La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está evaluando la creación de una “Fuerza de Reacción Rápida para Disturbios Civiles Internos”, integrada por unos 600 soldados de la Guardia Nacional en estado de alerta permanente y capaces de desplegarse en menos de una hora desde bases en Alabama y Arizona. De acuerdo con documentos internos obtenidos por The Washington Post, el programa podría entrar en funcionamiento en el año 2027 y se financiaría con el presupuesto anual del Departamento de Defensa.
En este sentido, la propuesta contempla un sistema de transporte que permitiría desplazar a las tropas de manera inmediata hacia ciudades que enfrenten disturbios o protestas, incluso sin la aprobación de los gobernadores estatales. El uso de aviones militares sería la opción más rápida, pero también la más costosa, mientras que el transporte en aerolíneas comerciales reduciría gastos. Según estimaciones del Pentágono, el plan podría costar cientos de millones de dólares, dependiendo del método de despliegue.
Dicho movimiento se enmarca en un patrón reciente de militarización interna por parte de la administración Trump. En junio de 2025, el presidente republicano ordenó el envío de más de 5.000 efectivos de la Guardia Nacional y marines a Los Ángeles para contener protestas contra sus políticas migratorias, lo que desató críticas del gobernador Gavin Newsom y derivó en una demanda que aún se dirime en tribunales. Más recientemente, se desplegaron alrededor de 800 tropas en Washington D. C., bajo la autoridad del Título 32, pese a que las estadísticas oficiales indicaban que la violencia en la capital se encontraba en niveles históricamente bajos.
El plan de Trump suscitó críticas internas
El plan suscitó una ola de críticas entre juristas, gobernadores y organizaciones civiles. Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, advirtió que “enviar tropas armadas para reprimir protestas debería ser un no negociable en cualquier democracia saludable”. Expertos en derecho constitucional alertan que el uso del Título 32 para movilizar fuerzas sin consentimiento estatal erosiona principios de federalismo y podría abrir la puerta a abusos de poder.
Aunque los documentos del Pentágono son todavía predecisionales, la existencia de este debate refleja un cambio de enfoque en la seguridad interna de Estados Unidos. Si el plan se concreta, significaría institucionalizar un mecanismo militar listo para actuar de manera inmediata en territorio nacional, en un contexto político marcado por tensiones sobre el alcance del poder presidencial y el delicado equilibrio entre seguridad y derechos civiles.
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