Crece el uso de puertos chilenos por flota pesquera china denunciada por pesca ilegal en el Atlántico Sur

Un reciente análisis del Círculo de Políticas Ambientales advierte que Chile se ha convertido en el nuevo centro logístico para la flota pesquera de aguas distantes de China, en un giro geopolítico que plantea serias implicancias ambientales, económicas y diplomáticas para Sudamérica. Este cambio ocurre mientras crecen las denuncias por pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina y otras áreas del Atlántico Sur.

La investigación, basada en datos de Skylight y Global Fishing Watch, documenta que hasta 600 embarcaciones chinas operan simultáneamente frente a las costas sudamericanas, subsidiadas con millones de dólares por el gobierno de Pekín. Estas naves han sido vinculadas a múltiples irregularidades: violaciones a derechos laborales, trabajo forzado, violencia física a tripulaciones y capturas ilegales de especies protegidas. Una compleja red de reefers (buques refrigerados) y tanqueros complementa la operación, dificultando la trazabilidad y facilitando el comercio de pescado no regulado.

Del cierre peruano a la apertura chilena

Durante años, puertos como El Callao (Perú) y Montevideo (Uruguay) fueron nodos clave para la flota china. Sin embargo, tras un endurecimiento de los controles peruanos en 2018 por incursiones ilegales, el acceso de estos barcos se redujo drásticamente. La reimposición de regulaciones estrictas en 2024 selló prácticamente su exclusión de Perú. En paralelo, puertos chilenos como Arica e Iquique registraron un aumento inédito: de 0 ingresos en 2023 a 25 en 2024, mientras Perú pasó de 61 a 0.

Este desplazamiento genera una paradoja: Chile, que ha ratificado el Tratado de Alta Mar (BBNJ) y aspira a albergar su Secretaría, ahora facilita el aprovisionamiento, mantenimiento y descarga de una flota señalada por depredar ecosistemas marinos.

Barcos sancionados y antecedentes graves

El informe revela que entre los buques que han recalado en Chile figuran el Fu Yuan Yu 7871 y el Fu Yuan Yu 7872, pertenecientes a armadores sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por pesca ilegal, trabajo forzado y violencia sexual. Estas naves, que en 2021 recibieron más de USD 19 millones en subsidios estatales chinos, fueron detectadas transportando miles de tiburones —incluidas especies protegidas— y practicando aleteo, una actividad prohibida en gran parte del mundo.

La presencia de estas embarcaciones en puertos chilenos impacta directamente en la competitividad de la pesca nacional: mientras los pescadores locales cumplen estrictas regulaciones laborales y ambientales, la flota extranjera opera con costos subsidiados y sin los mismos controles.

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