En recientes declaraciones, el antiguo comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, confirmó que más de 200.000 palestinos han muerto o resultado heridos en la guerra de Gaza, y que “ni una sola vez” en el transcurso del conflicto las operaciones militares se vieron inhibidas por asesoramiento jurídico. Cabe recordar que Halevi dimitió como jefe de Estado Mayor en marzo luego de ejercer su cargo por los 17 primeros meses de la guerra.
Según su confirmación, más del 10% de los 2,2 millones de habitantes de Gaza han muerto o resultado heridos. La estimación es llamativa, ya que se aproxima a las cifras actuales facilitadas por el Ministerio de Sanidad de Gaza, que el gobierno israelí constantemente desacredita por ser “propaganda de Hamás”.
Pese a todo, las cifras del Ministerio han sido consideradas fiables por los organismos humanitarios internacionales a lo largo de la guerra en curso. Actualmente, la cifra oficial es de 64.718 palestinos muertos en Gaza y 163.859 heridos desde el comienzo de la guerra, el 7 de octubre de 2023.
Una cifra que enciende alarmas
Si bien las estadísticas del ministerio de Gaza no distinguen entre civiles y combatientes, se teme que muchos miles más hayan muerto. Por ejemplo, este viernes se informó del fallecimiento de al menos 40 personas en ataques israelíes, la mayoría en los alrededores de la ciudad de Gaza.
Los datos filtrados de la inteligencia militar israelí sobre víctimas hasta mayo de este año sugerían que más del 80% de los muertos eran civiles. Y en el ataque de Hamás del 7 de octubre, que desencadenó la guerra, murieron unas 1.200 personas, de las cuales 815 eran civiles israelíes y extranjeros.
El rol de los asesores jurídicos: ¿legalidad o legitimación internacional?
Las declaraciones de Halevi fueron contundentes, ya que destacó que la guerra no es para nada “suave” y que nadie “actúa con suavidad”. También sugirió que Israel debería haber adoptado una “línea más dura” en Gaza antes del ataque del 7 de octubre. Pese a todo, insistió en que las FDI actúan dentro de los límites del derecho humanitario internacional, algo usualmente criticado y condenado a nivel internacional.
Esto último ha sido un argumento repetitivo por el gobierno israelí y los diversos funcionarios en los medios de comunicación, afirmando que los abogados militares participan en las decisiones operativas. Sin embargo, Halevi negó que el asesoramiento jurídico haya afectado alguna vez a sus decisiones militares, o a las de sus subordinados inmediatos, en las operaciones militares en Gaza o en Medio Oriente en sí mismo.
“Ni una sola vez me ha restringido nadie. Ni una sola vez. Ni el fiscal general militar Yifat Tomer-Yerushalmi, quien, por cierto, no tiene autoridad para restringirme”, declaró tajante el ex militar. Para muchos, Halevi pareció sugerir que la principal importancia de los abogados militares de Israel es “convencer al mundo exterior de la legalidad de las acciones de las FDI”.
“Hay asesores jurídicos que dicen: Vamos a saber cómo defender esto legalmente en el mundo, y esto es muy importante para el Estado de Israel”, afirmó. De manera similar, Michael Sfard, abogado israelí de derechos humanos, afirmó que las declaraciones de Halevi “confirman que los asesores jurídicos actúan como sellos de goma”. “Los generales los ven como asesores ‘normales’ cuyo consejo se puede adoptar o rechazar, no como abogados profesionales cuyas posiciones jurídicas presentan los límites de lo que está permitido y lo que está prohibido”, subrayó Sfard.
En este contexto, el periódico Haaretz informó el pasado miércoles que el sucesor de Halevi como jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, ignoró el asesoramiento jurídico de Tomer-Yerushalmi, quien habría rechazado el desplazamiento de un millón de residentes de Gaza. Según sus comentarios, esta órden debía posponerse hasta que hubiera instalaciones en el sur de Gaza para recibirlos.
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