El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un arancel del 50 % a productos de Brasil, otro del mismo nivel sobre ciertos productos de cobre, la eliminación de la exención de minimis y la promesa de nuevos marcos de negociación comercial. La medida contra Brasil eleva un arancel previo del 10 % al 50 %, argumentando que el juicio contra el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, representa “graves abusos a los derechos humanos” y socava el Estado de derecho.
Sin embargo, la orden incluye una serie de exenciones a productos como aeronaves Embraer, jugo de naranja, petróleo, carbón, minerales y ciertos fertilizantes no entran en el nuevo arancel, lo que mitiga parcialmente el impacto económico total sobre las exportaciones brasileñas.
En paralelo, Trump impuso un arancel del 50 % sobre productos semiacabados de cobre—tuberías, cables, láminas—excluyendo el cobre refinado esencial para la manufactura, sostenido con base en una investigación bajo la Sección 232 por razones de seguridad nacional. La medida busca fortalecer la industria cuprífera estadounidense y reducir la dependencia de importaciones, especialmente desde Chile, su principal proveedor.
Luego del anuncio de estas medidas, los mercados reaccionaron con volatilidad. Los futuros del cobre en Nueva York cayeron entre un 19 % y 20 % y el movimiento generó incertidumbre sobre precios de productos electrónicos, automóviles y maquinaria industrial que utilizan este metal estratégico.
EE.UU. no descarta nuevos acuerdos comerciales con otros países
Trump también puso fin al beneficio fiscal conocido como “exención de minimis”, que permitía la entrada libre de impuestos de paquetes valorados hasta 800 USD. A partir del 29 de agosto, esta exención será eliminada globalmente, con excepción de ciertos regalos o compras personales menores. Se trata de un golpe directo a gigantes del comercio móvil como Shein y Temu, y de gran impacto para el consumidor final estadounidense.
La Casa Blanca añadió que se están explorando nuevos acuerdos comerciales, incluyendo tratados con Pakistán—posiblemente ligados a explotación petrolera—y se anunció un próximo encuentro con delegados de Corea del Sur, sugiriendo un giro hacia negociaciones bilaterales tras la agresiva guerra arancelaria.
Por todo o nada, Trump también impuso sanciones a un juez de Brasil que preside el juicio contra Bolsonaro
En paralelo, el mandatario republicano impuso sanciones al juez brasileño Alexandre de Moraes, generando una fuerte reacción en Brasil, donde aliados del presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciaron la medida como un “ataque directo a la democracia”. El Departamento del Tesoro de EE. UU., bajo la administración Trump, acusó a Moraes de liderar una campaña represiva contra Jair Bolsonaro y sus seguidores, a quienes se investiga por su rol en los disturbios del 8 de enero de 2023. Moraes, ampliamente reconocido por su papel en la defensa del orden democrático tras el intento de golpe de Estado de 2022, preside actualmente el juicio contra Bolsonaro, quien enfrenta hasta 43 años de prisión.
Las sanciones fueron celebradas por la familia Bolsonaro, especialmente por su hijo Eduardo, quien viene promoviendo la causa en EE. UU. Sin embargo, la respuesta en Brasil fue transversal, figuras del oficialismo como José Guimarães y Gleisi Hoffmann, hasta conservadores como João Amoêdo y Eduardo Leite, rechazaron lo que consideraron una injerencia extranjera en el sistema judicial brasileño. El gobierno de Lula expresó su “total repudio” a la medida, calificándola de arrogante y peligrosa para la soberanía del país.
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