye un problema económico y ambiental de primer orden.
En este sentido, el pacto prohíbe subsidios a actividades vinculadas con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como aquellos destinados a poblaciones sobreexplotadas o faenas en alta mar sin regulación. De este modo, busca revertir décadas de prácticas que han contribuido a la sobrepesca y a la degradación de ecosistemas marinos. Según la FAO, más de un tercio de las poblaciones de peces del mundo ya están explotadas por encima de niveles sostenibles.
Argentina, que ratificó el acuerdo en julio de 2024, tiene un interés estratégico en su aplicación. El país enfrenta de manera recurrente la presencia de flotas extranjeras en la llamada “milla 201”, fuera de su zona económica exclusiva, donde se concentran operaciones de pesca INDNR, principalmente de origen chino, pero también de España, Corea del Sur y Taiwán. Estas prácticas afectan a los recursos marinos y golpean a comunidades costeras que dependen de la pesca para su subsistencia.
Por su parte, la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, celebró la entrada en vigor del acuerdo al destacar que “demuestra cómo el comercio puede estar al servicio de las personas y del planeta”. Para garantizar su cumplimiento, se creó un Fondo de Pesca con aportes iniciales de más de 18 millones de dólares, destinado a apoyar a los países en desarrollo en la adaptación de sus políticas y en el fortalecimiento de la gestión sostenible.
Una oportunidad para Argentina
Especialistas señalan que el impacto del acuerdo dependerá de la capacidad de los Estados de fiscalizar y denunciar prácticas ilegales. En el caso argentino, el nuevo marco internacional podría servir como respaldo diplomático frente a los abusos de flotas extranjeras y como incentivo para mejorar la cooperación regional en materia de patrullaje y control marítimo. De consolidarse, esta herramienta contribuirá a preservar los ecosistemas marinos y a proteger la seguridad alimentaria y el empleo de miles de familias ligadas a la actividad pesquera en el país.
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