Al menos 17 personas murieron en Colombia tras dos ataques casi simultáneos atribuidos a disidencias de las FARC y al Clan del Golfo. El episodio más grave ocurrió en el departamento de Antioquia, donde un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado por un dron cargado con explosivos mientras realizaba una operación de erradicación de cultivos ilícitos. Doce agentes fallecieron en el acto y otros resultaron heridos, en lo que las autoridades calificaron como un acto de terrorismo de alto impacto.
Horas después, en la ciudad de Cali, un vehículo cargado con explosivos detonó frente a la base aérea Marco Fidel Suárez, provocando la muerte de al menos cinco personas e hiriendo a más de 30. El Ministerio de Defensa confirmó que se trató de un ataque con artefactos improvisados, reforzando la hipótesis de un accionar coordinado por parte de grupos armados vinculados al narcotráfico.
La estrategia detrás del uso de drones
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, detalló que el helicóptero policial fue atacado cuando sobrevolaba zonas de cultivos de coca. La utilización de drones con cargas explosivas representa un punto de inflexión en el conflicto colombiano: los carteles y las disidencias guerrilleras están replicando tácticas de guerra híbrida observadas en escenarios como Ucrania, el Sahel africano y Medio Oriente.
De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la explosión generó un incendio a bordo de la aeronave que terminó por precipitarla a tierra. Expertos advierten que este tipo de ataques marcan un salto cualitativo en las capacidades ofensivas de las organizaciones criminales, que ahora disponen de herramientas de bajo costo y difícil detección para golpear a las fuerzas de seguridad.
Responsables y contexto
El presidente Gustavo Petro adjudicó los atentados a facciones disidentes de las FARC que no aceptaron el acuerdo de paz de 2016. En un primer momento había señalado al Clan del Golfo, el cartel más poderoso del país, como responsable de la emboscada aérea en represalia por recientes decomisos de cocaína.
Ambos grupos operan en Antioquia, un territorio clave para la producción y tráfico de estupefacientes. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2023 Colombia alcanzó un récord de 253.000 hectáreas de cultivos de coca, consolidando su posición como principal productor mundial de cocaína.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, denunció que la ciudad volvió a ser blanco del “narco-terrorismo” y ofreció recompensas para capturar a los responsables. Desde el Ministerio de Defensa también se anunciaron incentivos económicos para obtener información que permita anticipar futuros ataques.
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