Un soldado en servicio activo fue arrestado por las autoridades federales de EE.UU. luego de que supuestamente intentara transmitir información clasificada de uno de los principales tanques del Ejército —el M1A2 Abrams— al gobierno de Rusia, a cambio de obtener la ciudadanía de ese país. El detenido, Taylor Adam Lee, de 22 años, se desempeñaba en Fort Bliss, Texas, y contaba con autorización de alto nivel para acceder a datos ultrasecretos.

De acuerdo a la información revelada por el departamento de Justicia, el militar intentó establecer comunicación en línea con individuos que creyó vinculados al Ministerio de Defensa ruso, comenzando en junio de este año. Durante una reunión presencial en julio, Lee habría entregado una tarjeta SD con información técnica sujeta a control de exportación. Posteriormente, depositó lo que aparentaba ser una pieza interna del tanque en un almacén de El Paso, enviando luego un críptico mensaje: “Mission accomplished”.
Como respuesta, el FBI y el Comando de Contrainteligencia del Ejército de EE.UU. calificaron el arresto como una advertencia sobre lo que ocurre cuando miembros del propio Ejército vulneran su juramento. El general de brigada Sean F. Stinchon advirtió que “quienes violan su juramento y se convierten en amenazas internas serán descubiertos y llevados ante la justicia”.

Crece la preocupación por la seguridad interna en el Ejército de EE.UU.
Este caso se suma a una serie de episodios de seguridad comprometida dentro de las fuerzas armadas estadounidenses. Casos previos, como el del exmiembro de la Guardia Nacional Aérea, Jack Teixeira, condenado por filtrar documentos clasificados sobre la guerra en Ucrania, aumentaron la alerta interna.
En este sentido, las autoridades coinciden en que existe un creciente “espionaje virtual” y una vigilancia constante sobre posibles fugas deliberadas de información sensible en Estados Unidos. Por lo pronto, Lee enfrenta acusaciones formales por intento de transmisión de información de defensa nacional y por tentativa de exportar datos técnicos controlados sin autorización. Si es condenado, podría enfrentar penas más severas, que incluyen cadena perpetua.
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